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Estancado, protocolo para castigar acoso a funcionarias federales

Por Redacción, 2016-05-09 16:20

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa


El hostigamiento sexual contra trabajadoras de CFE –aún impune– desató la necesidad de un mecanismo de protección, pero avanza a paso lento.

Aunque la falta de regulación eficaz para atender el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo deriva en daños graves contra las víctimas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dilatan la elaboración de un protocolo de prevención, atención, sanción y seguimiento de este delito, que sería aplicable en toda la administración pública federal (APF).

En 2015, dos trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche sufrieron acoso sexual por parte de un superior, y revelaron que la empresa productiva del Estado –primera certificada con el Modelo de Equidad del Inmujeres– carece de mecanismos para investigar las denuncias por este delito.

El hostigamiento y acoso sexual están contemplados desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2012, el Comité de la CEDAW recomendó a México garantizar la implementación de un protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en la APF, y adoptar medidas semejantes en el sector privado.

Las trabajadoras de CFE, que –según su denuncia– fueron vejadas sexualmente por parte de un superior, reportaron la situación ante el Órgano Interno de Control (OIC) sin obtener respuesta. Cuando llamaron por teléfono a esta área se percataron de que el número no existía.

Luego de la denuncia en medios, personal de CFE inició interrogatorios a las mujeres, quienes fueron víctimas del hostigamiento y la burla del superior denunciado y de sus propios compañeros.

Durante las indagatorias, las mujeres fueron interrogadas en un ambiente hostil, se dudó de su palabra y no se permitió la entrada a grupos civiles que querían acompañarlas en el proceso.

Como no se llegó a ninguna resolución, el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche (OVSG) –que ha respaldado a las víctimas– solicitó el apoyo del Inmujeres, lo que derivó en que en septiembre de 2015 la SFP iniciara una nueva investigación del caso, la cual sigue en curso.

INDEFENSIÓN E IMPUNIDAD

Para Marta Ferreyra, secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el acoso y el hostigamiento sexual en los centros laborales es una forma con la que los hombres penalizan el hecho de que las mujeres salgan del hogar.

Sin embargo, cuando no existen o fallan los mecanismos o las instancias de regulación para castigar este delito, se genera un proceso de indefensión en la víctima que le impide confiar en las instituciones que deberían prestarle ayuda, lo que a su vez genera impunidad, abundó.

Y cuando se denuncia, la falta de resultados también puede causar daños como la muerte, el acoso persistente, la pérdida del trabajo, depresión y más violencia, explicó Ferreyra.

“Hay una tendencia a promover la denuncia de las mujeres cuando en realidad no hay las garantías para evitar su vulnerabilidad. Hay una exposición tan violenta que son doblemente victimizadas por el atacante y por el procedimiento”, precisó.

En marzo pasado, las trabajadoras de CFE informaron que la empresa del Estado envió al presunto agresor a otra área, pero sin informarles en qué concluyó la investigación.

Magaly Reyes, presidenta del Consejo Social del Inmujeres, declaró que esto no significa que el caso esté cerrado, y recordó que Lorena Cruz, titular del Inmujeres, se comprometió en 2015 a realizar acciones para garantizar justicia a las mujeres de Campeche.

Por eso desde el año pasado –informó Reyes– el instituto trabaja en la elaboración de un protocolo de atención e investigación de casos de hostigamiento y acoso sexual en la APF.

De acuerdo con la consejera social del Inmujeres, se planeó que el documento final fuera presentado el 12 de diciembre de 2015, como parte de la gestión del Sistema Nacional de Igualdad, pero que antes sería revisado por el Consejo Social para agregar observaciones.

No obstante, el protocolo no sólo no se presentó el día acordado, sino que ni siquiera se mostró al Consejo Social del instituto bajo el argumento de que está en revisión de la SFP.

María de la Paz López, directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, señaló que fue en la reunión del Sistema Nacional de Igualdad de diciembre de 2015 que se acordó realizar el protocolo y no antes, y que desde entonces ha habido reuniones con instancias de la APF, pero que la elaboración y presentación del documento quedó a cargo de la SFP.

De acuerdo con López, la SFP empezó a redactar el protocolo a partir de un convenio de colaboración firmado con el Inmujeres apenas el pasado 9 de marzo, acordando que quedaría listo antes de que concluya el primer semestre de este año.

