FIN DE SEMANA
Guerrero. Análisis.- La semana que concluye mostró que la Fiscalía de Guerrero mantiene graves pendientes que no le permiten consolidarse como una institución confiable, honesta y eficaz.
Entre esos pendientes está la falta de resultados sobre la supuesta depuración que la fiscal Sandra Luz había anunciado para purgar a la institución de malos elementos, llámense agentes, peritos, fiscales o ministerios públicos a los que, incluso, anunció que se les fincarían responsabilidad penal.
No obstante, por la falta de información y transparencia, todo indica que esos “perniciosos” elementos ahí siguen. Incluso conspiran apoyados por políticos para debilitar a la propia fiscal y su equipo.
Los poquísimos cambios que logró la fiscal en los primeros meses de su gestión, inéditos y necesarios, no son suficientes para remontar los estándares de mediocridad, incapacidad analítica, corrupción y escaso sentido común para resolver casos y corregir graves injusticias que le heredaron los anteriores fiscales.
El problema real de la fiscalía es un personal muy corrompido, muy podrido y mentiroso al que no le importa manipular periciales, inventar declaraciones o corromper expedientes, con la plena tranquilidad de que nunca les fincarán responsabilidades, ni habrá sanción alguna.
En el escritorio del vicefiscal Ramón Celaya, están empolvándose desde hace semanas las solicitudes para dar respuesta y solución a peticiones de sobreseimiento de casos estúpidos construidos por corrupción y consigna de los anteriores fiscales. Algunos casos que incluyen persecución, falsedad de declaraciones venganzas, extorsión y despojo y que con un poco de voluntad y sentido práctico terminan, pero al parecer, la cerrazón mental y la prepotencia lo impiden.
La fiscalía, en un acto de sensatez y practicidad, debiera cerrar estos asuntos antes de que se conviertan en conflictos indeseables que repercutan directamente en la imagen de la fiscal Sandra Luz y del gobierno, pues fue la fiscalía quien manipuló una falsa acusación para causar un daño específico, similar al caso de los tres ancianos enfermos a los que, con mentiras, declaraciones falsas y pruebas hechizas, el ministerio publicó acusó y dañó gravemente en sus derechos humanos.
Todos estos son temas que no necesitan más que sentido común para resolverse, es decir, algo de inteligencia y voluntad porque se explican por sí solos. Son casos atípicos donde el supuesto delito nunca existió, pero que el ministerio público dolosamente tipificó mal y ocultó datos para dañar al calumniado.
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En el caso de los ancianos del multifamiliar de Acapulco, la autoridad acusó solo con declaraciones inverosímiles y documentos falsificados que nunca fueron sometidos a un análisis pericial integral y exhaustivo.
De haberlo hecho, la autoridad hubiese notado que la acusación contra los viejos no tenía fundamento y nunca debió darle curso. Pero como lo que abunda en esa fiscalía es gente descerebrada, incapaz de pensar por sí misma, aplicaron el manual que repiten siempre y acusaron a los viejos de despojo, poniéndose del lado de unos extorsionares y defraudadores.
El caso es que por esa estúpida manera de actuar, sin sentido común, sin lógica elemental, la Fiscalía de Guerrero causó un grave daño a la vida de esos tres ancianos por la tortura judicial recibida, y porque se niega a sobreseer el caso que es aberrante y atípico.
Si fuera verdad lo que declaró el vicefiscal Ramón Celaya de que a los malos elementos se les fincaría responsabilidad penal, en el caso de los ancianos hay un ministerio público que actúo con dolo y perversidad para dañarlos, pues los acusó con datos de prueba falsos.
Ya es tiempo de que los abusos que cometen o han cometido esos ministerios públicos que se venden para alterar y falsificar denuncias hechas con falsas declaraciones reciban castigo. El daño que la supuesta autoridad les causó y sigue causando a estos tres ancianos es repugnante, solo basta ponerse en su lugar para entender la angustia que han sufrido desde 2015 cuando comenzó su tortura.
Nadie le reprocharía a la fiscal y al vicefiscal de investigaciones restituir el daño que un ministerio público imbécil ocasionó a estas personas. Las pruebas son irrefutables. El delito del que se acusó nunca existió. La autoridad violentó el debido proceso. La justicia no solamente es persecutoria, también es restitutiva, y aún más reconocedora de sus errores. Los ancianos deben quedar libres y castigar a esos funcionarios que les jodieron sus vidas inventando una acusación improbable.
