Chilpancingo, Guerrero.- La Fiscalía General del Estado, en coordinación con agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, le decomisaron a la UPOEG al menos seis camionetas en el poblado de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo.
Por lo anterior, habitantes y policías comunitarios adscritos a esa organización, bloquean desde las 4:00 de la madrugada con un camión torton la carretera federal México-Acapulco, a la altura de su comandancia, en dicha comunidad.
Entrevistado en el lugar, uno de los líderes de la UPOEG, cuyo nombre se reservó, dijo que a raíz de los ataques armados que han sufrido este año por parte del presunto grupo delictivo “Los Ardillos” que dejaron varios muertos, compañeros suyos provenientes de la Costa Chica llegaron a Buenavista a reforzarlos.
Sin embargo, denunciaron que derivado de eso en reiteradas ocasiones han sido objeto de intimidación por parte de los tres órdenes de gobierno, a través de sus fuerzas policiacas, en lugar de apoyarlos.
Muestra de ello, es que dijo que entre las tres y cuatro de la mañana de este martes las fuerzas estatales y federales y personal de la FGE, llegaron al poblado y comenzaron a rodear una casa particular donde se encontraban guardadas seis camionetas particulares de sus compañeros.
Enseguida, agregó, sin ninguna orden judicial ingresaron al inmueble y las sacaron para después remolcarlas en varias grúas y llevárselas hacia la capital del estado.
El comandante de la UPOEG retiró que es visible lo coludidos que están los tres órdenes de gobierno con la “delincuencia organizada”, y que con su operativo de hoy, “Los Ardillos”, con el apoyo de las autoridades, estarían planeando un posible nuevo ataque armado contra ellos.
Y es que recordó que antes de que fueran agredidos a balazos por esta célula criminal el 26 de enero pasado, lo cual derivó en un enfrentamiento que duró casi dos horas y que dejó varios guardias comunitarios muertos y heridos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a Buenavista a desarmarlos.
Ante esta situación, el integrante de la UPOEG exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel López Obrador, la devolución de las seis camionetas que les quitaron, puesto que, reiteró, son particulares y no del sistema comunitario.
