Guerrero.- La protesta de los trabajadores de servicios periciales de la Fiscalía contra la designación de María Edith Cuevas Sánchez como titular de la Coordinación General de los Servicios Periciales, vuelve a sacar a la luz la horrorosa pudrición a la que se enfrenta la nueva fiscal, la teniente coronel, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Como se ha insistido, la corrupción, la mediocridad y la ignorancia con títulos son la causa de que la población de Guerrero padezca una de las peores procuraciones de justicia del país.
Así vemos que la protesta contra esta funcionaria, recién nombrada, sacó a la luz que se trata en realidad de una delincuente en potencia. Los inconforme exhibieron al menos siete averiguaciones abiertas contra Cuevas Sánchez, por distintos aparentes delitos, algunos, incluso, podrían considerarse graves.
El asunto de estas imputaciones, ya de por muy reprobables, tratándose de alguien que trabaja en la procuración de justicia, ponen en evidencia otro tema más de fondo, y es la existencia de una red de complicidades y corrupción que entre más se escarba más apesta.
Así vemos que en marzo de 2020, el defenestrado fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, nombró como nuevo coordinador general y vicecoordinadora de Servicios Periciales, a José Manuel Martínez y María Edith Cuevas Sánchez, respectivamente. Nadie entonces dijo que María Edith Cuevas fuera una potencial delincuente, ¿por qué fue esto?
La impunidad
La pregunta no es por qué le dan un cargo relevante a una presunta delincuente, cuyo historial todos y todas conocían; la pregunta es por qué está impune, por qué no se le investigó por cada una de esas denuncias que como mínimo ameritaba que fuera suspendida porque ya no es confiable. Por menos de la cantidad de denuncias acumuladas que tiene esta funcionaria, a cualquier ciudadano común –que no trabaje en la fiscalía- ya lo hubieran metido a la cárcel varias veces.
La otra pregunta que debemos hacer es: ¿en manos de quien está procurar justicia en Guerrero?, y la respuesta obvia la arroja la protesta de los trabajadores periciales: la justicia está en manos de potenciales criminales. ¿Cuántos más con los antecedentes de María Edith Cuevas hay en esa fiscalía?
El punto es, que todos los que protestan contra la imposición de una aparente delincuente, como presupone ser María Edith Cuevas, también son responsables de que ahora asuma ese cargo, pues durante años guardaron silencio cómplice de sus denuncias. ‘Es que entonces no nos afectaba’, dirán algunos, y por eso se callaron, pero ahora que ven en riesgo su estado de bienestar acusan corrupción. En resumen: son tan inmorales, tan presuntos delincuentes, como su compañera de complicidades que ahora repudian.
Ignorantes y corruptos
El problema de funcionarios corruptos y su red de complicidades es que autoprotegen su mediocridad y su ignorancia. Muchos y muchas de esos peritos no tienen ni el conocimiento ni la experticia necesaria para desempeñarse en el cargo y eso también todos lo saben y todos lo callan.
Por ejemplo, viene a colación el caso del perito Juan Bello Mejía, un supuesto médico cirujano, perito de la fiscalía en Acapulco y hasta profesor, que ignora que las úlceras no cicatrizan con costra café en las áreas de mucosa. Así como él, hay decenas más que dicen practicar alguna experticia desde la ignorancia, la falta de preparación y de actualizaciones en sus distintas áreas del conocimiento. Solo un insensato o insensata apostaría su vida dando credibilidad a dictámenes dictados por la estulticia, pero las hay.
El caso es que, la ignorancia y los errores de los peritos los pagan los ciudadanos. Un informe pericial mal hecho, sumado a ministerios públicos también deficientes y corruptos, producen condenas injustas y graves daños a las vidas de las personas que son irremediables, y la mayoría de las veces esos errores de los peritos quedan impunes. Hasta la fecha no se conoce de algún perito en Guerrero que haya ido a la cárcel por su deficiente trabajo o al menos haya perdido su cédula.
Inmoralidad y decadencia
En la fiscalía de Guerrero es imposible creerle a los que ahí trabajan desde hace años. Todos han constituido un ámbito de bienestar forjado en la corrupción y las complicidades. Un bienestar construido en el daño a otras personas –y como hacen los delincuentes – bloquean en su mente todo tipo de remordimiento o consciencia moral. Para ellos todo está bien, los malos son otros, incluso, se ven así mismos como personas ejemplares, modelos de moralidad.
El dolor que sienten ahora, no tiene que ver con un acto de consciencia, se duelen porque ven en riesgo su estado de bienestar, de confort. Sale un grupo delincuencial y llega otro, de eso es lo que se duelen. Hablan de violaciones a derechos humanos, de denuncias, de que no hay perfil profesional como si la mayoría de los que protestan fueran modelos de conducta ética y profesional. No se duelen porque son ignorantes y mediocres y con ese actuar dañan a la gente, se duelen porque los beneficios que estaban percibiendo, ahora están en riesgo.
La falta de preparación y hasta la corrupción en servicios periciales, ya había sido reconocida por Pedro Antonio Ocampo Lara, quien estuvo al frente de esa área en 2017. En entrevista con una reportera de Bajo Palabra reconoció falta de preparación, corrupción y bajos sueldos lo que los hace proclive a la corrupción.
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Entonces, no es que tengan razón los que protestan, pues son tan delincuentes, tan despreciables como su compañera que repudian, lo que sí debería considerar la nueva fiscal es nombrar en servicios periciales a una persona no por recomendación de padrinos políticos, como seguramente ocurrió en este caso. La fiscal debería ponderar, más que mafias laborales y los tráficos de influencias que han dañado y siguen dañando la correcta procuración de justicia, el conocimiento, la preparación, la conducta intachable, habrá alguno o alguna por ahí rezagado en esa fiscalía que tenga esos valores. Hay que buscarlos, es lo que se necesita.
