México.- Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina y mariguana en la unión americana.

Los hermanos Guzmán López, que se cree residen actualmente en México, son hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, narcotraficante que fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York por su papel como líder del Cartel del Pacífico.

El departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la acusación contra los hijos de Guzmán Loera.

El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo Scott Brown de la Oficina de Campo de Arizona de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas (HSI, por sus siglas en inglés) hicieron el anuncio.

Joaquín Guzmán López, de 34 años, y Ovidio Guzmán López, de 28 años, están acusados ​​formalmente y se piensa que, desde abril de 2008 hasta abril de 2018, conspiraron para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana desde México y otros lugares a Estados Unidos.

Por el momento, el caso está asignado al juez de distrito Rudolph Contreras y es investigado por HSI.

Los abogados litigantes Anthony Aminoff y Anthony Nardozzi de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División Criminal (NDDS, por sus siglas en inglés) están procesando el caso.

México.- El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El juez dio esta resolución al considerar que la misma autorización de la Semarnat reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria.

Según el juez, en el documento de la Semarnat acepta que para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía debería existir tala y poda de la vegetación; desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua; aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos, aunado a la falta de infraestructura vial; así como  daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.

La resolución del juez se dio luego de que el colectivo #NoMásDerroches promovió un juicio de amparo.

El colectivo anunció que con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, luego de que el juez analice si la Autorización de Impacto Ambiental cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege la Constitución.

México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, propone reformas de ley para crear un marco jurídico efectivo que garantice la reparación del daño a menores que sean víctimas de “bullying” y refuerce la protección de los derechos e intereses de los niños en el entorno escolar.

“Tiene como fin adicionar una sección sobre responsabilidad patrimonial del Estado en la Ley General de Educación con seis artículos, y reformar el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, indicó en un comunicado.

En el marco del inicio del ciclo escolar 2019-2020, Delgado Carrillo presentó esta iniciativa de ley ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesiona este miércoles en el Senado de la República.

Se plantea –dijo– que la indemnización cubra la reparación integral de los daños, personales y morales, presentes y futuros, así como que tenga un efecto disuasivo respecto del acoso escolar.

La indemnización, además, será cubierta por la autoridad educativa correspondiente; en caso de instituciones privadas, la autoridad educativa responsable será aquella que otorgó la autorización.

Tendrá conocimiento de la reclamación correspondiente el Tribunal de Justicia Administrativa que ejerza jurisdicción sobre la autoridad educativa competente, ya sea local o federal.

“Si bien esta responsabilidad debe recaer, en primera instancia, en el Estado, por el carácter de servicio público y obligación Estatal de la educación, no importando si es en un entorno escolar de institución pública o privada, queda a salvo el derecho del Estado de cobrar al particular responsable por la indemnización que haya pagado al menor”, sostuvo.

Comentó que la iniciativa tiene su origen en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el amparo directo 35/2014, por el que ordenó pagar 500 mil pesos a un menor que fue sujeto de acoso escolar en una escuela privada del Estado de México, hace cuatro años, el 15 de mayo del año 2015.

Agregó que, derivado de esta sentencia quedó claro que los casos de “bullying” causan daños graves a los menores que lo sufren, en consecuencia, tienen derecho a recibir el pago para la reparación de ese daño.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que “debe existir una legislación que integre todos los deberes de las autoridades, los principios de la protección de los menores y las herramientas para cumplir eficazmente la obligación de mantener un espacio escolar libre de violencia”.

“Aprovechamos esta oportunidad para señalar la necesidad de avanzar en una legislación integral en materia de acoso escolar, como herramienta eficaz para garantizar espacios escolares libres de violencia”, señaló.

Delgado Carrillo explicó que, de acuerdo al estudio de la organización no gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, presentado ante la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) en abril de 2019, los casos de “bullying” en nuestro país afectan a siete de cada 10 estudiantes.

En el estudio se detalla que el 85 por ciento de los casos suceden en la escuela; el 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela; más del 80 por ciento de los actos de “bullying” no son reportados a los maestros.

Además, 60 por ciento de los acosadores o quienes cometen “bullying” tienen al menos un incidente delictivo en la edad adulta, y tres millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso escolar.

El diputado de Morena recordó que, en su momento, se presentó esta iniciativa en conjunto con las legisladoras Lucero Saldaña Pérez y Mariana Gómez del Campo Gurza (entonces senadora), para adecuar la legislación educativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de “bullying” o acoso escolar.

Ésta fue presentada el 14 de agosto de 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se turnó a comisiones del Senado, sin embargo, la propuesta no prosperó y fue declarada como asunto concluido por el Pleno de la Cámara alta, el 3 de noviembre de 2016.

Delgado Carrillo insistió en que, debido a la importancia de la materia, la iniciativa debe ser retomada, para lograr que ante casos de “bullying” se garantice la reparación del daño para los menores afectados.

México.- El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) informó que se registró ante la coordinación de su bancada como el primer candidato a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

“Soy el primer registrado y estamos listos para una competencia abierta, equitativa y democrática al interior de la bancada”, señaló en conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República.

El también presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, indicó que su grupo parlamentario, coordinado con su Comité Ejecutivo Nacional, abrió la convocatoria del 12 al 24 de agosto pasado, para que aquellos diputados interesados en presidir la Mesa Directiva se registren ante la coordinación de la bancada.

“Llevaremos a cabo un procedimiento interno y democrático en el cual se elegirán dos compañeros, una mujer y hombre. Uno presidirá durante los primeros seis meses y una compañera lo hará durante los segundos seis meses”, apuntó.

Preciado Rodríguez aseguró que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y el vicecoordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, se comprometieron a asumir absoluta imparcialidad en el proceso interno y dejarán que sean los diputados federales quienes decidan.

Dijo que buscará los consensos dentro del PAN para que sus compañeros le den la confianza para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Nuestra trayectoria al frente de las cámaras nos avalan; además, los 25 años en el partido me dan el conocimiento, la capacidad y la experiencia para conducir la Cámara de Diputados con objetividad y respetando a las mayorías y minorías”, externó.

El diputado panista explicó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece que para el segundo y tercer año de la Legislatura, la Mesa Directiva de la Cámara baja será rotativa entre las principales fuerzas políticas, en forma decreciente, por lo que este año le corresponde al PAN y para el siguiente al PRI.

Advirtió que sería muy “atropellado y grave” que Morena no respetará la ley y su palabra e intentara imponer la iniciativa de la diputada Dolores Padierna Luna, a fin de conservar la presidencia de la Cámara de Diputados, durante toda la Legislatura.

“Se estaría atropellando la ley, el acuerdo firmado por el coordinador Mario Delgado, que establece que se respetaría el acuerdo de que el PAN presidiría la Mesa Directiva. Sería muy grave que no se respetara la palabra; cuando ésta se prostituye, se prostituye todo”, aseveró.

En declaraciones por separado, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que si Morena conduce nuevamente la Cámara de Diputados “se estaría violentando la legalidad y la política que honra la palabra”.

“La ley se cumple y los acuerdos se acatan. La ley es clara y no da lugar a interpretación y andar intentado cambiar la ley o reinterpretándola, sería atentar contra las instituciones de la República”, subrayó.