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Gobierno de Chiapas incumple obligaciones de AVG: OSC

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.

Por Redacción, 2017-04-28 12:24

Ciudad de México, (Cimac).– A más de cinco meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, no se vislumbra compromiso del Gobierno estatal por implementar acciones claras y contundentes para atender los casos de feminicidio y las múltiples denuncias presentadas por hechos violencia contra las mujeres, denunció la Campaña Popular Contra la Violencia Hacía las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

Y así lo expresaron el pasado 21 de abril integrantes de esta agrupación, conformada por diversas organizaciones que impulsaron la AVG, en una reunión ordinaria con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), para conocer el seguimiento de la AVG en el estado. Expusieron que desde la declaratoria no se atienden las obligaciones que adquirió el Gobierno de Chiapas, como la instalación de meses de trabajo para atender casos de violencia de género.

A la par, indica la organización en un comunicado, observan la falta de coordinación entre los siete municipios en alerta y el Gobierno estatal, para construir estrategias que permitan atender el problema de fondo, esto, “pese a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres”, indican.

La AVG para Chiapas fue emitida el 18 de noviembre pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tres años después de que fue solicitada. La declaratoria se hizo para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad. En dicha AVG se establecen recomendaciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.

La reunión del 21 de abril, señala el comunicado, estuvo marcada por la ausencia del Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y sin representantes de las 16 localidades de los Altos de Chiapas, situación que preocupa por “el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas”, además de “la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la Secretaria de Gobernación”.

Tampoco estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución clave, apunta la Campaña Popular, ya que es la encargada de asignar los recursos que “garanticen la implementación de acciones para el funcionamiento de la AVG a corto, mediano y largo plazo en Chiapas”.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.

Asimismo, la organización denunció la falta de capacitación de los funcionarios públicos que atienden a estas reuniones, lo que “entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos”, debido a su desconocimiento sobre el tema. Pide también una participación más activa en el seguimiento y vigilancia de la declaratoria por parte del Conavim, no sólo que trabaje como órgano moderador en las reuniones.

Por otra parte, la Campaña Popular expresó su preocupación por la falta de transparencia y el gasto de recursos para la construcción de diagnósticos y protocolos institucionales dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres, pues es información que ya está establecida en el Informe de la AVG.

Finalmente, la agrupación reprobó el uso de programas públicos dirigidos a las mujeres, porque al final tienen fines políticos y electorales, como sucede con el Programa de Inclusión Social (Prospera), señala el texto.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

La AVG solicitada el 25 de noviembre del 2013, por organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se hizo por la violencia estructural que enfrentan las chiapanecas, no por el número de casos de feminicidio, como sucedió en otras entidades.

Sin embargo, las autoridades negaron a aceptarla, aunque el estado se caracteriza por diversidad étnica y multiculturalidad, ubicado en una región fronteriza en conflicto y donde es casi nulo el acceso de la justicia para las mujeres.

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas, al argumentar que no eran suficientes los casos de feminicidio registrados.

La directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Martha Figueroa Mier, interpuso un amparo ante la negativa, la justicia falló a favor de las activistas y organizaciones, y a finales de 2014 se creó un grupo de investigación para valorar que declaratoria en la entidad.

El grupo de investigación dio la razón al Colectivo y determinó que existe una violencia sistemática contra las mujeres, situación que atenta contra sus vidas. Segob declaró entonces la AVG el 18 de noviembre de 2016, mismo día que se interpuso para el estado de Nuevo León.

Otras de las entidades que se mantienen bajo la AVG son: Estado de México, Veracruz, Michoacán, Morelos y Sinaloa, esta último declarada el pasado 31 de marzo.

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Pemex tendrá que importar crudo ante déficit para refinación

Según cálculos del 2019 al 2024 existiría un faltante para refinación de 52,000 barriles diarios de aceite en promedio, cada año.

Por Redacción, 2019-07-21 11:42

México.- A lo largo del presente sexenio, Petróleos Mexicanos (Pemex) no dispondrá de petróleo crudo suficiente para cumplir sus metas de refinación, por lo que muy probablemente tendrá que importar el faltante, según las cifras proyectadas en su Plan de Negocios 2019-2023.

De acuerdo con cálculos a partir de los pronósticos de producción e importación de petróleo y de proceso de crudo en refinerías expuestos en el plan, del 2019 al 2024 existiría un faltante para refinación de 52,000 barriles diarios de aceite en promedio, cada año.

Esta cantidad es equivalente a 5% del crudo que se prevé procesar en el Sistema Nacional de Refinación durante el sexenio. Para cada año del periodo, este monto se deduce de restar el volumen de petróleo crudo que se procesará en refinerías del volumen de aceite que queda luego de descontar a la producción las exportaciones.

Por ejemplo, para el 2019, Pemex prevé una producción de 1 millón 707,000 barriles de crudo y una exportación de 1 millón 141,000 barriles. La diferencia consiste en un volumen de 566,000 barriles de aceite disponibles para ser refinados localmente.

