Ciudad de México.- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral capitalino declaró infundada la queja presentada por el PRD contra el ex líder local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sobre presunto uso indebido de recursos públicos y violaciones a la normativa interna de esa fuerza política. El consejero presidente Mario Velázquez, rechazó en sesión extraordinaria que con este fallo, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) pretenda exonerar al ex dirigente. “Nosotros no estamos revisando si esa conducta o no estaba sujeta a una sanción penal, nuestra actividad está vinculada a determinar si en el ámbito administrativo -competencia de este órgano electoral- tenía o no elementos para sancionar”, precisó. Conforme al proyecto aprobado esta noche por el pleno, las Comisiones Unidas de Asociaciones Políticas y Fiscalización, agotaron siete líneas de investigación, que comprendieron 251 diligencias y 162 requerimientos a diversas instituciones, medios de comunicación y personas involucradas. Además, luego de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 4 de abril de 2014, ambas comisiones llevaron a cabo una investigación exhaustiva y cuidadosa del marco jurídico, para lo cual se integró un expediente de cuatro mil 371 fojas. De los 162 requerimientos, 11 fueron dirigidos al PRI capitalino, 48 a diversas autoridades como la Procuraduría General de Justicia capitalina, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como el Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE). También, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de las secretarias de Relaciones Exteriores y de Movilidad, así como el Instituto Electoral mexiquense. Además 89 fueron dirigidos a personas físicas y jurídicas como MVS Noticias, y los diarios El Universal y Reforma, entre otros, y 14 a las áreas del Instituto. Al presentar el proyecto de resolución, el consejero Pablo Lezama consideró que este caso representa uno de los retos más importantes que ha enfrentado el IEDF porque “toca las fibras más sensibles de la sociedad, por la gravedad de las imputaciones y las posibles violaciones de derechos humanos, particularmente, los derechos de las mujeres”. Sostuvo que las investigaciones de las Comisiones Unidas se efectuaron con exhaustividad y con absoluto respeto a los derechos de las personas involucradas, e indicó que toda la resolución estará a disposición de la ciudadanía en la página del IEDF en Internet, en apego a la máxima publicidad. La consejera Dania Paola Ravel destacó la importancia que para el IEDF tiene dar a conocer a la ciudadanía todas las diligencias que se realizaron y, sobre todo, los obstáculos que se afrontaron. En particular refirió la reiterada y sistemática negativa de la PGJDF a brindar acceso a las averiguaciones previas; sin embargo, al determinar esa autoridad que no ejercería acción penal, éstas no aportarían mayores elementos, como sucedió también con los procedimientos intrapartidistas iniciados. Al enumerar las diversas diligencias, refirió que al solicitar información a la empresa MVS Noticias, tampoco se recibieron datos ya que, respondió, podría implicar una vulneración al secreto profesional, libertad de expresión y de imprenta. También se le solicitó información a la CDHDF, pero el asunto bajo estudio de esa comisión era otra la litis es decir, se acusó a la PGJDF de no actuar diligentemente. El consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda dejó claro que en este tipo de procedimientos no se determina si el probable responsable incurrió o no en algún delito, pues ello compete a las autoridades ministeriales y, en su caso, a los jueces penales. Lo que el IEDF resuelve es si hubo o no alguna infracción de naturaleza administrativa; es decir, si los probables responsables desviaron recursos públicos o se apartaron de los principios del Estado democrático. Por otra parte, el consejero Beltrán reconoció el esfuerzo de las áreas para seguir las recomendaciones del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Ello, toda vez que durante la sustanciación del procedimiento se identificó que podrían existir acusaciones en las que pudieron estar involucradas con los hechos denunciados a quienes se les aplicó un cuestionario. Explicó que dicha situación se da debido a que las mujeres cumplían con características específicas, pues se trataba de mujeres subordinadas a una persona acusada de cometer posibles delitos, lo cual podría generar una afectación a sus derechos. Por ese motivo, se atendió plenamente ese protocolo, a fin de que no se expusieran a circunstancias de presión y pudieran realizar sus manifestaciones con libertad, puntualizó. Notimex