Ciudad de México.- La nueva Ley de Seguridad Interior (LS), que mañana se discutirá en el Senado de la República, obligará a las entidades a justificar de forma detallada, por qué requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios para combatir al crimen, y además, se deberán comprometer a colaborar para atender los riesgos que reportan. Asimismo, obliga a los estados a cubrir con su presupuesto parte de los gastos que se generen por las acciones de protección que demanden.
La legislación que fue aprobada el jueves pasado en San Lázaro, ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que acusan de que contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y busca regular la labor del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad en las entidades.
El artículo 13 de la LSI indica que, en las peticiones de Declaratoria de Protección, las Legislaturas locales, o el gobernador, deberán presentar al Poder Ejecutivo federal las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una “amenaza” a la Seguridad Interior.
Para ello, los estados tendrán que especificar la “amenaza identificada” y el impacto de la misma, así como el área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas, además de presentar estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar. Las entidades también deberán precisar cuáles son sus áreas de “insuficiencia” operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza y suscribir un compromiso para contribuir a su atención.
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 1 de la LSI establece que las autoridades estatales y municipales colaborarán con la Federación en la tarea de la garantizar la seguridad nacional, en tanto que el artículo 14 señala que se tendrán que precisar las acciones que se requieran de las entidades federativas o municipios y de las fuerzas federales participantes.
“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando, por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica”, precisa la LSI
En otro artículo se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. También se indica, en un segundo artículo transitorio, el reparto de los gastos por las acciones para atender las amenazas a la seguridad de las entidades.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, y en su caso, con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados […] Las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos”, indica.
El pasado viernes, el vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, enfatizó que quien afirme que la Ley de Seguridad Interior implica la militarización del país es “ignorante” de la legislación, ya que afirmó que dicha iniciativa no sólo beneficia a las Fuerzas Armadas para tener un marco legal de acción, sino también a los ciudadanos para conocer cuáles son sus garantías.
“Es bien importante que tengamos la conciencia los mexicanos de que las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo muy importante para colaborar con los gobiernos estatales, necesitan tener garantías en la ley”, dijo el vocero presidencial.
Con información de Reforma
