Bogotá, 25 de abril.- Colombia ha invertido cerca de 10 mil millones de dólares en los programas de reparación para las víctimas del conflicto interno, aseguró hoy la directora de la Unidad para las Víctimas, Iris Marín.

Marín reveló la cifra en el Seminario Internacional Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el panel “Reflexiones sobre los desafíos y tensiones de la justicia transicional colombiana a la luz de los compromisos internacionales”.

En el encuentro que se realiza en la ciudad de Cartagena, subrayó que “14 por ciento de la población ha sufrido algún tipo de victimización, lo que convierte a Colombia en un caso único y emblemático para el reconocimiento y reparación de las víctimas”.

Resaltó que la Universidad de Harvard considera que el programa de reparaciones es el “más amplio y completo en el mundo en términos de los tipos de daños cubiertos, la variedad de hechos victimizantes y las formas de reparación contemplados”.

Reiteró que reparar el 14 por ciento de la población “exige un pacto social alrededor de la reparación y debe plantear debates en el contexto de la política macroeconómica del país”.

En este momento, cinco millones 548 mil 431 personas “son sujetos directos de atención y reparación, según las cifras del registro único de víctimas”, para atender a los cuales, se han invertido más de 20 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares), indicó.

Por otra parte, “a la fecha 303 grupos y comunidades han sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva y más de 107 mil víctimas han recibido atención psicosocial a través de diferentes estrategias”.

Sostuvo que “la Ley 1448 marca un hito jurídico y político en la historia del país, ya que reconoció la existencia del conflicto armado, a las víctimas de ese conflicto y hechos atribuibles al Estado”.

Esa Ley fijó la necesidad “de reparar a esas personas que históricamente no eran tenidas en cuenta, porque a diferencia de la normatividad anterior, no se fundamenta en un principio de solidaridad sino en el deber de garantizar los Derechos Humanos de todos los colombianos”.