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Gobierno de AMLO buscará un modelo educativo que capacite a docentes

Esteban Moctezuma refirió que con la “evaluación diagnostica a la capacitación” del magisterio habrá una superación constante de los maestro.

Por Redacción, 2018-11-21 14:11

México. Notimex.- Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, aseveró que el nuevo acuerdo educativo nacional contempla que la evaluación de los maestros sea diagnóstica y privilegie la capacitación de los profesores.

“Esto obviamente va a significar que toda esta tensión que se ha vivido en los últimos años se va a cambiar por una vocación de superación de los maestros por ser mejores y hacer mejor su tarea”, aseveró.

Entrevistado al término de la inauguración del foro “Educación Obligatoria: necesidades de cambio”, en la Cámara de Diputados, afirmó que el acuerdo nacional va a ser algo mucho mejor de lo que había antes.

En ese sentido, Moctezuma Barragán refirió que con la “evaluación diagnostica a la capacitación” del magisterio habrá una superación constante de los maestros para que mejoren su desempeño en el aula.

Aseguró también que ya se tiene muy avanzado el nuevo paquete legislativo para mejorar en equidad y calidad la educación en México y que éste será presentado por el presidente electo la primera semana de diciembre.

Aseveró que los foros para esta materia han sido un éxito y sostuvo que la consulta está integrada por muchos aspectos, entre ellos: la entrevista directa, de las cuales se tienen un millón 700 mil, y el diálogo educativo denominado “hogar por hogar”.

En ese sentido, el próximo titular de la SEP dijo que en todo el país se han recogido opiniones de parte padres de familia, alumnos, niños y jóvenes sobre la educación pública.

Además de las encuestas que se aplicaron en cada uno de los foros que se llevaron a cabo, en dónde se tiente sistematizado todo el resultado de la participación de más de 80 mil maestros.

Refirió que también se realizó una encuesta directa a 80 mil los directores y tienen sus respuesta, lo que “también es muy importante, (pues) nunca se había hecho un esfuerzo tan grande para escuchar al magisterio”.

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Parque Jurásico sigue vivo: 43% de sindicatos pertenece al PRI

Dos de cada cinco gremios (1 mil 533 de 3 mil 579) están afiliados a confederaciones priistas como la CTM y la CROC.

Por Redacción, 2018-12-12 18:52

México.- “En México, no son más de 10 familias las que controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, dijo la doctora María Xelhuantzi López de la UNAM. Hasta este año, corroboran los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 43 por ciento de los sindicatos de trabajadores estaba concentrado en tres centrales obrerasligadas al priismo histórico: CTM, CROC y CROM.

Nombres como los de Rodolfo Gerardo González Guzmán (CROM), Carlos Aceves del Olmo (CTM), Roberto y Sergio Mendoza León (CROC), salen a relucir cuando hablamos de tres de las más poderosas confederaciones sindicales que existen en México:

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que data de 1918 y que fue la primera organización en su tipo a nivel nacional; la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada en 1936 para representar a la estructura obrera, sobre todo aquella ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI); y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que fue creada en 1952 para defender a los trabajadores y que, a lo largo de los años, fortaleció la base popular del PRI.

En la actualidad, la CTM (776), la CROC (416) y la CROM (341) son las centrales obreras con más organizaciones afiliadas a nivel nacional. De ese modo, dos de cada cinco sindicatos de trabajadores registrados ante la STPS (1 mil 533 de 3 mil 579) están ligados a ellas.

La concentración de sindicatos en este tipo de estructuras corporativistas, además de evidenciar la falta de competencia sindical en el país, devela la función del sindicalismo como “instrumento de control político”, y también, “para el enriquecimiento de los dirigentes”, explicó a SinEmbargo la doctora María Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estos grupos, que nacieron como brazos políticos del PRI y que hasta la fecha operan como centrales electorales para ciertos grupos de interés, se fueron rompiendo a lo largo de los años para generar otras centrales de trabajadores como la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

El proceso de rompimiento, confirmó Xelhuantzi, “fue al amparo del poder. No fueron pleitos entre ellos sino que fueron alentados por el propio Gobierno; sobre todo después de la muerte de Fidel Velázquez –líder y fundador de la CTM– en 1997”.

