Chilpancingo.- Para el Colegio de Abogados de Chilpancingo, la designación de Paulino Jaimes Bernardino como magistrado del Poder Judicial constituye “un episodio vergonzoso para la frágil y muy cuestionada impartición de justicia en el estado”.

A través de un comunicado, el presidente del órgano colegiado, Rubén Cayetano García, manifestó que es reprobable la decisión de los diputados del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PVEM y el PAN, quienes avalaron el nombramiento de Jaimes Bernardino, pese a sus vínculos directos con el tricolor y a que no cuenta con carrera judicial.

Además, el ahora magistrado se venía desempeñando como asesor de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero y coordinadora parlamentaria del PRI, Flor Añorve Ocampo, señalada de ejercer de manera irregular el presupuesto del Poder Legislativo.

Cayetano García expresó que el actuar de los diputados que respaldaron la llegada de Paulino Jaimes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue irresponsable, pues omitieron los antecedentes “negativos” que con oportunidad advirtieron jueces, colegios y barras de abogados.

Además, dijo que se exhibe “la necedad” del PRI por hacerlo magistrado “a como diera lugar”, y recordó que en noviembre de 2014 Jaimes Bernardino fue destituido del cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), tras confirmarse que fungió como secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de ese partido en Taxco.

El presidente del Colegio de Abogados afirmó que con esa actitud los legisladores supeditaron los principios de la impartición de justicia a los “ambiciosos” intereses políticos.

Consideró también que son insuficientes los argumentos de defensa que presentó en tribuna el diputado Héctor Vicario Castejón, quien justificó los méritos del ahora magistrado con una especialidad en Derecho Penal, “lo que a la fecha ya no es un atributo porque el derecho penal ha sido reformado con un nuevo sistema acusatorio, máxime que aún no está certificado”.

“No se trata de un asunto curricular sino de capacidad y de experiencia de las que carece el recién nombrado porque su quehacer no es en el ámbito jurisdiccional civil, penal o familiar, materias que imparte el Tribunal Superior de Justicia y más bien se ha dedicado al ámbito electoral, por lo que no sólo se pone en duda la calidad de justicia que impartiría, sino que se confirma absolutamente la no idoneidad para el cargo”.