Guerrero.- Los alcaldes de Chilapa de Álvarez, Jesús Parra García (PRI), Taxco de Alarcón, Marcos Efrén Parra Gómez (PAN), y de Iguala, Antonio Jaimes Herrera (Morena), se quejaron de que no han podido incrementar el número de policías debido a que no aprueban los exámenes de control y confianza.

Durante su comparecencia de ayer ante diputados de tres comisiones del Congreso local, los alcaldes coincidieron en que son las evaluaciones a los aspirantes lo que ha frenado el crecimiento de las corporaciones municipales y enfrentan un déficit de policías.

El alcalde de Chilapa explicó a los diputados que entre 2017 y 2018 se inscribieron 70 aspirantes a policías, pero sólo uno aprobó las evaluaciones. El municipio tiene 107 policías preventivos, pero son insuficientes.

Iguala necesita 400 policías, pero tiene apenas 64. De acuerdo con el alcalde no han podido incrementar el número de agentes debido a que no aprueban las evaluaciones de control y confianza. En lo que va del año se inscribieron 20 aspirantes, sólo dos aprobaron las evaluaciones y aún permanecen en cursos, “con el riesgo que reprueben”.

Con 108 mil 400 habitantes, Taxco de Alarcón cuenta sólo con 39 policías preventivos. Enfrenta un déficit de 160.

Los policías no son suficientes para dar atención y la situación se agrava pues están desarmados desde 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, explicó el alcalde.

Al igual que Iguala y Chilapa, en Taxco no han logrado incrementar el número de policías debido a las evaluaciones: de 65 aspirantes, sólo cuatro lograron aprobar las evaluaciones.

La comparecencia de los alcaldes ante las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y Asuntos Indígenas y Afromexicanos es para dar cumplimiento a una recomendación enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Iguala.

La recomendación pide al Poder Legislativo analizar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios de la entidad y se tomen las medidas pertinentes para restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad en Guerrero, y que se remitan a la CNDH las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos.