Guerrero. Análisis.– El pasado jueves 27 de mayo alrededor de las 11 horas, policías antimotines del Estado llegaron fuertemente equipados con escudos y toletes, a la autopista del sol, en el punto conocido como el parador del Marqués, para desalojar a familiares y amigos de Francisco Imer Casarrubias. El motivo de la protesta fue para exigir la presentación con vida de Francisco Imer, quien desde el 7 de mayo desapareció, cuando manejaba su taxi a la altura de las comunidades de Buenavista de la Salud y Rincón de la Vía, municipio de Chilpancingo.
Ante la desesperación y falta de información sobre el paradero del taxista, familiares y amigos de la comunidad de Cajeles se organizaron para bloquear los dos carriles de la autopista. Su justo reclamo fue acallado con el repliegue que hicieron los grupos especiales de la policía del Estado, que en menos de 10 minutos sometieron a los manifestantes para liberar por completo la autopista.
En la madrugada del 26 de mayo policías antimotines de la Ciudad de México, replegaron violentamente a un grupo de madres integrantes del Colectivo Chilpancingo, que lideraba Lupita Rodríguez. Desde las cinco de la tarde del 25 de mayo bloquearon la avenida Reforma como medida de presión para hacer visible su reclamo a la titular a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, que no ha dispuesto de tiempo para atender sus planteamientos. Eran 35 personas que ante la desatención de las autoridades del estado, decidieron trasladarse a la Ciudad de México, para exigir una mesa de trabajo con la titular de la CEAV.
Antes de la 12 de la noche apareció un grupo de policías fuertemente equipados con escudos y toletes para arremeter contra las manifestantes, que a empujones fueron replegadas a las banquetas. Las encapsularon con el fin expreso de atemorizarlas y criminalizar su protesta. Convencidas de que su causa era justa pidieron la solidaridad de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes recientemente habían arribado a la Ciudad de México, para realizar su marcha por los 92 meses de la desaparición de sus hijos.
Establecieron comunicación con el compañero Vidulfo y de inmediato se trasladaron a la avenida Reforma. Fueron las madres, los padres y sus abogados quienes hablaron con las autoridades de la Ciudad de México para pedir que la policía se retirara del lugar y evitara usar la fuerza contra las manifestantes.
Los policías se negaban a liberar a las mamás, y más bien su intención era que les fincaran alguna responsabilidad penal. A pesar de que ya se encontraban tres funcionarios de la CEAV, no mostraban disposición para establecer un diálogo directo con las manifestantes que se encontraban encapsuladas. En lugar de pedir a los policías que se retiraran, se mostraban renuentes a atenderlas por haber realizado esta protesta.
La solidaridad de las madres y padres de los 43, en coordinación con el abogado Vidulfo, ayudaron a distender el conflicto. Los policías se negaban a retirarse y el personal de la CEAV no mostraba disposición para programar una cita lo más pronto posible con la titular de la institución. Después de dialogar con las autoridades de gobernación de la Ciudad de México, se logró que un grupo de la policía abriera el cerco y se ubicara al otro lado de la avenida. Mientras tanto, otro grupo mantuvo bajo vigilancia a las 35 madres del Colectivo Chilpancingo.
En esas condiciones se elaboró una minuta donde se acordó realizar una reunión a las 9 horas para el día viernes 27 de mayo, garantizando la presencia de la titular de la CEAV. Como segundo acuerdo fue gestionar el acceso a un espacio seguro para que las integrantes del colectivo pudieran permanecer en la Ciudad de México. Fue hasta las 2:05 de la madrugada cuando firmaron la minuta y sólo en ese momento la policía permitió que las madres salieran del lugar.
Ilustramos con estos dos casos recientes el calvario que cotidianamente enfrentan las familias de las personas desaparecidas y sus colectivos, que ante la displicencia de las autoridades, se han organizado para exigir a las instancias competentes que investiguen con celeridad, que realicen búsquedas exhaustivas y que atiendan diligentemente sus demandas. Ellas, además de cargar con el dolor y la pesadumbre de no dar con el paradero de sus seres queridos, tienen que enfrentar la indiferencia de los funcionarios. No les dejan otra alternativa que salir a las avenidas y autopistas para ser escuchadas.
El gobierno del estado sigue distante de las familias y colectivos que luchan por tener una interlocución política para que su clamor pueda encontrar eco en el gobierno federal.
