México.- Grupo México se ahorró el 39 por ciento de los recursos económicos del Fideicomiso Río Sonora, que originalmente estaban previstos para reparar el daño a 22 mil afectados por el derrame, ocurrido hace cinco años, de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

De los 2 mil millones de pesos que tenía el Fideicomiso para reparar el daño a los afectados por el derrame del 6 de agosto de 2014 en la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México ubicada en Sonora, solo se ejercieron mil 261 millones pesos, el 61 por ciento del total, denunció Luis Miguel Cano López, abogado de los Comités de Cuenca Río Sonora y consultor jurídico de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

El abogado de los Comités de Cuenca Río Sonora, que agrupan a los 22 mil afectados, señaló que Grupo México pactó con la Administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto la creación del Fideicomiso Río Sonora para minimizar sus responsabilidades en la remediación del daño en salud, ambiental y económico ocasionado por el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi.

"Se gastaron el 61 por ciento de los 2 mil millones que anunciaron con bombo y platillo. La cláusula pequeñita del contrato del Fideicomiso decía van a poner 500 millones, si hace falta más ponen otros 500 millones, y así hasta llegar a 2 mil millones, pero también decía si son insuficientes los 2 mil millones, podría considerarse que pongan más recursos. Esto no sucedió porque solo se ejerció el 61 por ciento del monto comprometido", explicó.

Tras el derrame, considerado el peor desastre ambiental del País, la administración del Fideicomiso Río Sonora estuvo a cargo de Rodolfo Lacy Tamayo, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, en 2017 este mecanismo financiero se declaró extinto por la propia autoridad ambiental justificando que el daño ya había sido reparado por la empresa a las comunidades.

Luis Miguel Cano López expuso que el ejercicio del Fideicomiso acordado por la empresa y el Gobierno federal fue opaco y sin la participación de las comunidades afectadas por el derrame.

La remediación se limitó a pagar efectivo un monto máximo de 15 mil pesos.

Mientras que los recursos restantes del Fideicomiso se destinaron a otras empresas de Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México.

"Los gastos del Fideicomiso ilustran lo injusto de tener un mecanismo sin participación de la gente, por ejemplo, destinaron recursos para que en Cinemex, de Grupo México, pasaran promocionales diciendo que el río ya estaba limpio", apuntó.

Frente a las irregularidades con las que se operó el Fideicomiso Río Sonora, Cano López destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de marcar un precedente en justicia ambiental el próximo 7 de agosto, cuando la Segunda Sala decida sobre un amparo de los Comités de Cuenca Río Sonora y se pronuncie a favor o en contra de reabrir el Fideicomiso.

"La empresa no puede quedar a cargo de reparar los daños provocados por su derrame sin participación de la gente, la protección de las personas no puede quedar a cargo de la propia empresa que dañó a las personas", enfatizó.

En caso de que la SCJN se pronuncie a favor de reabrir el Fideicomiso Río Sonora, indicó que las comunidades afectadas deberán ser tomadas en cuenta para determinar en qué se destina el dinero, cómo se aplicará una remediación total de la zona, en qué tiempo y con base a qué estudios.

'Cinco años de impunidad'

Ya pasaron cinco años, pero el agricultor Óscar Encinas todavía no se repone ni moral ni económicamente del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi de 40 mil millones de litros de sulfato de cobre acidulado, el equivalente a llenar 12 albercas olímpicas, según estima la organización PODER.

"Yo tenía mis cultivos antes de calabaza, trigo, alfalta, pero la economía ha decrecido un 70 por ciento para mí y para los compañeros que tenían muchos cultivos de maíz, cacahuate y otros de la región que tenían en el río Sonora, todos esos productos se han ido para abajo porque no tienen mercado, aparte ha decrecido en un 70 por ciento la actividad económica", afirma el agricultor, quien es representante común de los afectados del derrame ocasionado en 2014 en la mina Buena Vista del Cobre.

El hombre de 70 años sostiene que, de 2014 a la fecha, para él y para sus compañeros afectados son "cinco años de impunidad", pero está convencido de que vale la pena llevar a Grupo México hasta la (SCJN para que sea juzgado por su responsabilidad.

"Ustedes dirán, ¿por qué anda aquí este viejo con 70 años de vida? Porque no voy a luchar por mí, voy a luchar por los que vienen, por aquellos niños y niñas que vienen, ¿qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿cuál futuro de los ríos Sonora y Bacanuchi?", exige desde un templete instalado afuera de la sede de la SCJN.

"Nosotros nacimos y vivimos allí, en esa región del río Sonora, allí nos criamos, atrás de la yunta, atrás de la mula, siendo campesinos toda una vida y no queremos que Grupo México siga empuercando nuestras tierras, no queremos otra repetición, queremos respeto".

A la demanda del agricultor se une Irene Moiza, originaria del municipio de Ures Sonora y quien también resultó afectada por el derrame de la minera.

"Son cinco años de impunidad, de enfermedad, de ver cómo ha afectado afectado el cáncer a nuestras comunidades, de que nuestros animales mueran sin explicación. Son cinco años de incertidumbre, de angustia, de no saber si el agua está contaminada, si los productos que cultivamos están contaminados y si nosotros o nuestras y amigos están sanos o enfermos", dice Irene.

"Son cinco años de no saber si las purificadoras realmente funcionan, cinco años de ver que nuestros cultivos no crecen, que la tierra y el agua no son como antes, cinco años de crisis económica, cinco años de estar comprando garrafones de agua".

Tanto Óscar como Irene acudieron este lunes a la sede de la SCJN para que exigir que se reabra el Fideicomiso Río Sonora y que se garantice una remediación en las cinco zonas afectadas.