Con la escisión, no sólo se buscó controlar a los jerarcas sindicales y a las bases obreras y trabajadoras. El interés fundamental del control de los sindicatos por parte del Gobierno mexicano siempre fue “mantener los salarios bajos y que no hubiera negociación colectiva. Porque cuando no hay sindicatos, no hay negociación y, consecuentemente, los salarios nunca suben”. Es un ardid “a favor de las empresas [o grupos fácticos] cuyo efecto secundario fueron los cacicazgos”, abundó.

En México, en los últimos 18 años, el salario mínimo se duplicó al pasar de 37.90 pesos diarios en 2000, a 88.36 pesos diarios en 2018. Esto es un aumento promedio anual de 2.80 pesos, o bien, 5.3 por ciento de crecimiento promedio anual, cantidad apenas superior al promedio anual de la inflación de los últimos tres sexenios (5 por ciento), lo que implica una estancada capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

El 1 de mayo de 2018, por ejemplo, el entonces Senador priista Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, aseguró que no existían posibilidades de dar a los trabajadores un aumento salarial, debido a las condiciones políticas y económicas por las que atraviesa el país.

Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, González explicó que aunque la central sindical que representa no se opone a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, empero, debían “actuar con responsabilidad” y considerar que el 85 por ciento de los negocios que generan empleo a nivel nacional son micro y pequeñas empresas que enfrentan “dificultades económicas”, por lo cual, un aumento salarial implicaría eventuales despidos.

Por contrario, manifestó que el sector privado requiere de “certidumbre y seguridad para mantener su capital en nuestra nación y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que sigan invirtiendo sus recursos”.

En México, existen 49 organizaciones sindicales que aglutinan al 58 por ciento de todos los sindicatos laborales registrados ante la STPS. El resto (42 por ciento) está compuesto por sindicatos “independientes”.

Después de la CTM, CROC y CROM, las organizaciones con más sindicatos integrados son la Confederación Obrera Revolucionaria (67), la Confederación de Trabajadores y Campesinos (49), la Confederación General del Trabajo (40), así como el Congreso del Trabajo y la Federación Nacional del Ramo Textil y Otras Industrias (con 35 cada una).

Si descartamos a los 1 mil 501 sindicatos independientes, es decir, a los que no tienen afiliación a ninguna federación o confederación, la CTM, CROC y CROM acaparan el 74 por ciento de los sindicatos (2 mil 078) en manos de alguna organización.

Esta situación es aún más preocupante si consideramos que, el viernes 7 de diciembre de este año, la CTM y la CROC fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI) por promover los contratos de protección patronal en México, situación que obstaculiza la libertad y la democracia sindicales.

“Dichas organizaciones corporativas –recriminó la CSI– continúan realizando acciones contrarias a los principios y valores de los trabajadores”.

En el marco de una crisis sindical en México, el 9 de diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador externó que “ya no van a haber sindicatos apoyados, respaldados por el Gobierno. Ahora, los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores” con “voto libre y secreto”.

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Ministro encubridor de Fox y Calderón pide respeto a Poder Judicial

Medina Mora en distintos cargos a lo largo de su oscura carrera política ha servido a sus jefes para ocultar informaciones y reprimir (Caso Atenco)

Por Redacción, 2018-12-12 18:38

Ciudad de México.-El presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, dijo que hoy más que nunca el Poder Judicial de la Federación requiere que se le respete.

Al rendir su informe anual de labores, el ministro Medina Mora, quien es uno de los aspirantes a la presidencia del alto tribunal, aseguró que el Poder Judicial respeta a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades constitucionales.

Por ello, “hoy más que nunca requerimos que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, con los ciudadanos”, agregó ante los ministros reunidos en el Salón de Plenos.

Al hablar respecto a que el 2 de enero próximo se elegirá al nuevo presidente de la Corte, Medina Mora reconoció que en el Proder Judicial no todo está bien, pero hay “una enorme posibilidad de mejorar y hacer que los recursos tengan un mayor impacto en las necesidades de los justiciables, y a eso nos debemos”.

