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Guerrero, campo minado para elección de 2018 | ANÁLISIS

Ante la ausencia de garantías de legalidad e imparcialidad, seguridad y justicia, los candidatos estarán expuestos a todo tipo de violencia.

Por María Mercedes del Palmar, 2018-01-09 23:55

#Elección 2018.- El proceso electoral en Guerrero está en marcha, y ya se sienten sus primero efectos. La violencia y la criminalidad enraizada en los distintos estratos de esta sociedad será el factor que determine, al final, hacia dónde se moverán las diferentes piezas de la cosa político-electoral y, posiblemente, en algunas regiones será la que imponga gobiernos y autoridades.

Anuncios y advertencias también ya se han emitido a tiempo sobre el riesgo de la intervención del crimen en esta elección de 2018, pero parece que a la autoridad electoral federal y local no les interesa atender, y recurren al viejo recurso de esconder la basura bajo el tapete. No ven factores de riesgo en Guerrero, dice el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación “Ciudadana” de Guerrero (IEPC), a cargo de un connotado priista.

El año pasado cerró con la desaparición y muerte de varios políticos que aspiraban a algún cargo de elección popular, incluso, aún en los primeros días de este 2018, ha continuado esta tendencia.

A finales del 2017, fue asesinado el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, el edil buscaría reelegirse. También en la región de la Costa Grande, controlado por grupos del crimen, fue asesinado el aspirante priista a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Adolfo Serna Nogueda.

El Partido del Trabajo, alertó hace una semana de la falta garantías de seguridad para que los aspirantes y candidatos puedan realizar acciones electorales sin riesgo.

El delegado del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, Victoriano Wences Real, pidió al gobierno garantizar la seguridad para que los candidatos puedan salir a la calle hacer campaña, ante los asesinatos de políticos y aspirantes a elección popular en la entidad.

“Tienen que dar garantías para que los candidatos puedan salir a la calle, la seguridad le corresponde al gobierno del estado y al gobierno federal, que nos puedan dar seguridad para que todos podamos ir y llevar las propuestas”, dijo. https://bajopalabra.com.mx/pt-pide-garantizar-seguridad-a-candidatos-para-hacer-campanas.

También la semana pasada, el empresario y excandidato a la alcaldía de Chilpancingo por Movimiento Ciudadano (MC) en 2015, Pioquinto Damián Huato advirtió que la delincuencia organizada busca imponer candidatos a través del terror y el asesinato en el proceso electoral de julio.

“¿Cómo te mueves?, ¿cómo vas hacer campaña? Yo no veo condiciones cómo podamos hacer campaña. La verdad que no me gustaría andar en campaña”, expresó a Bajo Palabra. https://bajopalabra.com.mx/narco-busca-imponer-candidatos-en-guerrero-a-traves-del-terror

En 2014 durante el gobierno del priista Mario Moreno Arcos, Damián Huato fue atacado a balazos en medio de los señalamientos que hacía al gobierno municipal de Chilpancingo por la violencia y sus supuestos vínculos con el crimen.

Pero pese a todos estos indicios y advertencias, para la autoridad electoral local, en manos de un connotado priista, la violencia no afectará las elecciones en Guerrero, afirma, aun cuando los muertos están a la vista.

En el habitual tono y lógica de los funcionarios priistas, el presidente del Instituto Electoral y de Participación ‘Ciudadana’ (IEPC) en Guerrero, Nazarín Vargas Armenta dijo que el organismo no se ha visto afectado por la situación de violencia que registra la entidad, y descartó solicitar medidas de seguridad para el desarrollo de sus actividades.

En entrevista con Bajo Palabra, Vargas Armenta se negó asumir una postura sobre la violencia y la forma en cómo podría afectar el proceso electoral, al igual que los asesinatos de políticos, y argumentó que el IEPC se limitará a la organización del proceso electoral y no se meterá en temas relacionados con la seguridad, cuando la inseguridad es el tema en estas elecciones.