Precisó que el Inmujeres sólo “instruye y promueve” la elaboración del protocolo, tal como señala el programa Proigualdad, pero que su presentación y aplicación recaerá principalmente en la SFP.

No obstante, la estrategia 6.7.4 del Proigualdad obliga “a establecer medidas para erradicar la discriminación y violencia en la APF, entidades federativas y municipios”. Asimismo, el Inmujeres es el encargado de coordinar la estrategia, no de sólo “instruir y promover”, como sostuvo la funcionaria.

Contrario a lo que señalaron el Consejo Social del Inmujeres y el OVSG sobre que el protocolo es consecuencia del caso de la CFE, María de la Paz López acotó que el documento surge como parte de las obligaciones que marca el Proigualdad para el instituto.

Por separado, Comunicación Social de la SFP respondió por escrito que “el Inmujeres es el que está realizando este protocolo, en coordinación con la SFP”, y en una segunda respuesta enviada días después señaló que el documento se está trabajando “coordinadamente desde mediados de 2015; en este momento estamos trabajando en la redacción de dicho Protocolo y se prevé contar con este instrumento a mediados de 2016”.

La SFP detalló que hasta ahora las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública establecen como mecanismo para atender casos de hostigamiento y acoso (no necesariamente sexual), avisar al OIC y que la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigación de la Contraloría Interna, realice las indagaciones y, en un plazo de hasta tres años, imponga sanciones.

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Choferes piden credenciales para no ser acusados de tráfico de migrantes

Una docena de migrantes haitianos fueron abandonados en la carretera por el conductor de un autobús en la comunidad «Viva México», en Tapachula.

Por Redacción, 2019-06-20 11:41

México.- Para evitar que el Gobierno Federal los acuse de traficar personas, choferes y dueños de transporte en Chiapas están evitando transportar a migrantes, situación que ya resienten los extranjeros en la frontera sur del país.

Una docena de migrantes haitianos fueron abandonados en la carretera por el conductor de un autobús, metros antes de llegar al puesto de control migratorio de la comunidad «Viva México», en Tapachula.

Según reportó el noticiero En Punto, de Televisa, hombres, mujeres y niños, maletas en mano, caminaron por la carretera Panamericana donde se toparon con el retén montado por la Marina y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Luego de ser detenidos, los ingresaron a las camionetas llamadas perreras, donde había más migrantes haitianos detenidos. El vehículo iba a su máxima capacidad.

En otra perrera iban migrantes originarios de la India que fueron bajados del transporte público.

En el Aeropuerto de Tapachula, se reforzaron las medidas de seguridad. Ahí fueron detenidas cinco mujeres, dos adultas y tres menores de edad y enviadas a la estación migratoria siglo XXI.

Una familia hondureña vive desde hace 22 días en las banquetas de la calle Cuarta Avenida Poniente, a unos metros, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), donde reciben alimentos de misioneros católicos.

En el albergue Jesús del Buen Pastor, con capacidad para 250 personas, se encuentran más de mil migrantes.

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Así es el Plan de Desarrollo de Centroamérica

Uno de los principales motores económicos del Sur de México, de Guatemala, El Salvador y Honduras son las remesas que envían los migrantes.

Por Redacción, 2019-06-20 10:44

México.- Hoy se reúnen los presidentes de México y de El Salvador en Tapachula, Chiapas, para discutir el plan para el desarrollo del sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Mucho se ha publicado en los medios de prensa sobre este plan de Cepal y de las organizaciones de la ONU. Esta semana en Bruselas tuve la oportunidad de agradecer personalmente a la doctora Alicia Bárcenas, al equipo de Cepal, de la ONU y, por medio del embajador Mauricio Escanero, representante de México ante la Unión Europea, especialmente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por su interés en buscar e implementar soluciones a la triste y miserable realidad del sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Escuchar a los analistas y expertos independientes de cada país porque un proyecto de esta importancia debe considerar no solo las opiniones y sugerencias de gobernantes y de las élites, sino también las de expertos y analistas independientes y, en la medida de lo posible, las de los gobernados. Esto último se puede hacer en buena medida gracias a internet.

El cultivo del café que tradicionalmente ha sido un gran empleador en el sur de México y en el Triángulo Norte, para la abundante mano de obra poco calificada y para los pequeños productores, es hoy fuente de pobreza y genera abundante trabajo infantil debido a que las multinacionales que compran el café para exportarlo a los países desarrollados le pagan a los productores en el 2019, en términos reales,  el 25% de lo que les pagaban en 1983 por cada libra de café.  Es urgente cambiar la ecuación del café en beneficio de todos los países productores.

