El fondo del caso de las denuncias por violación contra Félix Salgado, no es solo una vil disputa por la temporada electoral, como pretendió normalizarlo canallamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fl fondo, es lo podrido de un aparato de justicia mexicano que López Obrador no quiso reformar, el fondo, es la administración de justicia selectiva: a los amigos del poder se le respetan los derechos humanos, la benevolencia y justicia, al ciudadano común, y a los enemigos, la ley a secas.
Es cierto que las denuncias contra Salgado Macedonio cobraron relevancia luego que fuera designado por Morena, algo así como embajador de la Cuarta Transformación en Guerrero, la antesala de candidato a gobernador. Pero las denuncias no se presentaron ante la fiscalía en ese mes, ni en ese preciso día, las acusaciones de violencia sexual, son desde mucho antes.
La suya, la de Félix, es una torcida conducta sexual reiterada: una acusación data de hace casi 15 años, otra es de 2016, otras más son de hace cinco años, y muchas más aún están ocultas; todas tienen en común que fueron ignoradas. La fiscalía de Guerrero enterró la más importante, la que no sólo tiene una simple narración aleccionada como “dato de prueba”, o “indicios”, sino que exhibe pruebas reales, fácticas, verificables.
Las denuncias salieron a la luz hasta ahora porque el corrupto y selectivo aparato de justicia mexicano, el de Guerrero, ya había enterrado las aparentes fechorías de este senador y poderoso personaje popular. Las víctimas no fueron escuchadas.
El entierro de la denuncia de abuso sexual contra Félix Salgado fue decisión del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, así lo reveló el que fuera su primer fiscal, el también corrupto y desalmado, Javier Olea. Sin embargo, tampoco hay pruebas fácticas de que así sea. Lo que sí hay, son indicios que hacen suponer, de acuerdo a “la sana crítica”, que ambos mienten, que ambos son corruptos, que ambos usaron el aparato de justicia a conveniencia. Uno probablemente quiso extorsionar, el otro, lo ve en función electoral.
Los abogados que saben, afirman que por mucho menos de lo que está acusado Félix Salgado, incluso, sin pruebas reales, sin investigación, la fiscalía de Guerrero ha acusado a decenas de individuos por el mismo delito. Para quienes no tienen el poder del Senado y el apoyo del presidente de México, no existe, ni se respeta la presunción de inocencia, ni el in dubio pro reo, como hoy se aplica a Félix. Por lo contrario, lo que existe es estigmatización adelantada, repudio, prejuicio y una vida arruinada sin posibilidad de recuperación.
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Para alguien sin el poder de Félix Salgado, para un cualquiera, la fiscalía y el poder judicial de Guerrero son de sobra eficientes. Incluso, si la acusación fue hecha por prejuicio, venganza o alguna perturbación, como muchas veces pasa, sin pruebas reales, la fiscalía por presión mediática, corrupción o a petición, puede inventar la “prueba”, para eso tiene a eficientes peritos mal pagados prestos a mancharse sin remordimientos y jueces listos a validarlas.
Si falta se inventa, si existe desaparece
Un caso oscuro y muy sonado hace años, uno entre varios, que define la conducta de la Fiscalía de Guerrero, fue el de los hermanos Eder y Aldy Manuel González Rodríguez, acusados de asesinar al amigo y socio del exgobernador Zeferino Torreblanca, Jorge Bajos Valverde en el año 2007. Luego de un viacrucis legal, los hermanos fueron dejados en libertad al no comprobárseles nada.
Aldy Manuel González señaló que la detención de él y su hermano se debió a que el, en ese entonces, procurador Eduardo Murueta “tenía el tiempo en su contra y pedían su destitución por no resolver el problema de la violencia”. “Querían esclarecer las cosas rápido porque algunas personas ya estaban solicitando su destitución…”.
Para armar la acusación, el ministerio público mintió, ocultó pruebas a favor de los inculpados e inventó otras como los periciales a cargo de los médicos legistas: Gloria Ramos García y Juan Bello Mejía, quien elaboró el certificado médico de Aldy Manuel González Rodríguez, sin ni siquiera haberlo revisado, ni haberlo visto antes, sólo rellenó un machote y por petición del MP no consignó que había huellas de torturas por parte de los judiciales. ¿Entonces cómo creer el dictamen que firma alguien con estos antecedentes?
Otro caso sonado de invención de pruebas es el del asesinato del comerciante papelero César Zambrano Pérez, ultimado en 2018. La Fiscalía a cargo de Jorge Zuriel, detuvo como responsables a dos hombres que fueron sacados de su casa en Acapulco por criminales al servicio de la fiscalía y luego presentados como culpables, hay un video del levantón. Lo curioso es que la fiscalía asegura que los detuvo en Zihuatanejo. Un juez desechó el video como pruebas a favor y siguen presos. El crimen en la incertidumbre.
Entonces, ¿cómo creerle a una fiscalía de Guerrero con estos antecedentes? El caso de Félix Salgado es la historia al revés. Mientras a unos les inventan pruebas, al senador de Morena se las desaparecen. Por ejemplo: en las copia de la denuncia filtrada, no hay dictamen médico de la fiscalía, tampoco se menciona en la petición de orden de aprehensión. El reporte médico-legista de la fiscalía sobre esta acusación, debería coincidir o no, con el relato de la víctima, porque si bien es cierto que en acusaciones de este tipo el relato es muy importante, lo es más que esté sustentado en más de una prueba fáctica, eso significa que si el relato no coincide con el pericial, o si el pericial es contradictorio o dudoso, no hay delito que perseguir. Sin embargo, en este caso, el pericial, hasta donde se sabe, no existe.
La voluntad del poder
La denuncia contra Félix fue presentada a fines de 2016 y fue archivada pese a estar sustentada con pruebas reales. La denuncia no se trata solo de un relato inconexo, hay hasta un video y otras pruebas que presentó la víctima claramente. Por eso, es absurdo que el ministerio público no haya solicitado la presentación del acusado, ya no digamos la orden de aprehensión, pues está obligado a justificar por qué la pide y no es suficiente que sea por un delito grave, pero no lo hizo. No fue indiciado, y no lo fue porque hubo un acuerdo, Félix entonces estaba en el proceso de ser nominado candidato a senador.
Como se ve, todo el debido proceso, la certeza de legalidad, las garantías judiciales y los derechos humanos tanto para la víctima como para el acusado, han sido violentadas por la fiscalía de Guerrero en esta acusación contra Salgado.
Incluso hasta hoy, sigue siendo un absurdo que suena a burla, el que la fiscalía diga que sigue analizando la acusación, dejando en la incertidumbre jurídica a la víctima y al acusado. Ya van para un mes de análisis, para ver si acusan o no a Félix Salgado.
Lo cierto de todo esto, es que ni siquiera se tiene en mente, ya no solicitar orden de aprehensión porque debe ser justificada, como muchos esperarían, sino simplemente citarlo a declarar como obliga la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales para que responda y se defienda, pero tampoco pasará eso porque hay una petición de poder para que ni eso ocurra.
El caso del “Toro sin Cerca”, no solo representa la evidencia de que nada ha cambiado en este país. Evidencia la pudrición de un gobierno federal que basó su eficacia en una falacia: la Cuarta Transformación.
Sin un poder judicial honesto, eficaz, moralmente solvente, no hay ni habrá ninguna verdadera transformación en México. Si el caso de Félix queda impune y la mafia de la 4t prospera y lo hace gobernador, nada, ningún logro, ningún megaproyecto, ninguna otra ocurrencia de AMLO podrá subsanar el daño que ocasiona un poder judicial corrupto.
Si prospera la protección del Estado a favor de Félix, las vidas, tanto de víctimas como de acusados, seguirán dependiendo del humor, el estado de ánimo, los acuerdos de poder y la presión mediática que reciben las fiscalías, jueces y magistrados.
Quienes hoy pugnan por la arbitrariedad de la ley, deben recordar que nadie está libre de azote, las acusaciones contra altos funcionarios públicos del pasado así lo demuestra. Un caso ejemplar es Rosario Robles, donde paradójicamente, el Estado se ensañó contra una mujer a la que también, luego de que asimile la lección del poder, dejarán libre.
La pregunta de refilón, o ingenua es: ¿por qué a Félix Salgado el Estado sí lo defiende pese a múltiples acusaciones de violencia sexual, y a Rosario Robles la tienen refundida por una endeble acusación de corrupción contra la que ejercieron toda la violencia del Estado? Quizá la respuesta ya la haya dado Ricardo Monreal cuando dijo: “Félix, eres uno de los nuestros”, o lo que es lo mismo, la ley Juárez.
