México.- En noviembre de 2018, justo un año antes de que sicarios ejecutaran a nueve estadounidenses de una comunidad mormona en Chihuahua, otra región del norte de México se estremeció por el homicidio de dos jóvenes nacidos en EU. Ese crimen también tenía la huella del narcotráfico: los sacaron por la fuerza de un complejo de apartamentos en Tijuana, los hincaron y les dieron un tiro en la cabeza.

El asesinato de la familia LeBarón es solo el caso más reciente de ciudadanos estadounidenses que han sido víctimas de la delincuencia y la guerra territorial entre los carteles de la droga en México. Desde julio de 2014 y hasta junio de este año (el dato más reciente), 366 personas de este país perdieron la vida de manera violenta al otro lado de la frontera, de acuerdo con cifras del Departamento de Estado de EU.

Durante los primeros siete meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 31 estadounidenses fueron asesinados en estados que sufren los embates del narcotráfico: Chihuahua, Baja California, Sonora, Guerrero, Colima y Jalisco. Ese conteo no incluye a los LeBarón.

Cabe señalar que dicha cifra de homicidios ha ido en descenso en los últimos cinco años. Entre julio de 2014 y junio de 2015 hubo 82 asesinatos, esto es 20 menos que lo reportado entre julio de 2018 y junio de 2019, según estadísticas sobre ciudadanos de EU muertos en el extranjero.

Estos números, sin embargo, contrastan con los más de 17,000 crímenes registrados en el primer semestre de López Obrador, que es el más violento en la historia en ese país.

“La seguridad de nuestros connacionales es nuestra gran prioridad”, expresó en su cuenta de Twitter el embajador de EU en México, Christopher Landau, al referirse a la masacre de los LeBarón. “Estoy siguiendo muy de cerca la situación en la sierra entre Sonora y Chihuahua”, enfatizó el funcionario.

Por su parte, el presidente Donald Trump le ofreció a López Obrador apoyo militar para derrotar al crimen organizado. “Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, mencionó el mandatario en un tuit publicado el martes.

El noroeste de Chihuahua, en los límites con Sonora, donde fueron atacados los LeBarón este lunes, no se encuentra entre las zonas de mayor riesgo del vecino país, de acuerdo con las alertas emitidas por el Departamento de Estado. Esa región está marcada con color naranja, que significa “reconsiderar viajar”.

Con rojo o nivel 4, que significa evitar la zona “debido al crimen” y los “secuestros”, marca a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

“Los crímenes violentos y las actividades de pandillas están extendidos” en todo Chihuahua, advierte el reporte más reciente del gobierno estadounidense.

“Si bien la mayoría de los homicidios parecen ser asesinatos selectivos realizados por organizaciones criminales, las batallas entre grupos criminales han resultado en crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos de EEUU”, agrega el informe.

Además, recomienda a los empleados del gobierno de EEUU viajar solo durante el día por ciertas carreteras de la ciudad de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Ciudad Juárez y Palomas. “Está prohibido” recorrer el resto del territorio chihuahuense, indica el Departamento de Estado.

Ese conteo de asesinatos no incluye el caso de tres niñas estadounidenses que a finales de agosto fueron ejecutadas con rifles de asalto en una calle de Ciudad Juárez. En la balacera también falleció el tío de las menores. La cadena CNN reportó que los criminales hicieron más de 100 detonaciones.

Mientras la tasa de crímenes sigue en ascenso, el presidente mexicano asegura que su enfoque es pacificar al país sin enfrentar de frente a los grupos delictivos, como hicieron sus antecesores. Siguiendo esa nueva política, el mandatario respaldó la liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el 17 de octubre en Culiacán. En medio de una ola de contradicciones, su gobierno cedió ante la violenta reacción del cártel de Sinaloa.

“López Obrador ha seguido siendo popular, aunque sus negaciones de que los niveles de homicidios han seguido aumentando y sus críticas a la prensa por no realizar una cobertura más positiva han generado preocupación entre algunos observadores”, menciona el reporte ‘México: crimen organizado y organizaciones de tráfico de droga’ que publicó en agosto el Servicio de Investigaciones del Congreso.

“Algunos analistas cuestionan su compromiso para combatir la corrupción y reenfocar los esfuerzos para frenar la violencia relacionada con el crimen en México, pasando del uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen a enfoques menos convencionales, como la legalización de algunas drogas”, agrega.

El informe señala que en Chihuahua la tasa era de 59 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2018, la cuarta más alta del país, solo debajo de Colima, Baja California y Guerrero. Se trata de lugares que disputan los pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora el más grande de México, según la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En Tijuana, donde los sicarios del CJNG y del cartel de Sinaloa disputan calle por calle el control de la venta de droga al menudeo y el acceso de cargamentos de narcóticos hacia EEUU, al menos 11 estadounidenses fueron asesinados entre el 30 de julio de 2018 y el 21 de mayo de este año. En ninguna otra ciudad mexicana murieron tantos ciudadanos de este país.

Si bien el gobierno de EEUU señala que “la actividad criminal y la violencia, incluido el homicidio, siguen siendo una preocupación principal en todo el estado”, ha puesto a Baja California en el nivel 2 o intermedio en su escala de alertas de viaje.

Una de las víctimas en Tijuana fue Larry Macy, quien estaba en el restaurante ‘Mariscos El Paisa’ en la colonia Camino Verde cuando lo balearon fatalmente. Sucedió a finales de 2017.

Un análisis de Univision Noticias publicado en 2016 encontró que en los primeros tres años y medio del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (quien salió en diciembre de 2018) ocurrieron 287 asesinatos en Tijuana de ciudadanos de EEUU, esta cifra es 70 más que en la primera mitad de su antecesor Felipe Calderón, precursor de la guerra contra el narcotráfico.

También se encontró que en un período de 14 años (hasta 2016), 928 nacidos y naturalizados estadounidenses fueron asesinados en México, la gran mayoría dentro del período en que escaló la violencia por la disputa territorial de los carteles de la droga.