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Gobierno de Hidalgo desaloja con violencia a delegación federal

La Secretaría de Educación local dio a conocer en un comunicado que el desalojo fue un procedimiento administrativo.

Por Redacción, 2018-08-31 20:21

México.- La mañana de ayer, jueves 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) desalojó de manera ilegal y con uso de la fuerza pública a toda la plantilla de la Delegación Federal de la SEP, confirmó Daniel Fragoso Torres, titular de la dependencia.

El funcionario que ya no cuenta con una oficina para ejercer sus funciones, relató cómo es que fueron echados del inmueble que encima les pertenece.

“El 25 de julio se nos giró un oficio donde se solicitaba el inmueble, dándonos 30 días naturales para desalojar el predio en Pachuca donde se encuentra la Delegación Federal.  Fue el 22 de agosto que se contestó el mismo adjuntando copias certificadas de la Cédula de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal, del Régimen de Sucesión del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado en 2016 así como de la finalización del trámite ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) en 2017 para acreditar la propiedad”, reveló el funcionario.

De acuerdo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el inmueble competencia de la SHCP y administrado por la SEP que lleva por título “Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Hidalgo” cuenta con el Registro Federal Inmobiliario (RFI) 13-12308-0, es decir, que como argumenta el actual delegado de la SEP en Hidalgo, efectivamente es un inmueble federal patrimonio de la nación.

Fragoso Torres relató que no hubo un debido proceso jurídico para justificar sus acciones y que incluso fueron desalojados por medio de dos camionetas llenas de “granaderos” y presentando solamente un oficio, amedrentando al personal, toda vez que no hubo una orden emitida por un juez e incluso, al ser bienes propiedad de la nación, son inembargables y la autoridad estatal no tiene facultad ni jurisdicción para emitir sentencia al respecto.

“Están llevándose todo lo que se encuentra dentro de la Delegación sin que se permita la presencia de alguien que presencie los objetos y documentos que están sustrayendo. No nos dejan entrar y alegan que resguardarán los bienes en una bodega”, enfatizó.

El funcionario refirió que en los meses que lleva como Delegado de la SEP en Hidalgo no ha tenido contacto con Atilano Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública de la entidad, salvo alguna llamada telefónica a pesar de ser una acción de cortesía su reunión.

“Nunca se ha hablado del pago sobre el adeudo que tiene el gobierno de Hidalgo con la SEP, no tengo comunicación con Gobierno Estatal salvo los conductos oficiales”, argumentó.

Agregó que la situación que se vive en la Delegación es inédita en el país y que esperan que se actúe conforme a Derecho para que a la brevedad pueda haber una reinstalación de los trabajadores y que puedan volver a dar servicio.

Por otro lado, la Secretaría de Educación local dio a conocer en un comunicado que el desalojo fue un procedimiento administrativo, que se lleva a cabo dentro del Expediente SEPH 1-101*S5.3/304/2018, para recuperar un inmueble propiedad de la SEPH, que era utilizado por la Delegación Federal de la SEP en la entidad.

También menciona que una vez que fue plenamente acreditada la propiedad, la otra parte fue notificada que el edificio entraba en el Programa de Reordenamiento, que busca optimizar los recursos con los que cuenta esta Secretaría.

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Ejército asesinó a seis personas en operativo de 2014 en Edomex: CNDH

La CNDH determinó que el 30 de octubre de 2014, soldados dispararon sin identificar su objetivo y por la espalda a seis personas.

Por Redacción, 2019-08-18 11:32

México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ejército por el asesinato de seis personas, entre ellas dos adolescentes, a manos de personal militar tras un operativo en 2014 en el municipio de Luvianos, Estado de México.

La CNDH determinó que el 30 de octubre de 2014, soldados dispararon sin identificar su objetivo y por la espalda a seis personas que no habían disparado las armas que se localizaron cerca de sus cuerpos, en los hechos que en un inicio se dieron a conocer como un enfrentamiento entre fuerzas armadas y civiles. Entre estas personas fueron asesinadas dos adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas y una persona más que se encontraba secuestrada.

En la Recomendación 22VG/2019, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Luis Cresencio Sandoval González, la CNDH determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos a la vida, por el uso excesivo de la fuerza, «en agravio de seis personas que murieron, entre ellas dos mujeres adolescentes, hechos atribuibles a personal militar».

En su investigación encontró, «indicios para cuestionar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal» puesto que las seis personas que presuntamente habrían participado en un enfrentamiento con soldados, no dispararon las armas que fueron localizadas cerca de ellas en el lugar de los hechos.

Además de que se les disparó por la espalda, lo no que no corresponde con un enfrentamiento.

«Los elementos militares no acreditaron que el empleo de la fuerza haya sido diferenciado y gradual para evitar daños excesivos a las víctimas, quienes fallecieron a causa de heridas mortales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda y no se encontraban frente a frente, lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento», señala el documento.

«Tampoco se realizó uso diferenciado de la fuerza letal, puesto que personal militar refirió disparar sin identificar claramente el objetivo, aumentando el riesgo de herir a terceras personas».

