México.- De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado del semanario Proceso, existen nuevas evidencias que acreditan la participación activa de miembros del Ejército en la desaparición de los normalistas, en presunta complicidad con narcotraficantes.

Es por eso que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ejerció acción penal contra Tomás Zerón de Lucio, quien fue el director de la Agencia de Investigación Criminal que construyó la “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam; así como parte de su equipo.

Zerón de Lucio, quien armó la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es uno de los “actores clave” en la nueva investigación, por lo que los padres de los normalistas solicitaron proceder penalmente contra él, “no sólo por el ánimo de que rinda cuentas, sino ante todo para romper los pactos de silencio, de suerte que colabore en el esclarecimiento”.

De acuerdo con la orden de aprehensión girada en contra de Zerón y su equipo, emitida desde el pasado 10 de marzo, es por irregularidades en el caso Ayotzinapa como tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas. Reportes federales señalan que Zerón se encuentra en Canadá, por lo que la Interpol ya giró una ficha roja para su localización en el extranjero.

Este miércoles, el diario Reforma señala que como parte de la misma investigación, ayer fueron detenidos tres funcionarios, entre ellos Ezequiel Peña Cerda, ex mando en la Agencia de Investigación Criminal, vinculados a un caso de tortura por la desaparición de los 43 normalistas.

También se solicitó la captura de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la antigua PGR.

La acusación contra el ex funcionario, señala Reforma, surge de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, la cual no fue oficializada en el expediente del caso.

Ese día, Zerón llevó de manera ilegal, sin su abogado y sin registro oficial, a Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos implicados, a la zona en donde presuntamente fue encontrada, al menos, una bolsa con restos humanos.

Asegura que también ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona para localizar cualquier indicio.

El pasado 5 de marzo, los padres de los normalistas entregaron una carta al mandatario Andrés Manuel López Obrador y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar; en la que les pidieron terminar con los pactos de silencio y actuar contra varios funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, en torno a la desaparición de los estudiantes.

La reunión concluyó con la firma de un convenio de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como por la FGR, para esclarecer el caso Ayotzinapa y, “en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad” de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.