No obstante, para ese año Pemex anticipa que las seis plantas que a la fecha conforman su sistema de refinación procesen 643,000 barriles diarios de petróleo crudo, dando como resultado un déficit de 77,000 barriles diarios, equivalente a 12% de la meta de proceso de aceite.

Para el 2020, año en el que se proyectó mayor extracción de petróleo y menor venta en el exterior, el faltante baja a 10,000 barriles diarios, que cuentan por 1.3% de la meta de procesamiento para ese año, que es de 788,000 barriles diarios.

En los años subsiguientes, la brecha negativa crece a medida que lo hacen las metas de refinación. En el 2021 sube a 15,000 barriles diarios (1.5% de la meta de proceso de crudo), en el 2022, a 37,000 barriles (3.2%), en el 2023 a 61,000 barriles diarios (4.1%) y en el 2024, a 113,000 barriles diarios (7.6% de la meta de refinación).

Pemex prevé que el proceso de crudo en refinerías crezca 43% durante el sexenio, para pasar de 612,000 barriles diarios (menos de 40% de la capacidad de transformación actual) a 1 millón 485,000 barriles diarios (75% de la capacidad proyectada para ese año), gracias a la recuperación de la capacidad actual y a la puesta en marca de la refinería de Dos Bocas.

Sólo este último complejo refinador aportaría una producción de 320,000 barriles diarios al cierre del sexenio, pues trabajaría a 95% de su capacidad.

“Con la entrada en operación de la refinería Dos Bocas que privilegiará la producción de gasolinas y diesel, en el año 2023, la participación de la gasolina producida por Pemex en el abasto del mercado nacional alcance casi 70% de la demanda esperada”, afirma Pemex en su Plan de Negocios, difundido esta semana.

En el caso del diesel, la petrolera prevé abastecer 93% del mercado para el 2023. Menos de un tercio del mercado de ambos combustibles es abastecido hoy en día con producto refinado localmente.

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Alcocer y Espriú fueron espiados por el gobierno en los años setenta

Gilberto Guevara Niebla, coordinador de Estrategia Institucional de la SEP, también era vigilado.

Por Redacción, 2019-07-21 11:29

México.- Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de su gabinete legal fueron espiados por los gobiernos delPartido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de los 60 y 70, a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) -antecesora del Cisen-, como Jorge Alcocer Varela, titular de Salud (Ssa), y Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Gilberto Guevara Niebla, coordinador de Estrategia Institucional de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En nuevos expedientes desclasificados por el Archivo General de la Nación (AGN) se detalla que la agencia de inteligencia del Estado vigiló a los actuales funcionarios públicos en viajes que hacían a Cuba y cuando visitaban a presos políticos y a guerrilleros en la cárcel, además le daban seguimiento a los empleos en los que se desempeñaban hace 40 años.

Visitas a presos políticos

En el expediente de Jorge Alcocer Varela, actual secretario de Salud, se detalla cada una de las visitas que hizo al penal de Lecumberri y a la cárcel de Santa Martha Acatitla para convivir con presos políticos, así como los viajes que hizo a La Habana, Cuba, a inicios de la década de los 70.

En el archivo de 326 hojas se indica el seguimiento detallado que hizo la DFS sobre Alcocer Varela, iniciado el 10 de noviembre de 1968 -un mes después de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco- cuando visitó a su amiga Adela Salazar Carbajal, una activista sindical que fue detenida junto con su esposo por el Ejército en Ciudad Universitaria.

Al revisar los reportes elaborados por la extinta dependencia se encontró que Gilberto Guevara Niebla, coordinador de Estrategia Institucional de la SEP, también era vigilado, ya que se indica que ese mismo día fue visitado en el llamado Palacio Negro por una persona que tenía su domicilio en Coyoacán.

En otro reporte fechado el 8 de junio de 1968, la DFS reportó que Alcocer Varela fue a Lecumberri a visitar a su amigo Heberto Castillo Martínez, entonces profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien fue recluido por haber participado en el movimiento estudiantil de 1968. El Universal

Los expedientes desclasificados por el AGN detallan que la agencia de inteligencia del Estado vigiló a los actuales funcionarios públicos.

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Juez da prisión preventiva a general Sócrates Herrera por huachicoleo

Por Redacción, 2019-07-21 11:11

México.- Un juez federal decretó la prisión preventiva oficiosa en contra del general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, exgerente de Seguridad Física de Pemex, implicado en actividades de robo de combustible o  huachicoleo; él estaba a cargo  de manera directa por el general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estrátegica de la empresa productiva del Estado.

Fue detenido el pasado jueves 18 de junio en el puerto de Acapulco, Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos.

Tras celebrarse la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que Herrera participó de la red de funcionarios que se integró al interior de Petróleos Mexicanos para permitir el robo de combustibles.

Tras concluir también que se cumplieron con las formalidades legales en su detención y determinar que el general Herrera Pegueros permanecerá en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, la defensa solicitó la ampliación de término constitucional para combatir los datos de prueba del ministerio público, ante de que desahogue la diligencia de vinculación a proceso.