México. Notimex.- Luz María Ortega Tlapa, jueza federal que rechazó citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el caso de Agro Nitrogenados por el que Emilio Lozoya enfrenta una orden de aprehensión, ha estado envuelta en casos polémicos.

Ortega Tlalpa, licenciada en Derecho por la UNAM, otorgó en 2014 un amparo para que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no fuera extraditado a Estados Unidos, ante un recurso que interpuso su hermana, Bernarda Guzmán Loera.

De acuerdo a información periodística, la impartidora de justicia otorgó en dicho año esa protección provisional “contra actos privativos de libertad, incomunicación, tortura, deportación o extradición” contra el líder del Cártel de Sinaloa.

La juez del Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México también concedió en mayo pasado una suspensión definitiva a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, con lo que frenó su detención en México.

Sin embargo, el empresario fue detenido en Texas, Estados Unidos, y la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En otro caso, en enero de 2018 Ortega Tlapa determinó que el aseguramiento de la empresa Prosport & Healt, Image, propiedad del futbolista Rafael Márquez, fue ilegal.

El futbolista fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntos vínculos con el delito de lavado de dinero..

La jueza, quien tiene una maestría en Derecho por la UNAM y ha sido docente en el Colegio Maestro Isaac Ochoterena, y las universidades Insurgentes y Tecnológica de México, recibió críticas en redes sociales, a raíz de su actuación en estos casos.

Apenas el 27 de mayo pasado, aceptó el amparo que presentó Emilio Lozoya, contra cualquier orden de aprehensión y un día después suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión.

Y el 4 de junio otorgó una suspensión definitiva para evitar la captura del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque lo emplazó a presentarse a una audiencia sobre los presuntos actos de corrupción por la supuesta compra irregular de una planta industrial.

Recientemente, la jueza publicó una carta aclaratoria a una columna periodística en la que afirma que las resoluciones en los casos de El Chapo Guzmán y el dueño de Ficrea se emitieron conforme a la interpretación y aplicación de la ley y de la jurisprudencia, es decir, conforme a Derecho.

Ortega Tlapa también ha sido abogada postulante en Kably Abogados, S. C.; Ministerio Público Federal, y abogada postulante en un bufete jurídico propio, fue asesora jurídica y ocupa el cargo de jueza de Distrito desde octubre de 2009.

Incluso, el exdiputado y actual secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano , Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja el pasado 5 junio dirigido a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación para que intervenga.

En dicho documento, el exlegislador advierte que ​Ortega Tlapa “pudiera haber incurrido en diversas irregularidades en el ejercicio de su encargo jurisdiccional”.

Ello, luego que diversos medios de comunicación dieron cuenta que “la juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al ex director de Pemex la suspensión provisional contra cualquier mandato de captura en su contra en la demanda registrada con el número 487/2019.”

Tras detallar sus resoluciones en torno al caso Lozoya, advirtió que en un estado democrático, la crítica pública y el escrutinio del poder judicial deben promoverse.

“En el caso de la Jueza Luz María Ortega Tlapa, de manera análoga, en febrero de 2014, la “concedió un amparo para que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no […] [fuera] extraditado a Estados Unidos”, y en consecuencia, permaneciera “al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano”, agrega en su queja .

De igual manera, señala que en julio de 2017, la referida Jueza determinó ilegal la orden de arresto liberada contra “Enrique Horcasitas Manjarrez, responsable del Proyecto Metro durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón.

Ello, luego que el ahora canciller habría defraudado al Gobierno capitalino por 5.3 millones de pesos por la certificación de daños en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la cual permaneció cerrada -al menos en un tramo- luego de que se le detectaran fallas”, indica .