La arquidiócesis de México señaló que el segundo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), expuso “los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales”.

A través de la editorial del semanario Desde la fe, la arquidiócesis afirma que el actuar del grupo de expertos “destaca la falta de cooperación y obstáculos que enrarecen el esclarecimiento de la verdad”.

“Sus conclusiones advierten del urgente rediseño del modelo penal, solidificar los procesos de investigación, la atención de las víctimas y, lo más importante, el respeto a los derechos humanos”, señala el documento.

Continúa diciendo que, independientemente de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, el informe del GIEI “toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita”.

“Lo que suponía  la intervención esperanzadora para saber qué paso en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración, llega a su fin con más preguntas que respuestas”, señala el texto.

La editorial indica que si en su primer informe el GIEI “puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal”.

“No obstante la indignación pública, el segundo informe del GIEI mueve a la reflexión al preguntar qué tan efectivamente somos respetados todos los mexicanos en cualquier proceso penal”, añade.

El texto indica que el sistema legal del país está hecho “para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes”; asimismo, expone que las cárceles están ocupadas por inocentes, “víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales”.

“Mientras la causa de Ayotzinapa corre entre preguntas, desacuerdos y presunciones, la opinión pública, de forma paralela, es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros”, agrega la nota, en referencia a la mujer torturada en Ajuchitlán en 2015, por parte de agentes de la Policía Federal y del Ejército.

“O bien, cuando los responsables de la persecución de los delitos, funcionarios, fiscales y ministerios públicos, son descubiertos al exigir a los subordinados resultados con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal”, agrega Desde la fe.