Chilpancingo.- Las fracciones parlamentarias del PRI y el PVEM frenaron un exhorto dirigido al gobierno del estado por el que el Congreso de Guerrero solicitaría la expedición del reglamento de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno, a fin de que se etiquete más presupuesto a la atención de este problema y de sus víctimas.

En la sesión de este martes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos presentaron dicha propuesta, sin embargo sólo tuvo el respaldo del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, lo que no fue suficiente para que se resolviera como un asunto de urgente y obvia resolución, en consecuencia fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

El planteamiento fue promovido una semana después de que colectivos de desaparecidos y comunidades desplazadas reclamaron a los diputados locales que, pese a ser representantes populares, han hecho muy poco para atender a las familias víctimas de la violencia.

Las organizaciones exigieron al Congreso que en el presupuesto de egresos de 2018 los legisladores incrementen los recursos destinados a todas las instituciones que brindan acompañamiento y asesoría a las familias que enfrentan esa situación.

Pese a esas exigencias, los diputados del PRI y PVEM frenaron el exhorto.

En la exposición de motivos, el coordinador parlamentario de MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien es integrante de la Comisión, recordó que los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Principales Resultados Guerrero, establecen que en el 39 por ciento de los hogares del estado hubo, al menos, una víctima del delito durante el 2016.

Expuso que la inseguridad y los delitos cometidos en Guerrero el año pasado representaron un costo de 5 mil 507 millones de pesos, “alarmante dicho dato, ya que con esa cantidad bien podría destinarse para la construcción de viviendas en la entidad”.

Mejía Berdeja indicó que, de acuerdo a la ENVIPE, en Guerrero se denunciaron el 2.8 por ciento de los delitos, de los que el Ministerio Público inicio la carpeta de investigación correspondiente en el 62.5 por ciento de los casos.

“Esto demuestra que en Guerrero los delincuentes cometen un delito y no son castigados, esto genera un clima de impunidad y en consecuencia la sociedad se encuentra en estado de indefensión”.

Explicó que las víctimas exigen continuamente mayores recursos para tratar de paliar las consecuencias económicas y muchas de ellas exigen a las autoridades que asuman la responsabilidad que les corresponde, para que no aumente el número de afectados en la entidad.

El exhorto que fue frenado por la mayoría legislativa planteaba solicitar al ejecutivo estatal expedir el reglamento de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado, contemplando que la dirección general de seguimiento, control y evaluación de asuntos de derechos humanos cuente con mayor autonomía y con los recursos suficientes para la atención integral de las víctimas de desplazamiento forzado.