Es absolutamente inaceptable que la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza digan estar comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el respeto a la ley y a los acuerdos y convenios internacionales cuando cada taza de café que consumen sus presidentes, sus políticos y sus cientos de millones de ciudadanos incrementa la miseria, el  hambre, la desnutrición, el trabajo infantil y la migración forzada debido al modelo de negocio de las multinacionales apoyado por esos gobiernos.

Buena parte de la generación de empleo rural en el Sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala depende de productos agrícolas para la exportación. Los precios pagados por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Noruega, por la gran mayoría de los productos agrícolas que nos compran no guarda ninguna relación con el precio que pagan los consumidores o con su valor real en los países desarrollados. Esto no puede seguir así. Es neocolonial. Es urgente negociar en bloque, unidos con nuestros hermanos brasileños, colombianos, peruanos, argentinos, costarricenses, chilenos, todos afectados por el mismo problema. El G7, la UE, Suiza, Noruega, deciden si nuestros campesinos y sus hijos comen nutritivamente tres veces al día o solo una y mal.

Uno de los principales motores económicos del Sur de México, de Guatemala, El Salvador y Honduras son las remesas que envían los migrantes que abandonaron sus hogares por la grave situación económica y social que hay en los cuatro países.

El impacto de la ayuda al desarrollo (UE, GIZ, US AID,  Swiss AID, CIDA, etc) y de los programas nacionales de desarrollo en la economía  para la casi totalidad de municipios rurales de Guatemala, El Salvador y Honduras es casi insignificante comparado con las remesas. Las remesas son muchísimas veces más importantes que todos los programas de desarrollo, cualquier producto agrícola de exportación y también que cualquiera de los productos industriales para el mercado internacional. Las remesas son ingresos netos para los países sin aparente costo alguno, excepto el costo humano de la separación de sus familiares, la fuga de cerebros y de mano de obra calificada.

Las remesas generan para el Triángulo Norte de Centroamérica ingresos que exceden anualmente los 20 mil millones de dólares por las transferencias de los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños para apoyar a sus familiares y dependientes que aún viven en sus países de origen. Las remesas son 11.8% del PIB en Guatemala, 22% del PIB en El Salvador y 20.3% del PIB en Honduras. A pesar de su gran importancia para las tres economías no existe ningún plan de gran escala en ninguno de los tres países, ni tampoco en México, para aprovechar al máximo su existencia fomentando la calidad del gasto de estas, modelos de ahorro y crédito a tasas internacionales (1% al 3%), pensiones o planes de vivienda popular para quienes reciben y para quienes con gran sacrificio generan las remesas. Una excesiva proporción de las remesas es gasto por consumo en los países recipiendarios y un elevado porcentaje de este son productos importados que no generan valor agregado local o gran cantidad de empleos.

Quienes envían las remesas pagan a un reducido grupo de empresas y a sus socios en los países del Triángulo Norte y en México entre en 7% y el 15% por transferir el apoyo económico a sus familiares. Monto inaceptablemente alto considerando todas las opciones tecnológicas y financieras de transferencia disponibles en la actualidad.

El modelo ‘Hood Robin’ de las transferencias es el opuesto al de Robin Hood, heroico y folclórico personaje que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. El sistema tradicional de transferencia de remesas es uno en el que un grupo reducido de grandes empresarios y empresas de transferencias casi ‘confiscan’ entre el 7% y el 15% de lo que los pobres envían a sus familiares. Este cobro es leonino considerando la tecnología y las otras opciones existentes.

El modelo ‘Hood Robin’ en las remesas le cuesta a quienes las envían, a quienes las reciben y al Triángulo Norte una pérdida de casi 4 millones de dólares diarios en poder de compra, es decir más de mil trescientos millones de dólares anuales. Este monto podría servir para acelerar el crecimiento económico y combatir la pobreza en las regiones rurales de los tres países. Es casi increíble que no exista ningún plan trinacional o tetra-nacional serio para que se reduzcan los altísimos costos de transferencia.

Tres de los más serios problemas en el Sur de México y en los tres países del Triángulo Norte son: la falta de oportunidades estables de empleo, la escases de oportunidades económicas para la clase media baja y especialmente para los más pobres con baja escolaridad y el déficit de oferta habitacional accesible para la clase media, media baja y pobre.

