México.- La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca acusó a los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) de crímenes de lesa humanidad, por la represión estatal contra un conjunto de organizaciones sociales ocurrida hace trece años.

El expediente del caso, que incluye acusaciones de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, fue llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos.

El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló que los agravios y los estragos perpetrados por fuerzas federales y estatales durante el mandato del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, han resultado en "un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social" que se continúa aplicando en distintas partes del país.

A finales de mayo de 2006, mientras el panista Vicente Fox gobernaba al país y el priista Ulises Ruiz conducía el estado de Oaxaca, miles de maestros agrupados bajo la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comenzaron a movilizarse en el centro de la ciudad para exigir mejores condiciones en las escuelas.

Dos semanas después, mientras se plantaban en el centro de la ciudad, Ulises Ruiz ordenó a las fuerzas policiales el retiro de los maestros. La acción de las autoridades motivó un fuerte enfrentamiento con los docentes, quienes respondieron lanzando palos y piedras ante los gases lacrimógenos que les aventaban los oficiales.

El saldo del operativo fue de 143 personas lesionadas, de las cuales 102 eran policías, 30 docentes, un estudiante y 10 civiles.

En este lapso, en solidaridad con los maestros de la SNTE que fueron reprimidos, se creó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), conformada por profesores, estudiantes, organizaciones sociales, comunidades indígenas y artistas.

Mientras el conflicto crecía, se creó una Comisión para intentar encontrar una salida a la crisis, pero no logró los resultados esperados y el movimiento social comenzó a exigir la renuncia de Ulises Ruiz.

En ese momento, "la estrategia gubernamental, tanto local como federal, se orientó en todo momento hacia una salida represiva, cancelando la vía del diálogo político y la distensión del conflicto a través de los cauces institucionales", explica Noelia Ávila, académica de la Universidad Autónoma de México (UAM), en un artículo.

La APPO se movilizó en buena parte de Oaxaca y alcanzó manifestaciones en otras ciudad del país, incluida Ciudad de México. Ante la escalada de la represión, la organización comenzó a instalar barricadas y asumir el control de algunas partes del territorio, lo que sirvió de justificación al gobierno federal para enviar a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.

El 25 de noviembre de 2006, se implementó un violento operativo en la ciudad de Oaxaca por parte de la Policía Federal, que incluyó cientos de detenciones arbitrarias y la implementación de "un régimen de terror en toda la ciudad".

El saldo de la represión entre 2006 y 2007, por la Defensoría, fue de 30 ejecuciones extrajudiciales (incluida la del periodista estadounidense Bradley Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario.

"Es importante que en esta oportunidad histórica se haga justicia a los oaxaqueños, y los pueblos y organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos que participaron, y que fueron objetos de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos", dijo desde La Haya Germán Mendoza Nube, ex preso político de la APPO.