México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República que, en coordinación con las autoridades correspondientes de las entidades federativas y municipios, fortalezcan las acciones para la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
Las y los legisladores hicieron un llamado a las secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales, para que suscriban convenios y estrategias de coordinación con las fiscalías de Justicia locales, a fin de establecer programas especiales dirigidos a disminuir las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.
Además, pidieron que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda, denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas.
En el dictamen se destaca que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de enero al 14 de abril de este año, las entidades con el mayor número de personas desaparecidas y que continúan en la misma situación son: Morelos, con 111 casos; Ciudad de México, con 114; y Estado de México, con 124.
Estos datos, señala el documento, constituyen un porcentaje de aproximadamente 54 por ciento de las desapariciones; por lo que, con la suma de los casos de Jalisco, Nuevo León y Zacatecas, el porcentaje aumenta hasta el 70 por ciento.
Según el informe más reciente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, se incrementó la desaparición de niños, niñas y mujeres, a raíz del contexto de la pandemia por Covid-19, casos que están vinculados directamente con la trata y explotación sexual o sustracción de menores.
En otro dictamen que aprobó la Comisión Permanente, las y los legisladores solicitaron a las 32 entidades federativas fortalecer el andamiaje jurídico y las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a su dignidad humana.
En este documento se señala que aproximadamente siete mujeres son asesinadas al día y que en lo que va del año, se han registrado alrededor de 319 feminicidios, “una cifra realmente alta”.
Adicionalmente, fue aprobado un exhorto al Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que se implemente una política pública integral y eficaz, así como los protocolos especializados con perspectiva de género, para asegurar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.
Senadores y diputados también solicitaron que el Poder Ejecutivo de dicha entidad y la Fiscalía General de Justicia estatal instrumenten y apliquen protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, feminicidios, trata de personas, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
La senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena, precisó que el objeto de los dictámenes es fortalecer las medidas y acciones de coordinación para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
La tarea, agregó, es legislar con ese propósito, para que las entidades homologuen sus andamiajes jurídicos y que las fiscalías de justicia locales generen mecanismos para disminuir las desapariciones y fortalezcan los mecanismos de búsqueda.
De Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán puntualizó que el gobierno actual ha generado casi 13 mil asesinatos de mujeres. Además, reclamó que, ante la inseguridad persistente, se violente la ley y la Constitución en un acto político en el Estado de México y no se preocupen por las mujeres.
Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, aseguró que la situación de violencia que enfrentan las mujeres en México refleja una profunda crisis que viene desde el pasado y es una expresión manifiesta del sistema patriarcal en el que vivimos, por lo que es importante encontrar soluciones a este problema que no ha sido atendido en 36 años del modelo neoliberal.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, dijo que el peligro que se vive en Nuevo León es evidente, no es solamente de “consideraciones políticas”, sino por la falta de un plan integral que articule políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.
