Organizaciones no gubernamentales exigieron, a través de una carta pública dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la liberación inmediata e incondicional para la defensora de derechos humanos Nestora Salgado García, detenida el pasado 21 de agosto de 2013.

En el documento, dan cuenta de la opinión que hizo pública el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso, la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las condiciones de detención que sufrió Salgado García en Nayarit y reclaman, además, que existen más policías comunitarios detenidos arbitrariamente por el caso, dentro de los cuales varios sufrieron tortura psicológica durante su detención.

Respecto al caso de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), confinada primero a una cárcel de máxima seguridad en Nayarit y posteriormente, luego de una recomendación de la CIDH al Estado mexicano y en el contexto de una huelga de hambre de Salgado García, trasladada a la Torre Médica de Tepepan en la Ciudad de México.

Las organizaciones llamaron a los jueces que determinarán sobre el caso, tomar en cuenta la serie de violaciones a los derechos humanos cometidas contra la mujer que cuenta con ciudadanía estadunidense y al momento de ser detenida fungía en un cargo comunitario.

Detallando los aspectos legales, las ONG afirmaron que han sido informadas de que el pasado 23 de febrero los Jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, quienes tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014, instauradas contra la defensora Nestora Salgado García por los delitos de secuestro, decretaron la “regularización” del procedimiento en las tres causas penales.

La decisión judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales y dicha decisión se “sustenta en el hecho probado de que Nestora Salgado es también ciudadana norteamericana y que en su momento la autoridad judicial no le dio a conocer su derecho a la asistencia consular”.

El llamado de las organizaciones a los jueces implica considerar, en el término constitucional, que Salgado García, “no sólo fue incomunicada, sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino que también existieron graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, ya que de mantenerla privada de su libertad estaría incurriendo en grave responsabilidad, causando daños de imposible reparación”.

Las organizaciones firmantes de la carta, rememoraron a través de conceptos legales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que “no puede hacerse distinción alguna en el reconocimiento del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular cuando la persona detenida, además de ser nacional de un Estado extranjero, sea nacional del Estado receptor (en este caso, mexicana)...” y “ha sostenido que la violación del derecho a la asistencia consular tiene como resultado la reposición del procedimiento desde el momento en que se decrete la retención”.

Las ONG solicitan como elemento a consideración para los juzgadores, la Opinión núm. 56/2015 del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la cual reconoció la labor de Salgado García en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y manifestó  la preocupación por el patrón de criminalización contra las y los defensores en México; así mismo afirma su detención como “ilegal y arbitraria” desde su arresto hasta la actualidad.

Otro punto en el plano internacional es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de 2015, a favor de la defensora Nestora Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en el Penal de Nayarit. De igual forma, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud.

Las organizaciones denunciaron que, desde 2013 se encuentran detenidos arbitrariamente otros policías comunitarios de la CRAC-PC: Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Justo, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec; lo que evidencia la criminalización contra la CRAC-PC, quienes junto con Nestora ejercían el derecho a la autonomía y a sus propios sistemas de justicia.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México enlista dentro de sus exigencias incluídas en la carta a autoridades federales y estatales: La liberación inmediata e incondicional de la defensora Nestora Salgado García, medidas de protección para salvaguardar la vida de la defensora y su familia, cumplimiento integral de Opinión núm. 56/2015 y medidas cautelares de la CIDH otorgadas a la defensora y la liberación de todos los presos políticos de la CRAC-PC.

Firman 20 organizaciones y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”  (REDTDT) conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.