México.- Tal como si fuera un camarón, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, rindió un informe de lo que antes fuera la PGR; ocupó 100 días, la terminó de descabezar, le sacó toda la mengambrea, podredumbre, la corrupción, tropelías y el despilfarro de la mafia del poder; la dejó al servicio y a conveniencia del presidente, y del mismo pueblo sabio.

El reporte incluye información sobre los dolorosos y mediáticos casos de: Ayotzinapa; la Estafa Maestra; Odebrecht y Tlahuelilpan; pero centra sus detalles radiográficos de la ex PGR en un impresionante rezago en averiguaciones previas; despilfarro económico en la adquisición de bienes inmuebles, aviones, drones, blindadas; un descontrol absoluto en las tareas y labores del personal, incluso una deficiencia lapidaria en el funcionamiento del sistema judicial, y hasta algunas propiedades sospechosamente fueron puestas a la venta.

Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver; no había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía sin ningún orden, ni verificación, por lo que el promedio general de eficiencia no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados; un Agente del Ministerio Público, conforme podía llevar un caso, ninguno o hasta mil, debido al inexistente programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación.

Se encontraron más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.

De 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, 800 habían sido adscritos a servicios de protección y seguridad a funcionarios, ex funcionarios, políticos y personas diversas.

Respecto a lo que Gertz Manero refiere como “Estructura Administrativa”, reportó una evidente anarquía, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.

De allí se desprende el despilfarro económico del personal teniendo un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios con elevadas percepciones sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación, evaluación de resultados y productividad.

Tampoco había control del gasto corriente reflejándose en gastos no justificados o inútiles; tanto en viáticos, como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación y gastos diversos no justificados. Aquí al fiscal se le olvidó reportar algún montó, pero bueno.

Dice que detectó una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas para uso de altos funcionarios y sus allegados. Gertz, habla de compras multimillonarias de aeronaves, las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado, destacando que entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.

Este rubro en particular, le dedicó un poco más de tiempo el titular de la FGR, pues dice que asimismo, en octubre de 2013, la Procuraduría adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares (cuatro millones de dólares de sobreprecio).

La presunta corrupción ventilada, da una injustificada falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, con edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; por otro lado, existen propiedades de la Institución vacías y abandonadas; además de 6 inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y que se desviaron hacia intereses particulares, lesionando gravemente el patrimonio de la Institución.

El informe de los 100 días de Gertz Manero al frente de la Fiscalía, es de poco menos de diez hojas; y referente a los gastos de Seguridad Pública, ventiló que se aplicaron los fondos en forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión adecuada, lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos, en una sola área, que no había ejercido durante años, recursos significativos en ese rubro.

En el ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, se han encontrado gastos elevados e injustificados en diversos rubros, por ejemplo, rentas, vigilancia, limpieza, jardinería, servicios, entre otros. Los neoliberales mafiosos del poder les dejaron una flota aérea de 35 helicópteros y 17 aviones. Los izquierdistas ya revisaron las necesidades reales de operación y se redujo dicha flota en un 74%, conservando solo las aeronaves necesarias para las operaciones sustantivas, y cancelando todas las unidades de lujo, que no son adecuadas para las operaciones que realiza la Fiscalía.

En los casos de compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar, o a altos precios, se han iniciado auditorías administrativas y técnicas a los contratos, analizando sus costos y su legalidad.

Sobre la adquisición de vehículos blindados, se están revisando los contratos correspondientes, a fin de determinar si existen irregularidades.

En cuanto a la infraestructura inmobiliaria, ya están reorganizando las áreas de ocupación y concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, a fin de optimizar al máximo los edificios propios, incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del INDAABIN, por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que esa Institución pretendía concesionar comercialmente por cuarenta años, despojando así a la Fiscalía General de la República de su patrimonio.

De nombres, de presuntos responsables, de carpetas de investigación apresuradas; procesos iniciados y/o cualquier otro indicio que lleve con los estafadores, el mejor fiscal en la historia de México, no dijo nada.