México. OPINIÓN- Según cálculos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la secretaría de Hacienda y el Colegio Nacional de Actuarios, la tasa de remplazo de los futuros pensionados en México, no rebasará el 30 por ciento del último salario recibido, es decir, que se irán con una pensión  menor a un tercio de lo que estarían percibiendo como trabajadores activos; producto del nuevo sistema de cuentas individuales de los sistemas del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE.

Los sistemas de ahorro para el retiro de cuentas individuales fueron creados para entregar a las instituciones financieras nacionales y, sobre todo, internacionales los recursos económicos patrimonio de los trabajadores, producto de las cuotas y aportaciones obreras, patronales y del estado.

Anteriormente los fondos de pensiones eran administrados por los institutos de pensiones de seguridad social, junto con el resto de los recursos de los demás seguros. Si bien es cierto que dichos institutos fueron dirigidos por políticos corruptos que no administraron honestamente los recursos a su cargo, también es cierto que las Afores han sido incontrolablemente voraces y que no se han ajustado a la claridad y normatividad establecidas, al abrigo de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; lo cual podemos comprobar con el incumplimiento de las normas establecidas en la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del IMSS y el ISSSTE , así como por las constantes pérdidas o minusvalías.

Las reformas a la ley del IMSS en 1995-1997 y la del ISSSTE en 2007 para imponer el cambio de fondos de retiro por fondos de pensiones, no es sólo un cambio legal y semántico si no un enfoque radicalmente distinto, por el cual el Estado mexicano renuncia  a tutelar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social y de paso legalizar el despojo de los recursos económicos que constituyen los fondos para el pago de las pensiones a futuro. Por otra parte, estas leyes violan los derechos humanos establecidos en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, así como otros artículos constitucionales.

La última reforma a la ley del SAR tiene como planteamiento central la sustitución de sociedades de inversión (Siefores) por fondos de inversión con la intención de obtener mayores rendimientos, y por otra parte, se acordó la reducción paulatina de las comisiones que cobran las Afores.

La reforma también hace alusión al comité de inversiones de las antes Siefores hoy Fiefores; y en este caso, vale la pena destacar que por lo menos hasta antes de 2019, ese comité fue omiso en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, como lo muestran las constantes pérdidas o minusvalías.

El comité de inversiones y la Consar fueron responsables del incumplimiento de los artículos 44-bis, 45, 46, y 47-bis, este último se refiere a la obligación que tienen las Afores de dar a conocer al público inversionista los prospectos de inversión y los riesgos que implican.

Como ya lo señalamos en otro artículo, (https://bajopalabra.com.mx/afores-el-saqueo-neoliberal-de-los-fondos-para-el-retiro-opinion) los estados de cuenta del SAR no se ajustan a la norma y como dijimos líneas arriba, la Consar fue omisa en la supervisión de las inversiones que  las Afores llevaron a cabo con los recursos monetarios de los trabajadores.

Es pertinente destacar que  hemos contrastado los saldos de los estados de cuenta SAR,  con cálculos actuariales hechos con base en las historias salariales de varios trabajadores y ex trabajadores y al final nos encontramos con diferencias abismales, entre lo que dicen las subcuentas del SAR y nuestros cálculos efectuados; esto nos parece un asunto sumamente delicado, la razón es que históricamente se ha ocultado y manipulado la información de los estados de cuenta de millones de trabajadores.

La primera experiencia de sustitución de un sistema de seguridad social de reparto por otro de ahorro obligatorio con participación privada; es decir, entregar los recursos de los trabajadores con los cuales se iban a pagar sus futuras pensiones, al capital financiero para que éste lo administrara, fue realizada en Chile, bajo la dictadura del tristemente célebre Augusto Pinochet. La actual crisis política y social en ese país hermano, tiene como una de sus razones principales la imposición de ese sistema de pensiones y todas las prácticas neoliberales experimentadas en aquella nación.

De manera ilustrativa citaremos tres modelos de pensiones actuales:

1.-Sustitutivo, es un régimen donde las entidades privadas sustituyen a las instituciones estatales de seguridad social. En este caso, las cuotas y aportaciones de los trabajadores, los patrones y el Estado se depositan en cuentas individuales que son administradas e invertidas por administradoras privadas de dichos fondos de retiro. El monto de la pensión de retiro dependerá del nivel de ingresos del trabajador y de la rentabilidad de sus ahorros. El Estado tiene la obligación de pagar una pensión mínima. Este sistema, además de Chile en 1981, ha sido impuesto en México en 1995-1997, Bolivia en 1996, El Salvador en 1996, Nicaragua en 2001 y República Dominicana en 2015, hablando de América Latina.

2.-Paralelo o dual, en este régimen el trabajador puede elegir entre el sistema de capitalización privado o continuar en el sistema público de reparto (sistema solidario), se implantó en 1993 en Colombia y en Perú en 1997.

3.-Mixto, es un sistema público de reparto, que se reforma para adecuarlo a nuevas condiciones y que se combina con un régimen de cotizaciones definidas a cargo de entidades financieras privadas o por el sector público. Dicho sistema otorga una pensión básica, de acuerdo en un reparto de carácter público. Es una prestación definida financiada con los impuestos generales y un porcentaje de cotizaciones. Tal sistema se aplica en varios países de Europa del este que pertenecieron al bloque socialista como Hungría en 1998, Polonia en 1999, Letonia en 2001, Bulgaria en 2002, Croacia en 2002, Estonia en 2002.

4.-En Europa occidental existen otros sistemas de pensiones con diferentes características entre sí.

Se espera que en breve se abra un debate a nivel nacional para llevar a cabo una reforma de carácter profundo a los actuales sistemas de pensiones. Tal y como se está dando en muchos países.

Mientras tanto ya entró en vigor la Ley General de Salud con la cual toda la población tiene derecho al servicio médico, aunque por ahora son insuficientes el personal médico, el paramédico, medicinas y demás recursos que requiere un servicio médico aceptable.

Se incrementó la pensión ciudadana para personas adultas mayores.

Se otorga pensión a personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes.

Se incrementó el salario mínimo general, a nivel nacional con una diferencia en las zonas de vida cara, sin que ello haya sido motivo de inflación. No obstante, México sigue teniendo los salarios más bajos del continente americano.

Resulta pertinente comentar que la decisión de IMSS y del ISSSTE de topar las pensiones y cobrar cuotas y aportaciones en Unidad de Medida y Actualización (UMA), traerá como consecuencia menores ingresos para dichos institutos y pensiones más reducidas para los futuros pensionistas, que ya de por sí tienen un negro panorama.

Antes de acordar qué tipo de reforma necesitamos y podemos aplicar, es pertinente pedir una auditoría a las Afores y hacer una revisión de los estados de cuenta del SAR, con una muestra significativa de casos, puesto que tenemos evidencias de que los saldos no coinciden con las historias salariales de muchísimos trabajadores y en este nos permitiremos citar al presidente López Obrador, quien recientemente manifestó que: “los ahorros de los trabajadores son sagrados”.

Por cierto, en este debate la absoluta mayoría de los sindicatos han brillado por su ausencia, puede ser que los dirigentes no piensen jubilarse jamás o que de plano ignoren el tema.

Nota: recomendamos leer el número 204 de la revista “el cotidiano” y el artículo de Santiago Levy en la revista “Nexos” de 20 de octubre de 2019.

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