Guerrero.- En medio de sus aspiraciones políticas por la gubernatura de Guerrero, el exalcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y uno de sus ex funcionarios de Capama, siguen sin aclarar el uso indebido de casi 200 millones de pesos que ejercieron en los últimos nueve meses de su administración.
De acuerdo con el titular de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa del ayuntamiento de Acapulco, Francisco Torres Valdez, este órgano le realizó a la administración pasada dos auditorías correspondientes al periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, en las que encontraron irregularidades por 170 millones de pesos.
“Sacaban dinero de una cuenta de Capama y la metían a otra cuenta del organismo, y de ahí urdían para que todo el dinero de Capama de las cajas de ese día, lo cuadraran y la ficha de depósito donde metían el dinero en la otra cuenta, la compaginaban y hacían parecer que no había nada; mientras, hacían la maniobra y se llevaban ese dinero de uno o dos días que se recolectaba en las cajas de Capama”, explicó el funcionario citando los resultados de la auditoría.
El contralor señaló que el alcalde perredista pagó varios millones de pesos a proveedores, pero no hay ninguna factura que sustente “esos pagos”.
Torres Valdez detalló que la administración de Evodio Velázquez también modificó las resoluciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje donde se ordenaba solventar el adeudo que tenía con trabajadores despedidos, con el fin de pagarles menos de lo que dictaban las sentencias.
Evodio Velázquez, quien ganó la encuesta de su partido para ser candidato a la gubernatura de Guerrero, enfrenta observaciones por más de 400 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Federación.
El contralor Francisco Torres acusó que estos personajes se han negado a aclarar estas irregularidades, pese a que fueron citados recientemente por la Contraloría a su cargo.
La Ley número 701 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero exige que quienes hayan sido autoridades con manejo de recursos públicos, presenten la constancia de liberación, finiquito o comprobación de los ejercicios presupuestales que le correspondieron en su administración, expedida por la ASE o la Contraloría del Gobierno del Estado.
