#Guerrero

Gobierno niega ejecuciones extrajudiciales en Cacahuatepec, Acapulco

Afirma que las lesiones que refiere el fotoperiodista Bernandino Hernández, agredido por policías, no son graves.

Por Redacción, 2018-01-11 22:30

El gobierno de Guerrero negó que los hechos acontecidos en la comunidad de La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, se traten de delitos de lesa humanidad, ni de ejecuciones extrajudiciales.

También afirma que las lesiones que refiere el periodista Bernandino Hernández no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos, y los hechos están siendo investigados por la autoridad competente.

Por medio de un comunicado, respondió a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), respecto de los hechos en la comunidad de La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, reafirmando su versión de los hechos.

Señala que han sido analizados y atendidos por las diversas instancias de gobierno, tal y como se dio a conocer el día 10 de enero del presente, no solo a la opinión pública sino también al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido por esta Secretaría.

Afirma que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los hechos de violencia por medio de varias llamadas al teléfono de emergencia 911, derivado de enfrentamientos ocurridos en la comisaría municipal, entre pobladores y civiles armados del Cecop.

Expone que por lo anterior, no es admisible aplicar el protocolo de Minnesota, en razón de que no se trata de delitos de lesa humanidad ni de ejecuciones extrajudiciales. En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar.

El comunicado concluye señalando que el gobierno del estado manifiesta absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos.

#Guerrero

Recibe Fepade 24 denuncias contra servidores públicos y ayuntamientos

El titular en Guerrero, Roberto Rodríguez, informó que están implicados los gobiernos municipales de Igualapa, Juchitán, Zihuatanejo, Tepecoacuilco y Huitzuco.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-24 16:31

Chilpancingo, Guerrero.- El titular de La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Roberto Rodríguez Saldaña informó que hasta este jueves sumaban 24 las denuncias presentadas contra servidores públicos y ayuntamientos, principalmente por condicionar servicios públicos y por obligar a trabajadores a participar en actividades de tipo partidistas.

Entre esas denuncias, señaló que están implicados los gobiernos municipales de Igualapa, Juchitán, Zihuatanejo, Tepecoacuilco y Huitzuco, por condicionar algunos servicios para promover la continuidad del partido en el poder.

Informó que hasta el momento, el PRD no ha presentado denuncias relacionadas con irregularidades en cuanto a la operatividad de programas sociales, que aparentemente tenían el objetivo de beneficiar a los candidatos del PRI en la capital guerrerense.

“Hay muchas versiones que se manejan en los medios, que denuncian en los medios, pero que no son presentadas ante la Fepade, en cuanto sean presentadas ante la institución, nosotros les daremos curso”, señaló.

Indicó que están en proceso las investigaciones para determinar si el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, incurrió en un delito electoral al acudir a un evento proselitista con candidatos del PRI, en horas laborales, como lo denunció la dirigencia del PRD.

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Tribunal ordena al Congreso local reinstalar a Leyva, dice abogado

El abogado aseguró que el Congreso no tiene ningún derecho ni posibilidad de argumentar nada y solo tiene que acatar la sentencia de su reinstalación.

Por Luis Jijón León, 2018-05-24 16:19

Guerrero.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Congreso local la reinstalación al cargo y funciones del alcalde con licencia de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, y garantizar el ejercicio de su encargo, luego de que en dos ocasiones el Poder Legislativo dictaminara como improcedente su reincorporación.

Consultado vía telefónica, el abogado de Leyva Mena, Julio Hernández Barros, informó que en la sesión de esta tarde, la Sala Regional del TEPJF emitió una sentencia en la que ordenó al Congreso local “la reinstalación inmediata de Marco Antonio Leyva y además que se garantice el ejercicio de su encargo, es decir que le de todas las facilidades para que pueda gobernar”.

Dijo que en fechas anteriores el TEPJF le solicitó al Congreso pronunciarse sobre el caso, sin embargo, la sentencia de esta tarde “es que el tribunal le ordena reinstalar a Marco Leyva y que garantice el ejercicio de su cargo”.

El abogado aseguró que el Congreso no tiene ningún derecho ni posibilidad de argumentar nada y solo tiene que acatar la sentencia de su reinstalación.

