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«Guardia Nacional no romperá su ADN militar», alertan activistas

Organizaciones de derecho humanos expusieron que las fuerzas castrenses debieron recibir desde hace una década capacitación en materia de derechos humanos

Por Redacción, 2019-05-17 10:59

México.- La sociedad civil seguirá de cerca la actuación de la Guardia Nacional, sobre la cual deberán reforzarse «todos los controles posibles» pues es difícil que sus integrantes rompan la inercia de una formación militar, sostuvo el activista Humberto Guerrero.

Expuso que las fuerzas castrenses debieron recibir desde hace una década capacitación en materia de derechos humanos, tras la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió al Gobierno de México en noviembre de 2009 por el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.

Destacó que, en el marco del acompañamiento que las Naciones Unidas otorgará a la creación de la Guardia Nacional en su formación y operación basada en respeto a los derechos humanos, debe contarse con mecanismos de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas para evitar nuevos incumplimientos a sentencias internacionales o nacionales.

Luego del nombramiento del general brigadier en retiro Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, reconoció que este nuevo cuerpo de seguridad pública en sí mismo no es la solución a los problemas de inseguridad que vive el país, pero es un avance.

“Es difícil hablar de un beneficio de la duda (para la Guardia Nacional) porque la consecuencia de una equivocación en este tema son vidas humanas (…) y ahora lo que toca es reforzar todos los controles posibles, sobre todo cuando el tema de seguridad se colocó entre la población por encima de temas como el empleo o la economía”, expresó en entrevista.

A pregunta expresa, indicó que la sociedad civil seguirá de cerca la actuación de la Guardia Nacional, al igual que lo ha hecho desde hace muchos años con diversas políticas de seguridad pública que se han puesto en marcha.

“Aún está por definirse qué mecanismos establecemos (para seguir de cerca la actuación de la Guardia Nacional)”, acotó el coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Información.

Al abundar sobre la capacitación que en materia de derechos humanos recibirá la Guardia Nacional por parte de Naciones Unidas, dijo que ésta no generará por sí misma los cambios que en esa materia requiere el nuevo cuerpo de seguridad pública si antes no se dejan atrás las inercias con las que se conducen sus integrantes, aunado a la desconfianza que persiste entre la población.

Recordó que, en teoría, los medios castrenses debieron recibir capacitación en materia de derechos humanos desde 2009, tras la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Radilla Pacheco, ocurrido el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en Guerrero.

Entonces, “el tema no es la capacitación de derechos humanos, sino más bien cómo estamos entendiendo esa capacitación”, porque de nada servirá que en su currícula aparezca que tomaron varias horas de instrucción si en la práctica no se genera un cambio de conducta de las autoridades para ser más respetuosas de los derechos humanos.

Consideró que una capacitación que busque generar cambios sustanciales es aquella que implique que la formación que reciban los elementos castrenses o de cualquier otro cuerpo de seguridad “sea completamente bajo un paradigma de seguridad ciudadana. Es decir, que la finalidad de la función policial sea la protección de derechos humanos”.

En el caso de la Guardia Nacional, que estará conformada por elementos de policía Naval y Militar, así como Federal, “implica que ese personal ya recibió formación bajo cierto paradigma militar, lo cual implica que a estas alturas de su formación no cambie de la forma radical que se quiere”.

Para el activista y egresado de la licenciatura de Derecho por la UNAM, ninguna solución que se maneje como única y que va a resolver el problema por sí sola es realista. Además “persiste el temor de que es gente que no está preparada para ejercer funciones de seguridad pública, lo cual implica varios desafíos”.

Esto es, añadió, será difícil que se rompa la inercia de una formación militar y de un entendimiento de sus funciones, “más en la lógica de la formación militar, por lo que va a costar tiempo el que se asuma como una corporación de carácter civil, no sólo por el mando sino por el componente de que es gente con bases militares”.

En su opinión, seis años puede ser un tiempo razonable para conformar un cuerpo de seguridad maduro, sólido, pero la continuidad va a ser importante, porque la Policía Federal es un ejemplo de una corporación que sufrió varios cambios y, según él, “el resultado ya lo vemos: una institución que no estuvo a la altura de los retos de seguridad del país”.

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AMLO hace fiesta LGBT pero no impulsa el matrimonio igualitario

López Obrador no consideró que no es necesario aprobar el matrimonio ya que “están garantizados los derechos de las personas a ejercer su libertad”.

