CDMX, Reuters.- El gobierno mexicano planea profundizar la evaluación de los contratos petroleros entregados a empresas extranjeras y privadas y que han estado bajo escrutinio desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido fortalecer el papel del Estado en sector energético.

Los más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados tras una histórica reforma energética realizada entre 2013/14 serán evaluados de “manera integral”, incluyendo “sus aportes fiscales y de valor de la renta petrolera”, según el programa energético para los próximos años divulgado esta semana.

Hasta ahora, el mandatario y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, habían dicho que esos proyectos debían demostrar que estaban produciendo crudo y gas para eventualmente estudiar la posibilidad de reanudar las subastas y otorgar más contratos, una reiterada petición de inversionistas del sector.

El programa no detalla cómo se llevará a cabo la evaluación, pero dice que se harán recomendaciones sobre el “cumplimiento de las obligaciones” derivadas de los contratos, así como de las asignaciones otorgadas a petrolera estatal Pemex.

Tras su arribo a la presidencia en diciembre del 2018, el gobierno de López Obrador canceló las licitaciones tanto de contratos como de los “farm outs” para buscar socios a Pemex.

En cambio, ha prometido fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegurando que la reforma energética las dejó en desventaja frente a sus competidores.

El programa sectorial reitera el apoyo a estas compañías y plantea el objetivo de que la CFE aumente su producción de electricidad, reduzca sus compras de energía a terceros, además de continuar revisando las tarifas que deben pagan otras empresas generadoras por servicios y el uso de su infraestructura.

Esto ayudaría a la estatal a “garantizar que las tarifas eléctricas en los próximos años no aumenten por arriba de la inflación”, señala el documento, a tono con la promesa presidencial de no elevarlas más allá de ese indicador.

El reciente ajuste de tarifas por la transmisión de energía, aunado a un inesperado cambio de reglas en el sector eléctrico ha enfrentado a los empresarios con el gobierno y abierto un nuevo frente de conflicto para López Obrador.