Una familia mexicana solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revisar el fallo de una corte federal que desechó la demanda interpuesta en contra de un agente fronterizo, que asesinó al joven Sergio Hernández Guereca en 2010.

Este viernes, abogados de tres despachos jurídicos, dos con sede en Texas y uno en Washington, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia a nombre de Jesús Hernández y María Guadalupe Guereca, los padres de Sergio, revisar la decisión de una corte federal.

En abril pasado, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dictaminó que el agente fronterizo, identificado como Jesús Meza Jr., tiene inmunidad calificada y no puede ser demandado por la familia del adolescente mexicano.

La Corte Federal de Apelaciones argumentó que los Hernández Guereca no podían demandar el amparo de la Cuarta Enmienda Constitucional que garantiza el derecho de las personas contra registros, incautaciones y detenciones irrazonables, dado que Sergio era ciudadano mexicano en suelo mexicano, y carecía de toda “conexión voluntaria significativa” con Estados Unidos.

Robert C. Hilliard, abogado del bufete jurídico Hilliard & Shadowen, LLP, uno de los tres que presentaron la apelación, dijo que en fechas recientes “distintas cortes federales han fallado en formas distintas", sobre la misma materia.

Un ejemplo se dio el 10 de julio pasado cuando un juez federal en Tucson, Arizona, autorizó que una demanda civil interpuesta en contra un agente de la Patrulla Fronteriza continúe su curso.

El caso se refiere a un agente fronterizo que en 2012 disparó a través de la frontera estadunidense y mató a un adolescente mexicano en la comunidad de Nogales, Sonora, en México.

El juez determinó que esta demanda debe continuar su curso a través del sistema judicial, luego que negó la petición del gobierno federal para que fuera rechazada.

“Los agentes de la Patrulla de Fronteras en todo Estados Unidos enfrentan parámetros distintos”, señaló el abogado Hilliard, en un comunicado en el que informó de la apelación del caso de Hernández Guereca ante la Suprema Corte de Justicia.

“Ahora mismo, en este momento, los agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas saben que cuentan con la bendición de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, y pueden dispararle y matar a un muchacho inocente que está parado en México y quedar inmunes en cuanto a la responsabilidad civil”, advirtió.

“Pero los agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona y California saben que tienen que abstenerse de disparar, ya que asesinatos de este tipo han sido descalificados por las cortes federales de apelación con jurisdicción en esos estados y han admitido la responsabilidad civil”, dijo.

“Los agentes de Nuevo México no están seguros de sí pueden tirar a matar o no. Todo es muy confuso para estos agentes gubernamentales armados que patrullan las fronteras de nuestro país”, expuso Hilliard.

Consideró como “ridículo que la vida o la muerte de un ciudadano mexicano inocente, parado en territorio mexicano, deba depender desde cuál entidad de Estados Unidos está mirando el agente”.

“Es el momento oportuno para que la Suprema Corte tome cartas en el asunto, que tiene una significación inconmensurable”, destacó el abogado.

El 7 de junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Guereca se encontraba en el lado mexicano de la frontera en Ciudad Juárez, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza le disparó desde el lado estadunidense.

El agente argumentó que disparó en defensa propia, al sostener que estaba siendo atacado a pedradas por el adolescente y otros jóvenes.

Sergio murió de un balazo en la cabeza en el lado mexicano del río Bravo. El incidente fue documentado por varios testigos, uno de los cuales logró grabar estos hechos con un teléfono celular.

A pesar de las evidencias, el agente Jesús Meza Jr. fue exonerado de los hechos por la justicia estadunidense.

Los padres de Sergio interpusieron una demanda civil en contra del agente y del gobierno de Estados Unidos en la que reclaman una compensación por la muerte imprudencial de su hijo.

Sin embargo, en febrero de 2012, un juez federal en El Paso, Texas, desecho la demanda, al argumentar que la Constitución de Estados Unidos no les otorga a los padres del menor ningún alivio porque su hijo se encontraba en territorio mexicano cuando fue muerto.

Los padres apelaron el fallo ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, que en abril pasado dictaminó desechar la demanda, permitiendo así que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia.

La decisión que asuma el máximo tribunal del país podría tener amplias consecuencias en los incidentes de uso de la fuerza mortal por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México.

Notimex