Los diputados locales, Carlos Reyes Torres y Crescencio Reyes Torres interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), en contra de la disposición de haber sido llamados por la Comisión de Ética y Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD para comparecer y explicar el sentido de su voto en favor de la designación del fiscal Javier Olea Peláez; no obstante, el órgano jurisdiccional rechazó el alegato y lo envió a la Comisión Nacional Jurisdiccional del CEN perredista.

El pasado 15 de febrero, los hermanos Reyes Torres, integrantes de la corriente Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), interpusieron ante el órgano jurisdiccional una solicitud de juicio para la protección de sus derechos políticos electorales y en contra del llamado de la Comisión Especial de la dirigencia nacional del PRD en el que solicitaban que el Trife atrajera su queja por la vía per saltum; es decir, sin pasar por órganos internos del partido.

Sin embargo, en la Sentencia SUP-JDC-340-2016 que promovió el magistrado Salvador Olimpo Nava, en la Sala Superior del Trife, declaró que era improcedente que el tribunal tuviera conocimiento de la queja de Carlos Reyes; presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, y de su hermano Crescencio Reyes, ex alcalde del municipio de La Unión en la Costa Grande.

En los puntos resolutivos de la sentencia, la demanda contra el llamado a comparecer fue reencauzado a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD que tendrá que conocer en una primera instancia la inconformidad de los diputados.

Los hermanos Reyes Torres fueron dos de los diputados que fungieron como aliados de facto del PRI en la designación de su propuesta a fiscal General del estado, Javier Olea Peláez.

Los otros diputados perredistas que avalaron la propuesta fueron; Raymundo García Gutiérrez, Erika Alcaraz Sosa, Fidel Ernesto González Pérez, Rosa Coral Mendoza Falcón, Silvia Romero Suárez, y Eloísa Hernández Valle.

El pasado 8 de febrero la Comisión de Vigilancia y Ética de la dirigencia nacional del PRD emitió un acuerdo con el que llamaba a comparecer a todos los diputados locales de este partido para que aclararan el sentido de su voto en el proceso de la designación del fiscal y en los casos particulares el desacato del lineamiento nacional.