Guerrero.– El ataque a la balazos contra el vicefiscal Ramón Celaya Gamboa por parte del grupo criminal que se escuda bajo las siglas de una supuesta policía comunitaria como la llamada UPOEG, vinculada a la facción criminal de “Los Rusos”, es prueba más que suficiente de que la Fiscalía a cargo de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, está haciendo su trabajo en el combate a grupos criminales que tienen el control de varias regiones de Guerrero.
Durante años, la indolencia y la complicidad de los gobiernos estatales pasados dejó crecer el cáncer de las pandillas armadas, cuyo negocio es el narcotráfico, el secuestro y el cobro de piso. Ninguno de los gobernadores anteriores a Evelyn Salgado quiso tocar esas células del crimen porque todos mantuvieron un nivel de colusión con los conocidos cabecillas regionales.
Entre estos gobernadores apáticos, está el nefasto gobierno del priista Héctor Astudillo y sus corruptos fiscales: Xavier Olea y Jorge Zuriel de los Santos, retratado con narcos, como la prueba más inmediata de esa complicidad que les dejó muerte y dolor a los guerrerenses.
Sumado a esta complicidad con el crimen que, desde hace más de una década, impide el libre crecimiento económico y empresarial en esta entidad, se agrega la multimillonaria corrupción en la obra pública: construcción de escuelas, caminos, calles y puentes, que ha sido desde siempre, el modo de enriquecerse de quien esté en el cargo del poder estatal. Este es el otro crimen contra Guerrero.
Pese a todo, no se debe dejar de reconocer que sin la voluntad de la gobernadora Salgado, no habría tampoco ninguna acción judicial contra el crimen, por más que la fiscal militar quisiera.
En los gobiernos anteriores era impensable que los vicefiscales de investigación se metieran con los grupos criminales, mucho menos declararlo públicamente, pues eran cobardes y cómplices.
Ahora, sin lanzar campanas al aire, con prudencia, vale la pena reconocer el trabajo emprendido por el vicefiscal de investigación Ramón Celaya, quien ha dicho que “la Costa Chica y Acapulco no pueden estar bajo el control de la UPOEG y de “Los Rusos, no vamos a permitir que impongan terror en la zona”. El mismo mensaje fue hace unos días para los hermanos Hurtado Olascoaga, en Tierra Caliente.
Al parecer, el gobierno de Guerrero ya tiene claro que si no impone un verdadero Estado de derecho, el crimen arruinará la única economía de la que medio sobrevive este estado que es el turismo en Acapulco y la Costa Chica. La extorsión, el secuestro y el asesinato por el cobro de piso, como el ocurrido al presidente de los bares de Acapulco, hace unos días, está condenando a esta entidad al abandono.
Y es que el gobierno de Guerrero perdió el control de sus regiones por la apatía de sus gobernantes. En Tierra Caliente gobiernan los hermanos Hurtado Olascoaga (La Fresa y El Pez), en la zona centro y la sierra, Los Tlacos (Onésimo Marquina Chapa “El Necho” ó “El señor del mal”, en Iguala “la Bandera” de Jesús Brito, “Chucho Brito” o “El Marranero”, asociado con lo que queda de “Guerreros Unidos”, con el “Cholo Palacios”, en Acapulco y Costa Chica, “Los Rusos”, “La Empresa”, “Los Capuchinos”, entre otras pandillas armadas,
Ante lo inhabitable que será Guerrero en los próximos años si no se combate el crimen, la gente de esta entidad debe entender que respaldar las acciones del gobierno contra la criminalidad es la única salida que existe, lo otro, es convertirse en esclavos de la delincuencia que ya tiene sometida con el terror a una gran parte de la población. El último informe de Estados Unidos indica que de 32 estados del país, el sanguinario Cartel Jalisco ya tiene control en 28, eso incluye Guerrero.
Sin soslayar que hay errores y que hay pendientes, ni que todo es lo más honesto que se quisiera, también es noble reconocer que la gobernadora Evelyn Salgado, la fiscal Sandra Luz y el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya han demostrado que hay diferencias y que están dando la lucha por liberar al estado del control del crimen en todas sus modalidades. Las nuevas autoridades de Guerrero han demostrado que los ciudadanos pueden volver a confiar. La batalla es larga y muy dura, pero lo es más, si los ciudadanos no apoyan las acciones de su gobierno.
Del expediente
Si bien se reconoce y se apoya la riesgosa campaña contra los grupos del crimen que lleva a cabo el vicefiscal Celaya, también se debe recordar que el combate a la apatía, la prepotencia, corrupción y la falta de interés de los funcionarios al resolver sobre peticiones de los ciudadanos, es otra lucha que se debe dar al interior de esa institución. Un mes tardó la oficialía de partes de la FGE en entregar al vicefiscal un escrito –denuncian abogados-, y otros dos meses para que Celaya Gamboa responda, si es que responde porque, dicen, que está muy ocupado persiguiendo narcos. El tortuguismo es un aberrante crimen contra el derecho a una procuración pronta y expedita a las y los ciudadanos.
