Desde 2003 está parada en la entidad la creación de un instituto de derechos lingüísticos, informa el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López Sánchez
Hasta 200 indígenas han sido puestos en libertad de cárceles mexicanas tras haber enfrentado un proceso violatorio a sus derechos lingüísticos, hecho que es calificado como “una injusticia en la justicia”, por el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Javier López Sánchez; mientras que Guerrero es de los estados con más integrantes de los pueblos originarios presos por este motivo.
Tras reunirse en el Congreso del estado con los diputados de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino y Ricardo Mejía Berdeja, y con promotores del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero, encabezados por Abad Carrasco Zúñiga, para revisar los avances que la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos ha realizado para la creación de ese instituto en el estado, López Sánchez detalló que el acceso a la justicia es uno de los derechos más rezagados entre quienes hablan lenguas originarias.
En este sentido, dijo que los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) advierten que en 2011 había una población aproximada de ocho mil indígenas presos en diferentes cárceles del país, pero la mayoría no tuvieron la asistencia de un intérprete, violando un derecho constitucional.
El director del Inali señaló que en conjunto con la CDI comenzaron a trabajar con intérpretes en el caso de indígenas que enfrentaban procesos judiciales, encontrando, según las cifras más recientes, que 200 personas estaban purgando condenas sin haber cometido delito alguno; además de que el sistema judicial violentó sus derechos lingüísticos.
“Fue una injusticia en la justicia; además, una violación de los derechos lingüísticos de estas personas, porque el artículo 2º constitucional dice que los indígenas tienen derechos a ser asistidos permanentemente por un intérprete; es nuestro marco jurídico, y hay violación de un derecho fundamental”, señaló.
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Aunque no presentó cifras, dijo que Guerrero es uno de los estados, junto con Michoacán, Veracruz, Chiapas y Oaxaca que mayor incidencia de violaciones a derechos lingüísticos presentan a nivel nacional; y a pesar de que la Ley General de Derechos Lingüísticos fue aprobada desde 2003, y entre cuyos objetivos es la creación de institutos estatales y municipales para el asesoramiento y protección a la población indígena, a 12 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el estado todavía no existe esta figura.
En Guerrero hay aproximadamente 600 mil personas que hablan una de las cuatro lenguas originarias reconocidas oficialmente: Náhuatl, Tlapaneco, Mixteco, y Amuzgo, lo que representa casi la quinta parte de la población total del estado; a pesar de ello, el director del Inali advirtió retrasos importantes en la creación de políticas públicas e instrumentos que protejan a este sector poblacional.
Entre los atrasos está la creación del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero, que si bien ya está en el poder Legislativo para su análisis dentro de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el proceso lleva 12 años en espera.
Al respecto, Javier López Sánchez dijo que otros estados, como Hidalgo, Veracruz y Chiapas iniciaron de manera rápida la adecuación jurídica para la implementación de los institutos estatales de derechos lingüísticos, pero en Guerrero iniciaron en la pasada administración, siendo los temas políticos y sociales los que impidieron la puesta en marcha del nuevo órgano.
“A varios años es necesario crear el instituto; por la experiencia mía, hay diversos factores que han retrasado la creación. Aquí ya lo habíamos tratado, estábamos en vísperas con el gobierno anterior, pero se vinieron cuestiones políticas, vino el cambio y no salió”, comentó.
Actualmente la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del estado analiza la iniciativa que adiciona la fracción IV al artículo 143, y un artículo 169 BIS de la Constitución Política local, y la iniciativa de proyecto de Ley Orgánica del Instituto de Lenguas Indígenas de Guerrero, la cual, según el asesor de la Comisión, Manuel Saavedra Chávez, será uno de los temas a desahogar el próximo año.