A pesar de las altas expectativas que se forjaron con el triunfo electoral de Evelyn Salgado, han constatado que las puertas del palacio de gobierno siguen cerradas para los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Tienen que continuar luchando cuesta arriba, porque no existen canales institucionales que atiendan con presteza y respeto sus demandas legítimas.
El ambiente que se respira en el estado de Guerrero es de miedo e incertidumbre por el desbordamiento de la violencia y por el incremento de la desaparición de personas, sobre todo, de mujeres jóvenes.
Esta asfixia social está obligando a que la población salga de sus hogares y tome medidas extremas para responder con inmediatez ante los casos de personas desaparecidas. Un ejemplo contundente fue el bloqueo que realizaron los colonos de Acapulco en Paso Limonero y en la caseta de peaje La Venta, para presionar a las autoridades del estado que impulsaran la búsqueda de la estudiante Yoseline, quien había sido desaparecida el 21 de mayo cuando caminaba con su novio rumbo al CECYTEG.
Fue la presión social y el gran impacto que causó en las redes sociales la desaparición de la estudiante, el cerco más efectivo para que los perpetradores liberaran a Yoseline. Fue insuficiente la solicitud que la fiscal general hizo a la madre de Yoseline para que desbloquearan la autopista del sol y tampoco logró su objetivo la gobernadora Evelyn al establecer un diálogo con la familia. La movilización y la presión social están jugando un papel determinante para obligar que las autoridades atiendan con inmediatez estos hechos que la población reprueba y que ya no está dispuesta a continuar en este calvario.
En el marco del primer informe de actividades de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, la gobernadora Evelyn Salgado manifestó con gran optimismo que con la Codehum y los tres órdenes de gobierno, harán que Guerrero sea un estado “santuario de los derechos humanos”. Se comprometió a trabajar de la mano y a brindar todo su apoyo y respaldo “para llegar a buen camino con paz y bienestar”.
Este mensaje contrastó con la protesta que hubo por parte de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), que hicieron público su reclamo a la presidenta de la Codehum, por la demanda que interpuso contra su dirigente Nicolás Chávez.
Al interior del recinto varios grupos de víctimas y de personas vulnerables asistieron al informe, con el fin de solicitar una reunión con la gobernadora. En la misma explanada del teatro María Luisa estuvieron presentes varios integrantes de colectivos Siempre Vivos de Chilapa, encabezado por José Díaz Navarro.
Llegaron con la finalidad de concertar una cita con la gobernadora. Ante este escenario de voces discordantes la titular del ejecutivo estatal prefirió entrar por la puerta trasera del teatro María Luisa Ocampo para evadir a los manifestantes y a los grupos que hacían explicita su demanda de concertar una cita con ella.
La alta conflictividad social que se ha gestado a lo largo de los años en nuestro estado, a causa de las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido autoridades civiles y militares contra defensores y activistas sociales que han alzado la voz y se han organizado para desmontar las estructuras represivas del Estado, es una realidad que la gobernadora no puede soslayar.
Hay un fuerte malestar de la sociedad, por el distanciamiento que hay con su gobierno a causa de que no se atienden con prontitud los problemas más urgentes. Tampoco existen canales de interlocución accesibles, que respondan con presteza las múltiples demandas y denuncias que la población plantea en todo momento.
Ante el estado de indefensión que persiste en amplios sectores de la población a causa de la expansión del crimen organizado en las instancias mismas de las instituciones públicas, la gobernadora tiene que restablecer una alianza con los pueblos y organizaciones sociales del estado de Guerrero, que han marcado la pauta para las grandes transformaciones que se han gestado en nuestro estado.
Estamos muy lejos de que Guerrero sea un santuario de los derechos humanos. Mientras no se combata de fondo el grave problema de la impunidad ni se castigue a las autoridades responsables de los casos de desaparición forzada de personas, de ejecuciones arbitrarias y de torturas, no lograremos cruzar el umbral de la criminalidad imperante y será imposible arribar a un nuevo estadío, donde la justicia sea un bien tangible para quienes no encuentran paz y sosiego en su vida y en sus hogares.
Mientras no se atiendan con inmediatez las múltiples agendas que presentan los colectivos de víctimas, las comunidades indígenas y afros que luchan contra el olvido, y no se establezca una relación de confianza con las organizaciones sociales y civiles, continuaremos en una lucha sorda contra un poder omnímodo que es parte del calvario que crucifica al pueblo pobre de Guerrero.
