Chilpancingo.- La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, aseguró que la irrupción de soldados del Ejército y policías ministeriales en las oficinas del Frente Progresista de Guerrero, es una estrategia del actual gobierno para enrarecer y causar miedo a los ciudadanos durante el proceso electoral de 2018.

En tribuna del Congreso, acusó también a la administración estatal de mantener una persecución y criminalización en contra de las organizaciones sociales, situación que provocó la molestia de la bancada priista que la acusó de asumir un discurso demagógico para beneficiar electoralmente a su partido.

En la sesión de este jueves, Cisneros Martínez tuvo una intervención en la que criticó y condenó la irrupción de soldados y policías ministeriales en las oficinas del Frente Progresista, en Acapulco, que se encuentran en el edificio conocido como La Coprera.

“Ninguna facultad prevista en la ley tiene el Ejército Mexicano para realizar este tipo de actos, sin mandato previo y aunque lo hubiera de parte de un Juez, el ejército no depende de órganos jurisdiccionales y es por esto que no se concibe como un acto de autoridad, sino como un acto extrajudicial intimidatorio al margen de la ley”.

El Frente Progresista es un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y magisteriales que apoyan las aspiraciones del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial del próximo año.

Cisneros Martínez expresó que es por situaciones como las ocurridas en La Coprera, que organizaciones sociales, asociaciones civiles y defensoras de derechos humanos se oponen a la llamada Ley de Seguridad Interior, que de aprobarse ampliaría el marco de actuación del Ejército.

“La nueva irrupción cometida el día 7 de noviembre pasado en el edificio de La Coprera, ahora por parte de la Policía Ministerial, sin orden judicial, se corrobora que lo realizado primeramente por el Ejército, no se trató de una equivocación o de un acto aislado o casual, sino de un acto que el estado mismo promueve en contra del Frente Progresista Guerrerense”.

La legisladora demandó al gobierno del estado una explicación respecto a las irrupciones del Ejército y la Policía Ministerial en las instalaciones del Frente Progresista; además pidió que se investiguen esos hechos que, afirmó, pretenden intimidar a líderes de izquierda, enrarecer y causar miedo en los ciudadanos rumbo al próximo proceso electoral.

En respuesta, el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón negó que exista en el actual gobierno el interés de perseguir a los movimientos sociales, y aseguró que “hoy como nunca” se ha privilegiado el diálogo y los acuerdos.

“No se aguantan las ganas, se habla en torno a un protagonismo político, en torno a ganar reflectores, a ganar la nota, alejados completamente de la realidad. Es inadmisible, inaceptable e inmoral, acusar que en el gobierno federal y estatal hay una persecución de líderes sociales en Guerrero”.

Recordó que la Policía Ministerial depende de la Fiscalía General del Estadlo (FGE) que es autónoma al poder Ejecutivo, por lo que llamó a no responsabilizar al gobierno del estado del actuar de esa corporación.

También pidió a quienes critican a las corporaciones, investigar si actualmente el edificio conocido como La Coprera se encuentra en algún litigio o si opera de manera irregular, lo que podría justificar la actuación de las autoridades.

“No se vale que se venga a este Congreso a tratar de sorprender, a tratar de ganar los reflectores y las notas, desinformando y perjudicando lo que con mucho esfuerzo hemos tratado de abonar”.

A tribuna también subió la diputada Pilar Vadillo Ruiz, quien acusó a Cisneros Martínez de asumir un discurso demagógico.