“Nuestra responsabilidad como órgano electoral se limita a organizar actividades propias del proceso electoral, el tema de la seguridad pública es un tema que habrá de definir, establecer las autoridades que tienen esa responsabilidad”, argumentó. https://bajopalabra.com.mx/violencia-no-afecta-elecciones-en-guerrero-iepc

Impunidad y corrupción

A la violencia contra candidatos, se debe considerar también la otra violencia que igualmente está relacionada; la que se genera en esas grandes zonas grises donde operan los grupos de “autodefensa” y criminales.

Decenas de estos grupos controlan y se enfrentan en zonas electoralmente decisivas, Acapulco es una de ellas. En este lugar, recién, en un poblado de la zona rural, una balacera, que aún está sin precisar del todo quiénes comenzaron la agresión, dejó 11 personas muertas y decenas de comunitarios detenidos. La acción de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado en este evento está sujeta al escrutinio y la desconfianza pública, pero también del otro lado donde invocan supuesta intervención por el ya olvidado proyecto La Parota.

Misma situación ocurre en otras partes, como en Chilpancingo donde la policía municipal ha sido señalada de entregar a varios jóvenes detenidos al crimen. Hecho destacable es la participación de agentes judiciales de la Fiscalía de estado al servicio de los grupos criminales que hacen las veces de sicarios y torturadores. Para justificar detenciones arbitrarias, inventan supuestos delitos y dictámenes alterados para crear culpables. En Chilpancingo, varios jóvenes fueron desaparecidos varias horas y luego aparecieron torturados y acusados de varios delitos.

Con todo esto, en Guerrero no existen realmente garantías de legalidad e imparcialidad, seguridad y justicia para llevar a cabo el proceso electoral de 2018. Los candidatos estarán expuestos a todo tipo de violencia.

La contaminada atmósfera en la que se realiza ya el proceso electoral en Guerrero: la violencia, la impunidad, la corrupción y colusión de autoridades con el crimen, no ha sido tomado en cuenta ni por el Poder Legislativo, Ejecutivo, ni los políticos participantes. Por ningún lado se toma en serio el grave deterioro social que prevalece, ni a los partidos políticos parece preocuparle los alcances, infiltración y control de la criminalidad en las instituciones de gobierno, justicia y electorales. Los llamados del Congreso local a investigar crímenes de políticos son tibios y titubeantes.

Partidos y aspirantes

Metidos en este contexto tóxico, los partidos que integran las tres coaliciones más importantes integradas por PRI, PRD, PAN, MC, Verde y Panal, ya están en la etapa de definir candidaturas. Los métodos que emplean son los mismos de siempre: el ‘dedazo’ en el PRI; el tráfico de influencias familiares, los acuerdos de amiguismo y servilismo, y la visión de negocios al amparo del poder público, en todos. Siguen haciendo lo mismo que ha llevado al fracaso a Guerrero y a su sociedad.

Las regiones más disputadas serán también aquellas donde más presencia de la criminalidad y la violencia existe: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala.

La justa electoral más cerrada se centrará en Acapulco por ser el municipio generador de votos y por su interés económico. Partido que gana allí define la elección en todo el estado. Por eso lo intenso de las estrategias que ya echaron andar candidatos y gobierno.

PRI en Acapulco

Por el PRI, se perfilan con más intensidad sólo dos aspirantes, por un lado está Ricardo Taja, un diputado federal, impulsado por el ex alcalde (aquél que prometió tempos mejores para Acapulco y dejó un infierno), Manuel Añorve, pero al que luego abandonó para irse al grupo que conforman Astudillo, René Juárez y Rubén Figueroa.

Pero Taja, tiene de competidor al secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, del mismo grupo político que, al igual que el primero, también se beneficia de las acciones de gobierno para impulsar su aspiración y proyectar imagen. Del grupo del ex alcalde Manuel Añorve, quien mantiene control sobre una parte de la estructura electoral y grupos del PRI en Acapulco, se intentó colocar a la diputada federal Julieta Fernández Márquez, pero al parecer la intentona no cuajó. Añorve tendrá que negociar otras posiciones, como diputaciones locales, con el liderazgo que aún mantiene, pero es poco probable que pueda definir candidato a la alcaldía.