Por Redacción, 2019-05-19 14:43

México.- Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, e hizo énfasis en que su gobierno no permitirá la discriminación y es respetuoso de las libertades.

«Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos: es democracia, libertad y justicia” remarcó.

Por su parte, Alejandra Hass Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), afirmó que se ha trabajado para apoyar con servicios de salud dignos, inclusión e igualdad laboral y en la creación de espacios libres de discriminación y violencia a las personas de diversidad sexual.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de impulsar una ley federal que garantice los matrimonios entre personas del mismo sexo, López Obrador no consideró que sea necesario ya que “están garantizados los derechos de las personas a ejercer su libertad”.

“Ya hay un marco legal establecido. Las leyes, tanto en lo que tiene que ver en la federación en los estados, ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y eso es lo que se va a respetar, básicamente”.

Ante esto el presidente declaró que se respetarán las leyes que ya existen pero consideró que ya están garantizados los derechos de las personas para ejercer su libertad.

Si bien en algunas entidades ya está aprobado el matrimonio igualitario, como el caso de la Ciudad de México, la negativa del presidente de llevarlo al Congreso obliga a las personas a tener que recurrir en algunos lugares del país a los fallos de la Corte Suprema para poder ejercer sus derechos.

Las declaraciones de la presidencia contrastan con la situación real de los derechos de la comunidad LGBTI, que actualmente enfrenta una avanzada de grupos religiosos, como la iglesia evangélica que se alió a la campaña de López Obrador para la presidencia, representada por el hoy extinto partido Encuentro Social.

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Morena y PRI, líderes en inasistencias en el Senado

Los legisladores del PRI tuvieron, por ejemplo, una media de 30 faltas por cabeza, seguido de los de Morena.

Por Redacción, 2019-05-19 14:30

México.- Los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) fueron proporcionalmente los más faltistas del segundo periodo ordinario de votaciones de la LXIV Legislatura (2018-2024).

Entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019 hubo, en promedio, una sesión de votación cada cuatro días. Y en promedio, uno de cada seis senadores no se presentó a votar. Los legisladores del PRI tuvieron, por ejemplo, una media de 30 faltas por cabeza, seguido de los de Morena, PVEM y PAN, cuyos legisladores tuvieron 20 ausencias en promedio por cabeza.

Inclusive los 10 senadores más faltistas (siete morenistas, dos priistas y un panista) provinieron de alguno de estos partidos. Entre ellos destacan Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (85 inasistencias en 126 sesiones), Carlos Humberto Aceves del Olmo (84) e Ifigenia Martínez Hernández (76).

Pese a que el 60 por ciento de los senadores faltó por lo menos a uno de los 23 días de sesión ordinaria con votación, y a pesar de que sólo tres legisladores –el petista con licencia indefinida desde mayo, Alejandro González Yáñez, así como los morenistas Martí Batres Guadarrama y Mónica Fernández Balboa– no faltaron una sola vez a votar, las inasistencias no implicaron necesariamente que los funcionarios públicos dejaran de laborar o faltaran a sus responsabilidades como legisladores.

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PAN denuncia a Bienestar ante Fepade e INE por favorecer a Morena

Desde el gobierno federal se busca crear una red clientelar con fines electorales a través de la entrega de apoyos sociales, acusa Acción Nacional.

Por Redacción, 2019-05-19 13:58

México.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar por favorecer a los candidatos de Morena.

“Acción Nacional presentó una queja ante el INE y una denuncia en la Fepade contra los funcionarios de la Secretaría de Bienestar y quienes resulten responsables de posibles delitos electorales, a fin de que se detengan y sean castigados”; expuso Cortés en un comunicado.

El panista aseveró que desde el gobierno federal se busca crear una red clientelar con fines electorales a través de la entrega de apoyos sociales.

“Vemos con mucha preocupación que, en lugar de buscar reactivar la economía, disminuir la violencia y brindar seguridad a los mexicanos, el presidente de la República y su gobierno estén más preocupados en apoyar a los candidatos de Morena repartiendo ilegalmente tarjetas para el bienestar entre la población de los seis estados donde habrá elecciones”, afirmó.

Cortés afirmó que el presidente López Obrador sigue en campaña entregando apoyos económicos a fin de ganar elecciones, en lugar de resolver los problemas que aquejan al país como la violencia y la incertidumbre económica.