Buena parte de estos tres problemas se puede resolver implementando un plan tri-nacional o tetra-nacional para que un porcentaje de las remesas sirvan para financiar un mega plan de vivienda en los cuatro países que construya por más de un millón de unidades, exceptuando las ciudades que ya están superpobladas. Este plan de vivienda para el Triángulo Norte y el Sur de México arrancaría con no menos de 3 mil millones de dólares generaría centenares de miles de empleos en el interior de los países ya que además del trabajo de la construcción, servicios e infraestructura se crearían miles de PYMES abastecedoras de este sector.

Se debe planear la creación de varias ciudades nuevas de más de 400,000 habitantes cada una.  Es urgente resolver la sobrepoblación y el excesivo tráfico en las capitales de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El plan de vivienda popular con remesas será exitoso solamente si se ofrece a quienes las envían las reducir su costo de transferencia a menos de 1%, si esta oferta está acompañada de un programa muy bien estructurado de crédito hipotecario en dólares a tasas inferiores al 2% para que los migrantes participen en la adquisición de vivienda en los países del Triángulo Norte y el Sur de México y si se utilizan materiales nacionales y contratistas locales para generar empleo masivo. En paralelo, es indispensable crear y ejecutar un plan para que quienes gozan de ingresos y empleos estables (incluyendo los empleados públicos) también puedan beneficiarse de las bajas tasas de interés disponibles en el mercado internacional y puedan participar como compradores en el mega plan de vivienda y generación de empleo del Triángulo Norte y del sur de México.

Un serio problema en el Sur de México y en los países del Triángulo Norte es el crecimiento del grupo de ninis, jóvenes que NI estudian NI trabajan. Se estima que estos pueden sumar más de 2 millones en los tres países del Triángulo Norte y en el Sur de México. Este fenómeno social es una verdadera bomba de tiempo que requiere la atención urgente y conjunta de gobiernos y empresa privada, creando e implementando programas masivos de educación para el trabajo con remuneración, aunque esta sea simbólica (Modelos alemán y suizo).

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Marina Núñez calma los ánimos y ofrece democratización en el Fonca

‘‘El Fonca es nuestra gran veta de escritores, grupos teatrales, músicos y creadores en distintas disciplinas», declaró la titular de la dependencia.

Por Redacción, 2019-06-20 10:06

México.- El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) no desaparece ni se encuentra en proceso de desmantelamiento, ‘‘está asegurado presupuestal y estructuralmente, no sólo en lo que resta del año, sino durante todo el sexenio”, afirma Marina Núñez Bespalova, secretaria ejecutiva de ese organismo público que forma parte de Secretaría de Cultura federal (SC).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria detalla los planes de la SC para ‘‘fortalecer” al Fonca, instancia que, dice, ya pasó por los recortes para adecuarse a la austeridad republicana ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales ‘‘no tocaron lo sustantivo, incluso tuvimos un pequeño incremento”.

Hace unos días, la senadora Jesusa Rodríguez declaró a los medios que las becas que el Estado otorga a los artistas a través de esa figura deberían desaparecer y que los creadores tendrían que buscar recursos en el sector privado.

Núñez responde que ‘‘los creadores no son una casta de privilegiados ni algo vanidoso, hay que quitarnos la idea de que el Fonca ha sido un gasto. No, esto es una inversión en productos culturales, en creadores, en el alma del país, y el Estado tiene esa obligación, pues la cultura es materia primordial en el desarrollo de una nación”.

Adelanta que se construye la estructura administrativa (que no existía) para que el Fonca sea una Dirección General de Estímulos a la Creación, ‘‘eso es fortalecerlo y se van a hacer también nuevas líneas de operación, se va a firmar un nuevo contrato de mandato, nos vamos a cambiar a otra fiduciaria, esto va a implicar nuevas reglas, más a nivel administrativo, pero lo que nos asegura es la no desaparición delos 12 proyectos que el fondo ha venido manejando (Jóvenes Creadores, Sistema Nacional de Creadores, Creadores Eméritos, Creadores Escénicos, México en Escena, etcétera), los cuales se podrán incrementar si se aumenta el presupuesto”.