Si las variables no se modifican, la probabilidad de que Escalona se imponga a Taja es superior, pues a su favor juega una imagen política más aceptable, con menos negativos relacionados al contexto delincuencial y de violencia que impera en ese puerto que, al parecer, sí impactan en la figura del diputado que tiene un hermano a cargo de la obra carretera estatal, a la hora de las encuestas.

Los caciques políticos encargados de la selección del candidato del PRI para Acapulco, deben estar sopesando todas las variables, pues esta elección en marcha es completamente inédita, con una sociedad sobreinformada y con la presencia creciente de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena que abarca a todo el país. Pero también con la participación de una alianza deforme y disfuncional como la que construyó el PRD, PAN y MC, cuya militancia seguramente migre hacia Morena a la hora de la definición del voto.

México al frente, la corrupción de un alcalde

Por parte de la alianza disfuncional de Por México al Frente (PRD, PAN, MC), los acuerdos pasan por cómo acomoda sus intereses económicos y políticos el actual y desprestigiado alcalde, el perredista Avodio Velázquez, quien busca más que nada acuerdos para ocultar su negligente y corrupta administración y los líderes de las tribus más emblemáticas de ese partido con interés en lograr diputaciones locales en Acapulco y alcaldes en otros municipios.

La alianza PRD, PAN, MC tiene prácticamente perdido Acapulco. Entre las figuras que pretenden impulsar se encuentran personajes vinculados al entramado de corrupción del alcalde Evodio, y otros más provienen de gobiernos que fracasaron, todos son parte del problema que tiene hundido en la violencia ese puerto turístico.

Se han anotado por el PRD: Víctor Aguirre Alcaide, un viejo político curtido en mañas que ha sido varias veces interlocutor de esos poderes fácticos que han dañado a Guerrero. Su larga secuela de señalamientos, no lo hacen realmente un aspirante competitivo en el contexto actual. Le sigue el imberbe síndico IIich Augusto Lozano, cómplice de la corrupción, sin experiencia alguna, pues el actual, es su primer cargo de importancia en el gobierno. Otro en la lista, para ser encuestado, es el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, por el que negocia el tristemente célebre alcalde Luis Walton. Por el PAN no hay propuesta que puedan considerarse serias, en Acapulco no representa electoralmente nada, a pesar de lograr una regiduría que luego perdió.

Aun cuando la lógica política indica que el mejor aspirante de ese Frente podría ser el de Movimiento Ciudadano, por no ser parte de la pandilla perredista que hundió a Acapulco, la propuesta de Walton no pasará. Walton habituado a la estrategia de chantaje, trató de “catafixiar” la segunda posición de la fórmula al Senado, a lado de su odiada Beatriz Mojica, a cambio de que Mejía sea el candidato para Acapulco. Ahora se maneja que como consolación dejarán esa posición a Mejía Berdeja para que vaya con Mojica al Senado. Mejía fue el más encarnizado crítico de Mojica cuando ésta ambicionó la gubernatura de Guerrero en 2015 y perdió ante Astudillo.

Morena, manipulación y mezquindad

Como se ve el panorama los partidos tradicionales están en una verdadera crisis de candidatos a representarlos, la cancha electoral queda abierta para la coalición de Morena con PT y PES, sin embargo, la inexperiencia política, las rencillas, los prejuicios por ignorancia e incapacidad, los intereses económicos y los acuerdos con el gobierno estatal de algunos de sus dirigentes, podría borrar esa oportunidad.

Ante las indefiniciones de Morena donde algunos de sus dirigentes promovieron un acuerdo leonino para evitar postular candidatos competitivos y seguir el juego al gobierno estatal para desarticular desde antes una opción ganadora, han propuesto, sin consenso, a una magistrada en funciones que responde al interés del gobierno estatal y el PRI. El inusual activismo con el que pretende hacerse pasar como coordinadora, sin haber sido ungida oficialmente, resulta esclarecedor, además de que como magistrada en activo vicia el ejercicio del Poder Judicial que representa. Pero en Guerrero el poder judicial ya es corrupto de por sí.

El Partido del Trabajo, por su parte, se adelantó a Morena y propuso al doctor Javier Solorio como su propuesta a medir en Acapulco contra quien quiera impulsar Morena y el PES. El también presidente de una prestigiosa fundación que reconstruye a mujeres con cáncer de senos, no requiere mucha presentación, el prestigio ganado por su altruismo social y las acciones a favor de sectores acapulqueños lo colocan como el favorito de la militancia de los tres partidos de esa coalición.

Javier Solorio es médico especialista en reconstrucción plástica y militante de Morena, nunca ha ostentado ningún cargo de gobierno, es un producto natural de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los sectores progresistas del país. Tiene a su favor que no es parte de esa política que tiene hundido a Acapulco y a Guerrero, quizá por todo eso, hay puesta en marcha una estrategia para impedirle que compita, saben que es la opción ganadora en Acapulco donde la intención del voto es favor de Andrés Manuel López Obrador, pero sólo requiere que alguien con la calidad moral del doctor Solorio lo represente. De otra manera, el voto será diferenciado y AMLO ganará pero perderán en lo local Acapulco, y quizá la mayor parte del estado donde también, seguramente los morenistas, propondrán aspirantes pensados con el estómago.

La elección de 2018 en Guerrero será irrepetible, es como dicen algunos analistas, la madre de todas las elecciones; pero al parecer, los retrasados grupos políticos locales no se han percatado de la dimensión histórica que les toca jugar, para el que se niega a cambiar, nada ha cambiado, entonces, la historia lo desecha.

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Tribunal ordena retirar propaganda de candidatos del PRD y PRI

Se trata de la propaganda de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 17:56

Chilpancingo, Guerrero.- El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) ordenó el retiro de propaganda electoral de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Se determinó que la abanderada de la coalición Transformando Guerrero en el distrito 27 de Tlapa, incurrió en la colocación de gallardetes en postes de cableado eléctrico en más de cinco calles del primer cuadro de la ciudad.

En el mismo sentido, el órgano jurisdiccional ordenó que el alcalde con licencia y candidato común del PRD y PAN a la diputación local del distrito 20 de Teloloapan, retirara dos lonas que fueron colocadas en un puente peatonal ubicado en la carretera federal que comunica a ese municipio con Iguala.

La queja contra Uriostegui Patiño, fue interpuesta por el representante electoral del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, ante una presumible infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ambos casos, personal del Consejo Distrital 20 y 27 advirtió sobre la existencia de dicha propaganda electoral, que habría sido colocada dentro del periodo de campañas de candidatos a integrar el Congreso del Estado, el cual inició el pasado 29 de abril.

El domingo, este medio dio a conocer que el Consejo Distrital 07 del INE, había ordenado el retiro de propaganda electoral de la candidata a diputada federal por la coalición Por México al Frente, Irma Lilia Garzón Bernal, la cual, también había sido colocada en un puente peatonal, considerado como equipamiento del municipio de Chilpancingo.

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Guerrero: queda en palabrería plan para bajar sueldo de diputados

Los diputados anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores más vulnerables por efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

Por Luis Jijón León, 2018-05-23 17:25

Chilpancingo, Guerrero.- El programa de austeridad anunciado por los diputados del Congreso local con el gasolinazo, que incluía el descuento de 14 mil pesos mensuales de su salario, quedó solo en buenas intenciones.

En el contexto del incremento de la gasolina, los diputados de Guerrero anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores sociales más vulnerables ante los efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco Deaquino, reconoció que el plan de austeridad anunciado junto a los diputados del PRD y PT nunca se concretó y, por ende, no se aplicó el descuento salarial de 20 por ciento a sus salarios. De acuerdo con las propias versiones de los diputados, porque ninguna legislatura ha transparentado el tabulador de salarios, ganan 70 mil pesos mensuales, y en relación con ese monto se calculó el porcentaje.

En enero del 2017 los diputados de izquierda ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso para dar a conocer las acciones que habían tomado ante el gasolinazo, distante de los diputados del PRI y Partido Verde.

