México.- La falta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades que no denuncian, ha permitido que la extorsiones continúen en el puerto de Acapulco, consideró la diputada Mariana García Guillén.

Consultada vía telefónica, la diputada denunció que el puerto las extorsiones ha llegado a un nivel “desmedido”, que afecta a empresarios, transportistas, ambulantes y hasta a los bolilleros.

La diputada de Morena recordó que el tema de la extorsión en Acapulco fue una de sus primeras intervenciones en el Congreso y propuso la reforma al Código Penal para incrementar las penas hasta 25 años de cárcel, aprobado a finales de año pasado, sin embargo, hasta el momento se sigue cometiendo y no ha disminuido.

“La extorsión ha llegado a un nivel desmedido en el que absolutamente todos en Acapulco tienen que pagar cuotas: micronegocios, taxistas y hasta los bolilleros, es una cosa impresionante y son amenazados con quitarles la vida”, dijo.

García Guillén atribuyó las extorsiones a un grupo de “camarilla” muy bien organizados que han sabido penetrar a todos los niveles.

En relación con la Fiscalía Especializada para la Investigación de la Extorsión aprobada por la Comisión de Justicia y que será llevada ante el pleno para su discusión y en su caso aprobación, García Guillén afirmó que no se necesita más aparatos gubernamentales y lo que se necesita es que los que ya existen hagan su trabajo.

“Vemos una fiscalía (del estado) opaca, con miles de carpetas de investigación, pero ahí se quedan, no hay seguimientos, no hay certeza para los ciudadanos. Veo a una Secretaría de Seguridad Pública debilitada, superada (por la violencia) y la policía Cibernética es muy complicado que le den seguimiento a un tema, que te respondan una solicitud”, reprochó.

García Guillén sostuvo que las autoridades deben dar garantías de seguridad a las víctimas para que acudan a denunciar “que cuando salgan de denunciar no pierdan la vida o sufran represalias”.

Pidió tener confianza en la Guardia Nacional que ya opera en Acapulco y esperar que realicen sus diagnósticos en materia de seguridad e identifiquen los focos rojos.

El jueves durante la comparecencia ante comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo declaró a los diputados que las extorsiones en el puerto habían superado a los homicidios.

El síndico de Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona, también se refirió a la extorsión y reconoció que uno de los delitos que más les ha pegado a los comerciantes de la capital y pidió tipificarla como delito grave.