México.- A pesar de los avances legislativos y la presión internacional, el combate a la tortura ha sido dejado de lado por las autoridades estatales en materia presupuestal y de recursos humanos.

Desde junio de 2017 se publicó la Ley General contra la Tortura; sin embargo, la mayoría de las entidades siguen sin acatarla.

Por ejemplo, solo 11 estados cuentan con una Fiscalía Especializada, como lo ordena la ley. Otros 10 estados tienen dentro de sus Fiscalía General una unidad para atender ese delito y 11 más no han creado ninguna área especializada.

Según el Observatorio contra la Tortura, estados como Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Baja California, no cuentan con ningún agente del Ministerio Público especializado en indagar ese delito.

San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Colima, Campeche y Baja California Sur cuentan solo con uno, y Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Durango, Nuevo León y Oaxaca tienen dos.

En materia presupuestaria, 22 estados no designaron ni un peso a las fiscalías para el combate a la tortura en 2019, según peticiones de información sistematizadas en la plataforma sintortura.org.

Desde 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, entonces Juan Méndez, advirtió que en México la tortura es sistemática y generalizada, lo que generó una descalificación hacia el especialista por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto.