Guerrero.– El exdirector general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Fermín Alvarado Arroyo, se defendió, mostró evidencia de que las acusaciones en su contra por presunto desvío de recursos, son raras, oscuras y tienen un tinte de persecución política.
Tal parece que el gobierno de Evelyn Salgado lo quiere agarrar de chivo expiatorio para justificar un dizque combate la corrupción. El gobierno de la hija de Félix Salgado nunca dio a conocer con exactitud cuál fue el desfalco que dejó Héctor Astudillo en todas las secretarías, eso incluye la secretaría general de gobierno donde nunca ha existido transparencia. Tampoco informó quién fue el responsable de modificar la ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de. Guerrero, para el Congreso local formó una comisión para investigar. Hasta el momento no hay ningún informe y ningún responsable.
Alvarado Arroyo fue acusado y exhibido mediáticamente, sin haber sido vencido en un juicio, con lo que se viola su presunción de inocencia y el debido proceso porque se le estigmatizó anticipadamente. El gobierno estatal lo acusó de supuestamente haber hecho mal uso de mil 300 millones de pesos durante su administración del 2018 al 2022. Las supuestas pruebas que el contralor Loria presentó en su contra son señalamientos fundados en analogías, que no constituyen pruebas fácticas.
El expresidente del PRI en Acapulco, se defendió. Afirma que la actuación en su contra “es ilegal y violatoria de derechos, garantías y de las formalidades esenciales del procedimiento”.
Por medio de un comunicado, cuestionó que el Contralor Eduardo Loria Casanova, haya presentado públicamente “supuestas conclusiones” de la auditoría practicada al Cobach y “anunciar, incluso, sanciones, violando mi garantía de audiencia y la presunción de inocencia, entre otras”.
Alvarado Arroyo afirma que la acusación es absurda, pues significa que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, “lo que nunca sucedió”.
Dijo que del total de recursos que llegan al Cobach, el 96% se destina al pago de salarios y sólo el 4% a gasto de operación.
Indicó que la Contraloría indebidamente le pretende imputar la supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos cuando ese pasivo, en su mayoría, “es una deuda histórica institucional de años atrás».
Para ilustrar a un despistado contralor, precisó que más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inició en el 2012, en suma, son 450 millones de pesos. Ninguna de esas deudas son su responsabilidad: “yo no las generé”, afirma.
Del pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, explicó que “este se genera por la falta de presupuesto que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha. La institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%)”, acusó.
“Es falso que se hicieran las retenciones y estas no fueras pagadas; se hacen, sí, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, porque este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”.
En cuanto a las plazas, bases y recategorizaciones, aseguró que “son legales y procedentes en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero”.
Del supuesto pago de 20 millones de pesos, a una empresa, dijo que se trata de pagos que se hacen a la empresa “Administradores y Consultores en Previsión Social S.A. de C.V.,” que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997.
“Es una empresa no contratada por mí; el SEFI, es un Programa no creado por mí y los pagos que se le realizaron en 3 años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al Programa y que viene haciendo desde 1997”.
Fermín Alvarado hizo responsable al contralor Eduardo Loria y al gobierno de Evelyn Salgado de lo que pudiera ocurrirle a él y su familia por las acusaciones infundadas que hizo el titular de la Contraloría estatal.
Pidió no politizar un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado.
Acusó que el gobierno estatal violó mi garantía de audiencia, la presunción de inocencia y las formalidades esenciales de procedimiento.
Calificó de “distractor mediático” y en “un linchamiento y persecución política” la acusación en su contra que “daña mi prestigio y reputación y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia”.
