Human Rights Watch (HRW) consideró que un eventual acuerdo de justicia entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podría derivar en una impunidad sin precedente para miembros del ejército, responsables de crímenes de guerra.

En un nuevo análisis dado a conocer este lunes aquí, la organización humanitaria se refirió en particular a aquellos militares acusados de ejecuciones extra-judiciales de civiles, quienes fuero hechos pasar por guerrilleros en casos que en Colombia fueron conocidos como “falsos positivos”.

“Estamos ante un acuerdo que le hace jaque mate a la justicia”, dijo aquí José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien consideró que la impunidad que un eventual acuerdo brindaría tanto a miembros de las FARC como del ejercito responsables de crímenes de guerra, le restaría toda credibilidad al mismo.

De acuerdo con el análisis, entre los años de 2002 y 2008, brigadas del ejército a lo largo de Colombia ejecutaron “de forma sistemática” a unos tres mil civiles, con el propósito de simular un mayor numero de bajas de combatientes de las guerrillas que las reales.

Vivanco hizo notar que en algunos casos, estos asesinatos ayudaron a impulsar las carreras de algunos de los militares que sirven ahora en el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

“El conjunto de ambigüedades y lagunas incluidas en el acuerdo podría garantizar que muchos de los responsables de falsos positivos, desde soldados de rangos inferiores hasta generales, no respondan ante la justicia por estos crímenes atroces”, indicó en conferencia de prensa.

El acuerdo de justicia que el gobierno colombiano negocia con las FARC en La Habana prevé la creación de una nueva Jurisdicción Especial para la Paz que se encargaría de la mayoría, sino de todos, los casos de falsos positivos.

El análisis de HRW hizo notar que ciertas disposiciones del acuerdo permitirán que las autoridades no persigan penalmente algunos casos, en tanto que otras podrían limitar el alcance de la responsabilidad de altos mandos por los crímenes cometidos por sus subordinados.

Incluso, los miembros del ejército condenados por la Jurisdicción Especial podrían eximirse de cumplir tiempo en prisión, y decenas de los más de 600 que han sido ya condenados por la justicia penal ordinaria por estos casos podrían ser liberados bajo estas disposiciones.

“La recomendación central es que estos casos deben seguir siendo conocidos por la justicia penal ordinaria y no por esta jurisdicción especial”, indicó.

Vivanco disputó la aseveración del gobierno colombiano de que el acuerdo blindará a los miembros de la fuerza pública de nuevas investigaciones, “pero esta es una promesa vacía”.

“Si los términos del acuerdo de justicia no se modifican, es muy probable que las nuevas sentencias sobre casos de falsos positivos queden sujetas al escrutinio internacional, incluso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional” (CPI).

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