En abril, el Congreso local determinó improcedente la solicitud de reincorporación al cargo de Leyva Mena, argumentando que la solicitud de licencia del 16 de octubre de 2017 fue por el tiempo que resta de su periodo hasta el 29 de septiembre de este año.

Durante la fundamentación y motivación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la perredista Silvia Romeros Suárez dijo que para el Congreso las solitudes de licencia o su cancelación “no puede estar sujetas solo al ánimo, gusto o deseos políticos de los solicitantes”. El dictamen fue votado a favor por mayoría.

Ante la negativa, Leyva Mena recurrió al TEPJF quien ordenó al Congreso emitir otro dictamen fundamentado y motivado sobre el caso.

En respuesta, el siete de mayo el Congreso emitió otro dictamen en el que rechazó por segunda ocasión la reinstalación de Leyva Mena, bajo el argumento que podría desestabilizar la gobernabilidad en el municipio y afectar el proceso electoral ante la ola de demandas y malestares de los ciudadanos.

Leyva Mena impugnó dicho dictamen ante el TEPJF, quien esta tarde emitió la sentencia en la que ordena al Congreso su reinstalación.

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Guerrero: compra de votos por pobreza y marginación: socióloga

Urgente que el INE y el IEPC intensifiquen campañas de información para que los ciudadanos no vendan su voto.

Por Luis Jijón León, 2018-05-24 16:07

Guerrero.- La pobreza y marginación en la que viven gran parte de los ciudadanos en Guerrero son factores que facilitan la compra de votos de los candidatos a elección popular, advirtió la doctora en Ciencias Sociales, Olivia Leyva Muñoz.

Es necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) intensifiquen las campañas de información a los ciudadanos para que no vendan su voto.

Además, fiscalizar y vigilar de cerca a los candidatos para evitar que hagan uso de indebido de los programas sociales y compren el voto, planteó la también maestra de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Dijo que los candidatos están buscando llegar a cargos públicos como una manera de inversión similar a los empresarios, “si invierten en la campaña 1 millón de pesos, cuando estén el cargo tienen que recuperar el doble o el triple y las demandas de los ciudadanos pasan a segundo plano”.

Comprar el voto en Guerrero se facilita debido al bajo nivel escolar, la pobreza y marginación en la que se encuentra gran parte de las familias, que ven las campañas como una forma de obtener recursos para poder comprar alimentos, frente a los empleos mal pagados.

“La idea de la compra de votos y el impacto que pueda tener en las elecciones, tiene mucho que ver con el ingreso que perciben las familias, el salario no es suficiente, no les alcanza ni para garantizar la alimentación, eso significa que si un candidato les trae una despensa o dinero eso puede inducir el voto”, dijo.

Otra de las variables para la compra de votos tiene que ver con el nivel de estudios que tenga el ciudadano. “Cuando estos dos factores se juntan: el nivel de escolaridad y el nivel de ingresos de las familias, tiene impacto directo sobre la decisión del voto”.

La maestra reconoció que es difícil que los ciudadanos puedan emitir un voto informado a través de las propuestas que hagan los candidatos ante la pobreza que enfrenta la entidad.

“Es muy difícil por la situación propia de Guerrero, los niveles de pobreza y pobreza extrema lo ubican como una entidad fácil de poder comprar las conciencias por recurso o cualquier especie”.

A diferencia de otros lugares como la Ciudad de México, los ciudadanos acuden de acarreados a mítines políticos, pero lo ven como una forma de obtener dinero extra, y no quiere decir que votarán por el candidato que acompañan. En Guerrero dijo no pasa de esa manera, y los ciudadanos comprometen su voto a cambio a dádivas.

Los órganos electorales deben de vigilar de cerca a los candidatos para que no hagan uso indebido de los programas sociales o compren el voto, pues no basta solo con informar a los ciudadanos, dijo.

De acuerdo con la plataforma Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en 25 entidades del país hay denuncias de compra o coacción del voto; hasta la fecha se han recibido 151 reportes de ciudadanos.

Entre las cosas denunciadas están la entrega de despensas, carretillas, palas, empleo temporal, condicionamiento de programas sociales, sobre todo vía Prospera; sin embargo, el 18 por ciento corresponde a entrega de efectivo y el 5 por ciento a reparto de tarjetas con depósitos.