Ello, sostuvo, requiere unidad y un liderazgo compartido con todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, por lo que “a quien elijamos como presidente tiene que asumir este propósito como eje central de su política judicial, pues en esto se sustenta su autonomía”.

Quien asuma la presidencia del tribunal, aseveró, tiene la obligación irrenunciable de hacer las cosas mejor y usar mejor los recursos, pues no hay lugar para el dispendio o la ineficacia.

Previamente, recalcó que “no merecemos ser llamados juzgadores a menos de que estemos dispuestos a proteger el Estado de derecho, aun cuando la sociedad no esté de acuerdo con nosotros, o cuando el contexto social, político y económico sea convulso y adverso a nuestra función”.

El Estado de derecho no puede generarse a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores, por lo que se requiere de un compromiso genuino de los poderes Legislativo y Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial.

En sesión solemne, sostuvo que la diferencia entre un Estado democrático de derecho y un régimen que no lo es, no radica en un listado de derechos previstos en una Constitución, sino en un funcional y pertinente sistema de división de poderes y un adecuado modelo de contrapesos.

Después, Medina Mora hizo un reconocimiento a la integridad, dedicación, esfuerzo y compromiso de la ministra Margarita Luna Ramos, quien concluirá su encargo en febrero próximo.

Por otra parte, informó que en el periodo del informe ingresaron a la Segunda Sala tres mil 759 asuntos, que sumados a los mil seis en existencia, generaron un total de cuatro mil 765, de los cuales egresaron cuatro mil 167 asuntos, lo que representa 87.45 por ciento con el que inició el año.

Indicó que de los asuntos egresados, 31 se remitieron al Tribunal Pleno o a la Primera Sala para su resolución; 84 causaron baja por acuerdo de presidencia y cuatro mil 32 fueron resueltos en 44 sesiones que realizó la sala.

Señaló que los expedientes que quedaron pendientes de trámite y resolución fueron 598, esto es, 40.5 por ciento menos que el saldo al cierre del año anterior.

En cada sesión semanal, agregó, la Segunda Sala resolvió en promedio 91 asuntos. Del total de asuntos fallados, mil 33 fueron amparos directos en revisión; 430 amparos en revisión, 382 conflictos competenciales y 212 contradicciones de tesis.

Asimismo, 187 solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción; 206 recursos de inconformidad; y mil 104 recursos de reclamación. Se dictaron 13 mil 159 acuerdos de presidencia y se llevaron a cabo 17 mil 804 notificaciones y se emitieron 127 tesis aisladas y 131 jurisprudencias.

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Testigo asegura que El Chapo compraba cocaína a las FARC

Detalló la manera en que la cocaína era desplazada desde Putumayo, Colombia, territorio de las FARC, hasta Ecuador.

Por Redacción, 2018-12-12 18:25

México.- El narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa aseguró hoy que Joaquín El Chapo Guzmán adquiría cocaína del ahora extinto grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el juicio de Guzmán en la corte de Brooklyn, Cifuentes aseguró que entre 2007 y 2008, él comenzó a enviar la cocaína desde Ecuador debido a su temor de regresar a Colombia y ser asesinado.

Desde Ecuador, Cifuentes adquiría la cocaína principalmente del traficante colombiano Gilberto García, alias Serpa, Pastrana o Político, quien compraba la coca en el departamento de Putumayo, en una zona que era controlada por las FARC.

García entregaba esa coca adquirida en Colombia en la comunidad de San Lorenzo, en Ecuador, desde donde Cifuentes la transportaba a sus bodegas en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Cifuentes explicó que dado que las FARC controlaban la zona de Colombia limítrofe con Ecuador, esa era “la única forma” de comprar cocaína.

“Le dije al señor Guzmán que comprábamos cocaína de la FARC y le pareció bien”, declaró bajo juramento el testigo Cifuentes.

Para transportar la cocaína desde San Lorenzo a las bodegas en Quito y Guayaquil, Cifuentes explicó que pagaba sobornos al capitán del ejército ecuatoriano Telmo Castro, quien cobraba 100 dólares por cada kilo de coca que transportaba en camiones militares.