México.- La lucha contra la corrupción en México no puede quedarse en el repudio social y las primeras planas de los periódicos.

En México sistemáticamente se ha violentado el derecho a la verdad. Algunos funcionarios tuvieron por consigna la fabricación de “La verdad histórica” de ciertos acontecimientos que cimbraron la vida nacional y de otros que nos fueron ocultados en su totalidad, de tal modo que hoy mismo no sabemos qué tanto de lo que nos han dicho es realmente cierto ni cuánto ha quedado sepultado bajo los legajos de la simulación.

Al paso del tiempo, mientras avanza el gobierno de la 4T, vamos enterándonos de repudiables actos de corrupción que demuestran los abusos de la clase política y los entresijos de los intereses que, sin contrapesos reales en el gobierno y la sociedad, hicieron de México su negocio particular. Pero el perenne manto de sospecha sobre la política y sus actores no es suficiente. Debemos exigir que sean castigados.

Tal vez lo más detestable sean las cínicas respuestas de los señalados, quienes salen a la palestra pública e intentan justificar puerilmente sus acciones, dando continuidad al juego de la simulación donde se arropa la corrupción. Sin embargo, los tiempos en que esos argumentos les permitían deambular sin culpa ni sospecha por el escenario político han cambiado; por otro lado, la estructura de corrupción que sustentaba sus alianzas y protegía los códigos de silencio ha sido expuesta.

No obstante, lo anterior está muy lejos de ser suficiente para acabar con la corrupción y con los personajes que corroen las entrañas del sistema político mexicano. La acumulación de investigaciones judiciales que implican a políticos y empresarios no es suficiente si éstas no culminan con penas de cárcel ejemplares y enajenación de bienes reorientada a programas de índole social.

Si bien con el triunfo de AMLO la confianza en el gobierno federal se ha recuperado considerablemente, si acaso la lucha anticorrupción no arroja resultados concretos y rápidos, tampoco será suficiente. Los mexicanos comprendemos que los jueces son la parte viciada de la cadena de la justicia, pero tampoco es suficiente saberlo. Debemos presionar como sociedad, asediar a los jueces hasta que dejen de proteger a los corruptos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)1 –una organización cuya misión es el diseño de políticas públicas en contra del lavado de dinero– dijo que México tiene un marco legal e institucional suficientemente bien desarrollado y capaz de sancionar dichas conductas. Si a lo anterior le sumamos las reformas promovidas recientemente por Morena, que han añadido al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva faltas como corrupción, delitos electorales y robo de gasolina, pareciera que México tiene todo para empezar una lucha anticorrupción eficaz y expedita.

Hace pocos días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el programa de Alertadores2 contra la corrupción, que desburocratiza y da trato confidencial y protección a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción al interior del gobierno. Si bien el programa es incipiente, significa un paso en la dirección correcta.

Pero entonces ¿Por qué en México siguen sin castigo los corruptos? No hay sólo una respuesta correcta, sino la suma de diversos factores que influyen. Pero sin lugar a dudas es importante que, hasta ahora, no se ha perseguido a ninguna figura del más alto nivel, a nadie que sea representativo de ese poder corruptor.

En México no hacen falta consultas populares para saber que la mayoría de los mexicanos queremos que se erradique este mal3. Lo que sí hace falta es que la sociedad mexicana, en su conjunto, se manifieste en contra del poder corruptor y de la simulación de la clase política, basta ver el reciente ejemplo que los boricuas le han dejado a los ciudadanos del mundo sobre el poder de la sociedad organizada.

Hay muchos ejemplos de gobiernos que se emplearon a fondo contra la corrupción y han visto los resultados, pero para ello debe existir voluntad política y una sociedad crítica y comprometida.


Fuentes:

1.- http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf

2.- https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

3.- https://www.transparency.org/cpi2018