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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente hace más de un año en Iguala, Guerrero, exigen que se castigue e investigue a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, y a todos los políticos que participaron en la presunta “verdad histórica”.
Este sábado 26 de diciembre, madres y familiares de los normalistas protestaron nuevamente en la Ciudad de México en una marcha que fue del Zócalo capitalino a la Basílica de Guadalupe.
Y es que a más de un año de los hechos criminales ocurridos en Iguala, no parece haber ninguna información certera sobre el paradero de los estudiantes, señaló Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, en entrevista con esta agencia de noticias.
La ahora activista –quien todo el año participó en decenas de protestas en México y otros países- precisó que tras las reuniones que las familias han tenido durante los días recientes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se dijo que presuntamente en enero próximo se reactivará la búsqueda de los normalistas.
DEUDAS EN EL CASO AYOTZINAPA
Bautista Salvador informó que si bien la principal exigencia de todos los meses sigue siendo que el gobierno federal regrese a los estudiantes con vida, este diciembre se suma el reclamo de que se castigue e investigue a diversos funcionarios, principalmente a Jesús Murillo Karam por presuntamente haber mentido a las familias sobre el destino final de sus hijos.
¿Cómo es posible que fuera a decir que nuestros hijos fueron calcinados en ese basurero de Cocula cuando no tenía pruebas científicas (…), que nos haya mentido así?, cuestionó Bautista refiriéndose a la conferencia de prensa que dio en enero pasado Murillo Karam, entonces procurador General de la República, para asegurar que las investigaciones del caso Ayotzinapa habían derivado en la “verdad histórica” de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados en un basurero, y cuyos restos fueron arrojados al Río San Juan.
“Que se investiguen a todos los políticos que nos han dicho mentiras, Murillo Karam y Peña Nieto, que se han burlado de nosotros (…) No queremos más mentiras”, aseveró la mujer, quien aprendió a hablar español en el trajín de sus reclamos.
RECOMENDACIÓN SIN ECO
El mismo llamado que hace Bautista Salvador, a nombre de las otras madres de Ayotzinapa (campesinas, algunas indígenas o madres solteras), forma parte de la lista de recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre pasado, tras presentar su informe final del caso y concluir que no existían pruebas científicas que respaldaran la versión oficial, y que, por el contrario, se encontraron anomalías y graves omisiones del Estado en las investigaciones.
Si bien Murillo Karam ya había sido sustituido por Arely Gómez González como procurador cuando el GIEI presentó su informe, el funcionario encabezaba entonces la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y meses después salió del gabinete del Ejecutivo federal sin ser investigado ni juzgado.
Tras el informe del GIEI, las autoridades mexicanas insistieron en realizar nuevos peritajes en el basurero de Cocula, e incluso volvieron a asegurar–sin contar con suficientes bases científicas- que habían encontrado los restos de un segundo normalista.
Al conmemorar un año de la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes, las madres y padres iniciaron un ayuno en plena plancha del Zócalo y luego se reunieron –por segunda vez desde que sucedieron los hechos criminales- con Enrique Peña Nieto.
AVANCES TARDÍOS
El 19 de octubre de este 2015, el GIEI presentó sus recomendaciones ante la CIDH, donde los representantes del Estado mexicano, entre ellos Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, firmaron 10 acuerdos concretos para supuestamente avanzar en el caso.
No obstante, fue hasta finales de noviembre –y tras un plantón de cuatro días de las familias de Ayotzinapa en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos- cuando el gobierno mexicano decidió que el caso sería trasladó de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a una Unidad de investigación especializada, y prometió iniciar nuevas pesquisas.
A dos días de concluir el año, las autoridades siguen negándose a que el GIEI entreviste directamente a los integrantes del 27 Batallón de Infantería –que presuntamente presenciaron los hechos- y no ha emitido ninguna declaración sobre si habrá responsables por haber presentado una investigación que ha sido en más de una oportunidad refutada.
