El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que si el gobierno federal no reconoce el informe que presentó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —donde determinó que en el basurero de Cocula no fueron incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa— la investigación por el caso de los normalistas se puede descarrilar y alertó que el tercer peritaje que la PGR está preparando es para insistir en que los normalistas fueron quemados ahí.

Este martes en la Ciudad de México, integrantes del EAAF sostuvieron que en los trabajos científicos de más de un año, tras la desaparición forzada de los normalistas, se concluyó que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia científica y la evidencia testimonial.

Entrevistado al final de la conferencia de prensa de los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Barrera Hernández indicó que después del informe que presentó el EAAF los padres de los 43 jóvenes buscarán que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda extender un tercer periodo de investigación para que puedan garantizar que la “verdad histórica” nunca tuvo un método científico.

Detalló que los padres de los 43 jóvenes insistirán en que se permita entrevistar a militares “y a los de la Marina como lo dijeron en el informe el EAAF, de que si los de la Marina fueron los que recogieron las bolsas (con los supuestos restos de los normalistas) en el río de San Juan —porque no aparece ninguna declaración— para saber dónde encontraron esas bolsas”.

Lamentó que a más de un año de la desaparición de los jóvenes hay aún líneas de investigación que no han podido avanzar y, al contrario, “más bien vemos una intención del gobierno federal de querer imponer un tercer peritaje, es decir: más allá de que ya se hizo ese peritaje, que hizo el GIEI, y que demuestra que realmente no hay pruebas científicas que acrediten la incineración de los 43 jóvenes, el gobierno sigue empeñado en que es importante un tercer peritaje”.

Barrera Hernández consideró que la intención del gobierno federal por imponer un tercer peritaje en le basurero de Cocula tiene la intención de “meter ahí una versión menos escandalosa: de que al final hubo incineración de estudiantes en Cocula de un número indeterminado. El gobierno sigue casado con esa versión no quiere ceder ante la verdad científica”.

—¿Después de que se cayó la “verdad histórica” no se pedirá castigo para quienes la construyeron, como Jesús Murillo Karam (ex procurador)?

—Los papás ya lo pidieron. Porque no es posible por el daño que les causaron, el dolor que ha sufrido ante una verdad que no tiene sustento, autoridades que estaban en su momento como responsables sigan gozando de impunidad, por eso han pedido que se investigue, esa es la otra línea: que se investigue y castigue a quien inventaron o construyeron esta versión para que no quede impune este hecho.