La secretaria ejecutiva del Fonca añade que, por ejemplo, ‘‘se va a volver a un verdadero esquema de intercambio de residencias artísticas, el cual se fue diluyendo, lo vamos a fortalecer, estamos trabajando con embajadas. Esa convocatoria está temporalmente suspendida hasta no tener un programa más rico que retribuya culturalmente a los países participantes. Además, vamos a sacar dos convocatorias nuevas a fin de año: una dirigida a músicos tradicionales y la otra será un programa específico para grupos y profesionistas que trabajan con públicos infantiles y juveniles. Si vamos a hacer la apuesta de formación de nuevos públicos, de gente sensible desde la primera infancia a las manifestaciones culturales, tenemos que apretar ahí un poquito el tornillo y fijarnos en los profesionales que están haciendo un trabajo inmenso en toda la República y en todas las disciplinas”.

Lo anterior no significa un ‘‘desmantelamiento” de la institución, aclara, ‘‘y qué bueno que me dan la oportunidad de ratificarlo: la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoce que la mayor parte de la oferta cultural que está en carteleras no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país, proviene del Fonca, que no aparezca el logo, no quiere decir que no esté relacionado.

‘‘El Fonca es nuestra gran veta de escritores, grupos teatrales, músicos y creadores en distintas disciplinas; varios archivos fotográficos se han rescatado gracias a proyectos de coinversiones. El valor del Fonca está ahí. Éste es una gran caja de desarrollo cultural, en sentido financiero, queremos reformarlo más a ese nivel, democratizarlo.

‘‘No es posible que a estas alturas dudemos si el Fonca funciona o no. Obviamente ha revolucionado el escenario cultural, pero tiene que ser más inclusivo, abrirse más a los estados. Integrantes del Sistema Nacional de Creadores (SNC) nos han dicho que nos ayudarán y estamos tejiendo una buena red solidaria para que haya opciones y no sea tan difícil ingresar y obtener un apoyo del Fonca, pues una manera de democratizar es abrir la puerta y facilitar que entres”.

Cuando llegó a hacerse cargo del Fonca, luego del desencuentro de la comunidad de becarios hace unos meses con el anterior titular del organismo, el escritor Mario Bellatin, Marina Núñez recibió la encomienda de ‘‘ordenar lo más que se pueda y reforzarlo; jamás se ha hablado de desaparecer el Fonca, lo cual sería un error, al contrario, queremos que dé más porque tiene mucho potencial”.

El optimismo de la funciona-ria también se enfoca en hacer ‘‘de verdad efectivo” el Programa de Retribución Social del fondo, el cual, explica, es ‘‘un instrumento implementado desde 2011 que organiza al año mil 500 actividades culturales en promedio; vamos a incrementarlo”. También se enfocarán en reforzar las donaciones privadas y reglamentarlas, quizá mediante una ley de mecenazgo.

En septiembre, continúa Marina Núñez, se darán a conocer los resultados de las convocatorias de las becas a Jóvenes Creadores yde quienes serán seleccionados para ingresar al SNC. En la primera se recibieron casi 2 mil solicitudes y en la segunda alrededor de mil 600.

‘‘Si seguimos los parámetros de los años anteriores, más o menos se elegirán a poco más de 300 jóvenes becarios y a 500 para el SNC. Se trata de una cifra un poco mayor que el año pasado, y vamos a ver si la incrementamos en 2020 cuando ya se tengan los nuevos parámetros. Este año el presupuesto sigue siendo el mismo, y por supuesto la cifra de becarios debe ser la misma, no habrá reducción”.

La funcionaria solicita a la comunidad cultural ‘‘tener un poco de paciencia, los proyectos que estamos lanzando desde el Fonca se van a ver un poco más adelante, pero es un tren que está ya en marcha; nuestra prioridad son las convocatorias, ajustarlas, hacerlas más transparentes, incluidos los mecanismos de selección; por ejemplo, los jurados ya no los elige nadie, se insaculan en una base de datos de acuerdo con ciertas reglas. El gran reto es no hacer cotos de poder con cada comité evaluador.

Este texto fue tomado de: https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/cultura/a03n1cul?partner=rss

‘‘Vivimos en un país donde las diferencias sociales aún son muy grandes, por eso todavía hay que trabajar en muchos programas sociales de salud, y la cultura siempre acompañará esos programas, los cuales no podrían sobrevivir sin apoyo estatal atrás. El fondo es uno de los mecanismos del Estado que funcionan, hay que fortalecerlo. Hay Fonca para muchos años”, concluye.