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Esta es la jueza que libró a Peña de declarar en caso Lozoya

La jueza federal Luz María Ortega Tlapa ha estado envuelta en casos polémicos.

Por Redacción, 2019-07-09 14:52

México. Notimex.- Luz María Ortega Tlapa, jueza federal que rechazó citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el caso de Agro Nitrogenados por el que Emilio Lozoya enfrenta una orden de aprehensión, ha estado envuelta en casos polémicos.

Ortega Tlalpa, licenciada en Derecho por la UNAM, otorgó en 2014 un amparo para que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no fuera extraditado a Estados Unidos, ante un recurso que interpuso su hermana, Bernarda Guzmán Loera.

De acuerdo a información periodística, la impartidora de justicia otorgó en dicho año esa protección provisional “contra actos privativos de libertad, incomunicación, tortura, deportación o extradición” contra el líder del Cártel de Sinaloa.

La juez del Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México también concedió en mayo pasado una suspensión definitiva a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, con lo que frenó su detención en México.

Sin embargo, el empresario fue detenido en Texas, Estados Unidos, y la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En otro caso, en enero de 2018 Ortega Tlapa determinó que el aseguramiento de la empresa Prosport & Healt, Image, propiedad del futbolista Rafael Márquez, fue ilegal.

El futbolista fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntos vínculos con el delito de lavado de dinero..

La jueza, quien tiene una maestría en Derecho por la UNAM y ha sido docente en el Colegio Maestro Isaac Ochoterena, y las universidades Insurgentes y Tecnológica de México, recibió críticas en redes sociales, a raíz de su actuación en estos casos.

Apenas el 27 de mayo pasado, aceptó el amparo que presentó Emilio Lozoya, contra cualquier orden de aprehensión y un día después suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión.

Y el 4 de junio otorgó una suspensión definitiva para evitar la captura del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque lo emplazó a presentarse a una audiencia sobre los presuntos actos de corrupción por la supuesta compra irregular de una planta industrial.

Recientemente, la jueza publicó una carta aclaratoria a una columna periodística en la que afirma que las resoluciones en los casos de El Chapo Guzmán y el dueño de Ficrea se emitieron conforme a la interpretación y aplicación de la ley y de la jurisprudencia, es decir, conforme a Derecho.

Ortega Tlapa también ha sido abogada postulante en Kably Abogados, S. C.; Ministerio Público Federal, y abogada postulante en un bufete jurídico propio, fue asesora jurídica y ocupa el cargo de jueza de Distrito desde octubre de 2009.

Incluso, el exdiputado y actual secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano , Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja el pasado 5 junio dirigido a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación para que intervenga.

En dicho documento, el exlegislador advierte que ​Ortega Tlapa “pudiera haber incurrido en diversas irregularidades en el ejercicio de su encargo jurisdiccional”.

Ello, luego que diversos medios de comunicación dieron cuenta que “la juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al ex director de Pemex la suspensión provisional contra cualquier mandato de captura en su contra en la demanda registrada con el número 487/2019.”

Tras detallar sus resoluciones en torno al caso Lozoya, advirtió que en un estado democrático, la crítica pública y el escrutinio del poder judicial deben promoverse.

“En el caso de la Jueza Luz María Ortega Tlapa, de manera análoga, en febrero de 2014, la “concedió un amparo para que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no […] [fuera] extraditado a Estados Unidos”, y en consecuencia, permaneciera “al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano”, agrega en su queja .

De igual manera, señala que en julio de 2017, la referida Jueza determinó ilegal la orden de arresto liberada contra “Enrique Horcasitas Manjarrez, responsable del Proyecto Metro durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón.

Ello, luego que el ahora canciller habría defraudado al Gobierno capitalino por 5.3 millones de pesos por la certificación de daños en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la cual permaneció cerrada -al menos en un tramo- luego de que se le detectaran fallas”, indica .

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Subsecretario de Segob defiende a Congreso de BC en caso Ley Bonilla

«(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades», aseveró Ricardo Peralta.

Por Redacción, 2019-07-22 20:55

México.- El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, defendió la facultad del Congreso de Baja California al decidir ampliar de dos a cinco años el periodo del gobierno de la entidad, sin pronunciarse a favor o en contra.

Esto, luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, calificara como inconstitucional la decisión del Congreso local.

«No solamente tiene facultades y atribuciones cualquier congreso del País para modificar sus propias leyes, no se califica si está bien o está mal en la ley, simplemente tiene atribuciones», refirió Peralta.

