México.- Los niveles de organización de los cárteles del narcotráfico, así como la intensidad de los enfrentamientos que han sostenido con fuerzas gubernamentales y que han generado más de 252 mil muertes violentas conducen a una sola conclusión: desde hace más de 10 años México ha enfrentado un conflicto armado no internacional con siete de nueve organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Esto concluye el estudio La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017: ¿Es un conflicto armado no internacional?, que elaboró la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU), a petición de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

El documento se basa en dos criterios establecidos por el Derecho Internacional Humanitario: el nivel de organización de los cárteles y la intensidad de los enfrentamientos que desde 2007 han sostenido con miembros de los cuerpos de seguridad. “Estos grupos armados organizados y las fuerzas armadas del Estado han contribuido al carácter colectivo de la violencia. Por ejemplo, de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200,000 asesinatos en México en total, la mayoría de los cuales se atribuyen a violencia relacionada con las drogas”, revela el informe.

Para llegar a esta conclusión, el CDIHLU clasificó los hechos registrados durante los sexenios del panista Felipe Calderón (2006-2012) y del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) bajo los términos que establece el artículo 8 del Estatuto de Roma. “La investigación documental requirió la recopilación, corroboración y el análisis de los datos disponibles a través de fuentes abiertas”.

El estudio plantea que a medida que se desplegaron las Fuerzas Armadas en el país los homicidios dolosos aumentaron. En primer instancia, explica, el equipamiento que utilizaron los más de 50 mil efectivos militares que se utilizaron en las operaciones constaba de armas automáticas y lanzacohetes. En contraparte las organizaciones de tráfico de drogas buscaron aumentar su poder de fuego lo que se tradujo en el uso de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzacohetes.

Las consecuencias fueron dramáticas. En el sexenio de Calderón y luego en el de Peña Nieto, expone el análisis, más de 260 mil personas se desplazaron forzadamente de sus hogares debido a la violencia relacionada con la llamada guerra contra las drogas. “Incluso ciudades enteras se han convertido en ciudades fantasmas”.

La guerra contra el narco inició en 2007, cuando los grupos delictivos comenzaron a suplir funciones del Estado.

Esta conclusión se suma a la hecha a inicios de 2019 por parte de Geneva Academy quien en su informe de febrero de 2014  afirmó que el gobierno mexicano mantiene un conflicto armado no internacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y a las hechas en abril de este año por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet a su visita a México, quien calificó a las más de 252 mil muertes violentas como propias de un país en guerra.

Pero en los próximos seis años no se avizora una mejoría. Entre sus conclusiones presentadas se sostiene que el conflicto continuará.

Para Isabel Montoya, una de las ponentes en la presentación del estudio y maestra egresada de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, las organizaciones de tráfico de drogas constituyen un desafío para el derecho internacional humanitario. “Cuando se gestaron las Convenciones de Ginebra  del 49 y los protocolos adicionales se tenía en mente otro tipo de conflictos como la Segunda Guerra Mundial y en el 70 con los protocolos se tenía en mente los movimientos independentistas de África. Entonces los grupos armados que trafican drogas no se concibieron en aquellos años, entonces en ese sentido son un desafío porque son nuevos”, argumentó.

A decir de Montoya Ramos este escenario plantea la necesidad de regular en el ámbito del derecho internacional humanitario a los grupos del narcotráfico que operan en México bajo una lógica de grupos armados. “Se tiene que pensar si hay la necesidad de regular esto bajo la lógica del derecho internacional humanitario o en el ámbito de los derechos humanos pero con otro tipo de reglas. Porque pareciera que estamos en una área gris”, sostuvo.

En tanto, la activista Mariclaire Acosta, del consejo directivo del CMDPDH, refirió que el “carácter mutante” de las organizaciones ha dificultado entender su naturaleza y diseñar una estrategia para combatir sus efectos desde la trinchera de los derechos humanos. “Operan en un territorio determinado, tienen una estructura de mando muy claro y de repente desaparecen para volver a aparecer en otra parte”, añadió.

Por lo que clasificarlos como grupos armados inmersos dentro de un conflicto interno no internacional, como lo hace el estudio, abre una posibilidad más realista de acudir ante la Corte Penal Internacional. “Esto no se va a resolver sólo con programas sociales, menos con amnistías”, sentenció en su participación.