La entonces coordinadora del PRD, ahora candidata a la alcaldía de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, dijo que se reducirían 20 por ciento del salario mensual, lo que equivale a 14 mil pesos.

La diputada aseguró que el dinero sería destinado para proyectos económicos y sociales para la ciudadanía de manera directa, acción que vigilaría una Comisión de Vigilancia.

El diputado Blanco Deaquino, un año después, reconoció que dicha iniciativa no se llevó a cabo: “en síntesis, quedó en un esfuerzo porque no se concretizó, quedó en buena intención, en la declaración, pero no se formalizó, ninguna fracción lo hizo”.

Algunos diputados, dijo, apoyaron a ciertos sectores inconformes por el gasolinazo, pero lo hicieron a titulo personal y no con el plan de austeridad que anunciaron.

Los 25 diputados del PRI y Partido Verde también anunciaron un plan de austeridad, y el diputado priista Héctor Vicario Castrejón declaró en ese entonces un descuento de 10 mil pesos de su salario, además que dejarían de pagar la telefonía a cada uno de los 46 diputados de la legislatura.

Vicario Castrejón, también en ese entonces, aseguró que disminuirían el salario de los mandos superiores, entre los que se encuentran el oficial mayor del Congreso de Estado, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios, el administrador, y otros, para la jubilación de los trabajadores sindicalizados, caso que todavía se desconoce si lo concretaron.

En entrevista, el diputado priista y presidente de la Comisión de Educación, Víctor Manuel Martínez Toledo, aseguró que a los diputados de su fracción les descuentan cinco mil pesos de su salario como parte de ese plan de austeridad, que, aseguró, destinan para el pago de liquidaciones del personal.

Nunca aclaró, con esos cinco mil pesos retenidos a los miembros de su fracción, cuánto han ahorrado por ese concepto. El monto que el priista dijo que les descuenta no se ajusta a ese 20 por ciento comprometido en el plan de austeridad anunciado por los diputados como un acto de congruencia y solidaridad a los ciudadanos.

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Guerrero: solicitan medidas de seguridad especial 26 candidatos

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad son Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta, Gustavo García Bello y Omar Jalil Flores Majúl.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 16:50

Chilpancingo, Guerrero.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Nazarín Vargas Armenta, dio a conocer que llegó a 26, la lista de candidatos que solicitaron al estado medidas especiales de seguridad.

Este día, el funcionario electoral acudió a un nuevo encuentro de la Mesa por la Seguridad Electoral, en la que participaron dirigentes de partidos políticos, y el delegado del INE, Dagoberto Santos Trigo.

Después de ese encuentro, Vargas Armenta informó que el tema central de esa reunión, consistió en la revisión de los candidatos que recibirían protección especial del Estado, durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.

Indicó que hasta el momento, 26 candidatos sin lo que han pedido medidas cautelares, sin embargo, omitió decir los nombres de algunos de ellos, argumentando que no era conveniente dar a conocer esa información.

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad, según un seguimiento de este medio, son: Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta y Gustavo García Bello por el PRD. Por el PRI, se tuvo conocimiento que el candidato a diputado local, Omar Jalil Flores Majúl, también había solicitado medidas cautelares.

A esa reunión, no acudió la representación de Morena, quien en constantes ocasiones ha señalado que esos encuentros no son más que una simulación.

Armenta dio a conocer que de parte de la autoridad electoral, no hubo un planteamiento específico hacia el gobierno estatal para la protección de los trabajadores del INE que realizan actividades preparatorias de la jornada electoral, aún con el reciente asesinato de un supervisor electoral de Copanatoyac.

Otro de los temas de los que habló el presidente del IEPC, fue de las recientes declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza, quien aseguró en días pasado que, los candidatos le habían solicitado dialogar con el narco para contener el problema de violencia.

“Respeto las decisiones que tomen los partidos, los candidatos, respeto al obispo pero me parece que el tema debe plantearse en este mesa, ante la autoridad del estado”.

Reiteró que quienes aspiran a ocupar un cargo de elección, deben conducirse por la ruta legal de las instituciones.