«(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué, ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están», añadió.

Señaló que si dicha reforma está «mal o bien», o es antidemocrática, ello lo definirá en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que este lunes fue presentada una controversia constitucional.

«Desde el punto de vista jurídico, en mi caso opino, en lo personal, insisto, (no) como subsecretario ni como vocería de Gobernación, que el artículo 73 de la Constitución señala cuáles son las atribuciones y las facultades de los Congresos… En este caso, es modificar legislación, puede ser la Constitución local, pueden ser otro tipo de legislaciones… no se califica si está bien, está mal, o si estoy de acuerdo o no, simplemente tienen la atribución de hacerlo», puntualizó.

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Brecha salarial en México, la más injusta de Latinoamérica

Las mujeres deben trabajar 5 días más al mes para ganar igual que un hombre.

Por Redacción, 2019-07-22 20:42

México.- México presenta la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina, por encima de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. De tal suerte, las mujeres tendrían que trabajar  un mes extra al final del año para igualar el salario que recibe un hombre.

El Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno, organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reveló que las condiciones laborales son peores para las mujeres, sobretodo cuando son menores de 30 años.

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, dijo que se presenta mayor desempleo entre las mexicanas, así como mayor carga de trabajo en servicios de cuidado, que no se ve reflejado en su salario.

«Lo que es notorio es que esa brecha salarial sea la peor de América Latina (…). Eso es una vergüenza», enfatizó Hermosillo al presentar los resultados del informe.

Los datos del Observatorio revelan que el 18% de los desempleados en México son mujeres, mientras que el 8% son hombres. Ello significa que el desempleo afecta a más del doble de las féminas.

María Ayala, encargada el área de Investigación y Datos de la organización, explicó que en México, se presenta más del doble de desempleo, «que es la exclusión del derecho al trabajo. (…) Además hay 20 millones de mujeres que no buscan trabajo porque tienen obligaciones que cumplir en sus hogares».

Indicó que la diferencia salarial es de 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. «El salario promedio para las mujeres trabajadoras, con jornada completa, es de 5,029 pesosy un hombre recibe 5,825 pesos», precisó.

Con tal diferencia, las mujeres deben trabajar hasta 35 días para igualar el salario de un hombre.

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Urgen a AMLO a ratificar acuerdo sobre medio ambiente y dd. hh.

Se trata del Acuerdo de Escazú que tienen el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable.

Por Redacción, 2019-07-22 20:29

México.- Expertos de Naciones Unidas de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ratificar el Acuerdo de Escazú “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.

En una carta fechada el 15 de julio, los expertos de la ONU resaltaron que, con la ratificación del acuerdo, aplicable a la región de América Latina y el Caribe, México “reforzará su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos”.

Tras destacar que hasta ahora sólo 16 de 33 países de la región han refrendado el pacto, alertaron sobre la urgencia de la ratificación ante un escenario en el que –subrayaron– “las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres”.

De igual manera, señalaron que el Acuerdo de Escazú “es el primero en su tipo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales”.

Bajo ese panorama, se solicitó al gobierno mexicano detalles de “los pasos y medidas” que se han tomado para adherirse al tratado, así como el “cronograma” y las “medidas (…) para implementar el Acuerdo una vez que sea ratificado”.

En la misiva enviada a López Obrador, los expertos recuerdan que el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y se abrió para firma el 27 de septiembre de 2018”.

El tratado regional “no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable”, recalcan.

Y, con el objetivo “fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable”, puntualizan que el Acuerdo fija obligaciones internacionales para “abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales”.

Además, pretende “proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe, y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables”, y recuerda que los Estados tienen la obligación de “fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable”.

La carta enviada al gobierno de México fue firmada por los presidentes de los Grupos de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, Ahmed Reid; sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas, Elzbieta Karska, y sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y práctica, Meskerem Techane.

El documento fue firmado por 11 relatores especiales: sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar; sobre la cuestión en las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

También lo signaron el relator Baskut Tuncak, sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y derechos peligrosos; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Puras; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre los derechos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intorelarancia, E. Tendayi Achiume, y sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Lëo Heller.

La misiva fue firmada igualmente por tres expertos independientes: sobre la promoción de un orden democrático y equitativo, Livinstone Sewanyana; sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad (sic), Rosa Komfeld-Matte, y sobre los derechos humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.