La recomendación también la dirige al Fiscal General de la República, (FGR) Alejandro Gertz Manero, y al Fiscal General de Justicia del Estado de México por violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la procuración de justicia.

El Ministerio Público del Fuero Común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios.

El Agente del Ministerio Público de la Federación llegó ocho horas después de ocurridos los hechos, lo que no permitió el adecuado procesamiento del lugar y las evidencias, «ya que era necesario que interviniera de inmediato personal médico y pericial para asegurar que no se produjeran alteraciones en los cadáveres y el sitio».

El Representante Social de la Federación no ha agotado todas las líneas de investigación de la Averiguación Previa iniciada para esclarecer la muerte de las víctimas, y no se ha ordenado la totalidad de las diligencias, ni determinado la responsabilidad correspondiente.

La Fiscalía Estatal tampoco actuó con la diligencia debida en la investigación referente a la desaparición de las dos mujeres adolescentes, iniciada semanas antes de los hechos. Además, en la indagatoria realizada por el secuestro de otro de los agraviados, no ha habido avances que permitan esclarecer los hechos, lo que debe ser investigado.

La CNDH solicitó la reparación del daño, atención psicológica a los familiares, compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la Carpeta de Investigación y Expediente que se inicie por la denuncia y la queja que la CNDH formule ante la Fiscalía General de la República y ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA; reforzar la capacitación que reciben los elementos militares, procurando que su entrenamiento táctico y operativo incluya respeto a los derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza.

También deberá reiterar sus instrucciones para que se dé cumplimiento a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas; girar instrucciones para que el personal militar que participa en actividades de apoyo al mantenimiento del orden y seguridad pública, se abstenga de realizar investigaciones por su cuenta; se utilicen cámaras fotográficas, videograbación y grabación de audio para documentar los incidentes e interacciones con la población civil; capacitar al personal militar en materia de protocolos para la preservación de indicios y lugar de los hechos del delito e incorporar una copia de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas responsables de los hechos.

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Yunes sería autor intelectual de asesinato de alcaldesa: funcionario

El secretario de SSP de Veracruz además arremetió contra el fiscal estatal Jorge Winckler, a quien señaló de omiso y cómplice de la delincuencia.

Por Redacción, 2019-08-18 11:20

México.- Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, informó que el autor intelectual del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, se podría tratar del exgobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con Grupo Fórmula, durante una conferencia de prensa Gutiérrez Maldonado además arremetió contra el fiscal estatal Jorge Winckler, a quien señaló de omiso y cómplice de la delincuencia.

“Como todos sabemos, Jorge Winckler fue dejado en su actual puesto por el exgobernador para cuidar sus espaldas y para golpear mediáticamente a quien derrotó a su hijo en las urnas. Muy lejano a su tarea de procuración de justicia, el fiscal ha optado por ser omiso y cómplice de la delincuencia. ¿Cómo se puede explicar que el fiscal ocultó más de 100 órdenes de aprehensión?”, refirió.

“No es casual que, ahora que se reforzó una línea de investigación que apunta a losautores intelectuales de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, los mismos que ella señaló en su denuncia y se demostró que los autores intelectuales podrían involucrar al propio Miguel Ángel Yunes Linares, quiera su fiscal protegerlo y desviar la atención con una supuesta desaparición forzada”, agregó.

Sobre el asesinato de la alcaldesa comentó que ya se había informado que el autor material identificado como Primitivo ‘N’ trabajó para Yunes Linares hasta el último día de su gestión e incluso ingresó a la nómina, pese a sus antecedentes penales.

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Hay 11 carpetas de investigación contra exgobernador de Nayarit

También existen 17 carpetas contra el exfiscal Edgar Veytia, preso en Estados Unidos.

Por Redacción, 2019-08-18 11:06

México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que existen 17 carpetas de investigación abiertas contra el exfiscal Edgar Veytia –preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico-, de las cuales tres han sido judicializadas por despojo, extorsión, secuestro y lo que resulte, así como 11 en contra del exgobernador Roberto Sandoval.

El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce Medrano, detalló que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica UIPE, de esa dependencia, a la fecha tiene los siguientes bienes asegurados: Inmuebles, 139; Vehículos, 874; Motocicletas, 326; numerario, 4 millones 257 mil 683 pesos y 121 dólares; diversos bienes muebles, 479, y ganado, 342.

Explicó que de dichos recursos, causaron abandono a favor de la fiscalía los siguientes: un vehículo blindado con un valor de 1 millón 700 mil pesos y otro de 1 millón 200 mil pesos, dando un monto total de 2 millones 900 mil pesos.

Señaló que se solicitó el abandono de las siguientes propiedades, de las cuales se está a la espera de fecha de audiencia:

Inmueble con valor de 2 millones 828 mil pesos; otro de 834 mil pesos, uno más de 585 mil pesos; inmueble de 1 millón 324 mil pesos, otro de 1 millón 380 mil pesos y uno más de 499 mil 500 pesos, sumando 7 millones 450 mil 500 pesos”.

En tanto, el gobierno de Nayarit dio a conocer que retiró una notaría –la número 39, ubicada en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas- al exfiscal Edgar Veytia, quien se encuentra preso en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico.