Chilpancingo, Guerrero.- Las fracciones parlamentarias del PRI y el PVEM en el Congreso local hicieron valer su mayoría y frenaron un exhorto por el que se le solicitaría al gobierno del estado dar a conocer los dictámenes de todas las escuelas que sufrieron afectaciones durante el sismo del pasado 19 de septiembre y la asignación del presupuesto para la rehabilitación o reconstrucción de cada una.

Durante la sesión de este martes los diputados del PRD, en voz de Eloísa Hernández Valle, presentaron ante el pleno ese punto de acuerdo dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, a la Secretaría de Educación, a la de Protección Civil y al Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).

Sin embargo, la propuesta obtuvo los votos en contra del PRI, PVEM y PAN, mismos que fueron suficientes para que el exhorto no se resolviera como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

En su exposición de motivos, Hernández Valle recordó que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) reportó un total de 254 escuelas dañadas por el sismo en todo el estado, de las que 66 deben ser demolidas.

“Estos datos se refieren a los informes oficiales, sin considerar que bajo circunstancias similares están una gran cantidad de estudiantes de nuestro estado, sobre todo de nivel básico, que a la fecha, después de más de un mes de sucedido el sismo del 19 de septiembre, siguen sin recibir clases, y muchos planteles aún no reciben el dictamen oficial que indique las condiciones reales de la infraestructura que ocupan”.

Recordó que en semanas pasadas propuso que se coordinaran los esfuerzos de las autoridades estatales con los colegios y organizaciones civiles de arquitectos e ingenieros, a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y una pronta reincorporación a clases en las escuelas que contaran con las condiciones para hacerlo.

“Desafortunadamente lo que podemos percibir es una muy grave desorganización en las instancias de los distintos órdenes de gobierno, considerando que escuelas que aparentemente tienen daños visibles, han sido catalogadas factibles de demolición por funcionarios del IGIFE, derivado de dictámenes emitidos, algunos de forma unilateral por Colegios de Arquitectos, sin aval de Protección Civil y/o la debida coordinación con la propia Secretaría de Educación”.

Hernández Valle indicó que la orden para proceder a la demolición de una escuela debe contener también la confirmación de que le será asignado presupuesto para su reconstrucción.

Durante su intervención mencionó el caso del Jardín de Niños “Justo Sierra”, del municipio de Zihuatanejo, que desde el 16 de octubre empezó a ser demolida, sin que exista claridad del monto que se invertirá para su reconstrucción, ni el tiempo que transcurrirá para que los niños nuevamente puedan hacer uso de las instalaciones.

Por ello consideró necesario que el gobierno del estado dé a conocer al Legislativo los dictámenes de cada una de las 254 escuelas afectadas que reportó la SEG y toda la información relativa al presupuesto que se destinará a cada una ya sea para rehabilitación o reconstrucción.