Chilpancingo, Guerrero.- El PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, se unieron para exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) que remueva a los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y nombre a un nuevo Consejo General para que se haga cargo de los comicios de 2018.
En conferencia de prensa el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; el de Morena, Sergio Montes Carrillo; y el de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, manifestaron que existen elementos suficientes para destituir a los actuales consejeros.
Recordaron que en marzo Morena presentó una denuncia ante el INE, en la que ese partido solicitó la remoción de los consejeros locales por irregularidades financieras, omisiones en la aplicación de sanciones y nepotismo, misma que a la fecha no ha sido resuelta, a pesar de que el proceso electoral está por iniciar.
Jesús Tapia recordó que en esa denuncia se documentaron los casos de los Consejos Distritales 14, 16, 18 y 28, que violentaron la ley electoral influyendo en los resultados de las elecciones ordinarias de 2015, acciones que debieron ser sancionadas por el Consejo General pero fueron pasadas por alto.
También refirió dos casos en los que la presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes dio nombramientos a funcionarios que no cumplían con el perfil para desempeñar el cargo o a familiares del algún integrante del Consejo General.
Se trata de Margarito Cortes, quien era auxiliar y pese a no contar con méritos ni los conocimientos necesarios fue nombrado titular de la Oficialía Electoral, así como Liliana Ramírez Eugenio, sobrina de la consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz, a quien se designó como titular de la Dirección Jurídica.
Comentó que en ambos casos, tras la denuncia presentada por Morena, los funcionarios fueron destituidos.
Por su cuenta, Nicanor Adame Serrano, explicó que los siete consejeros están violentando la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, pues todos perciben ingresos superiores al salario del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por ejemplo, la presidenta Marisela Reyes cobra mensualmente 287 mil pesos entre sueldo y prestaciones, mientras que el resto de los consejeros perciben 237 mil, cuando el ejecutivo tiene un ingreso de apenas 147 mil pesos.
Aunado a esto, dijo que la presidenta del órgano electoral ha colocado a personas allegadas a ella o que atienden a sus intereses en diferentes direcciones y unidades del instituto, pero como encargados de despacho, de modo que no se hace necesaria la ratificación del Consejo General, donde los nombramientos pudieran ser cuestionados e impugnados.
De igual forma dijo que existes irregularidades financieras, pues lo que reporta el IEPC en su portal de transparencia no coincide con el presupuesto de egresos que le fue aprobado por el Congreso para este año.
El perredista denunció que hay un rubro identificado como “nómina oculta” que se maneja en total opacidad y se desconoce quiénes se benefician con ese recurso.
En su intervención el representante de Morena denunció que en 2016 los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social contaban aún con su acreditación pese a que no alcanzaron la votación mínima requerida en el proceso electoral ordinario de 2015, y en consecuencia recibieron financiamiento público en enero y febrero.
Montes Carrillo explicó que Marisela Reyes debió retirar la acreditación a esos dos partidos a más tardar en diciembre de 2015, pero como no lo hizo, cada uno recibió financiamiento público en los primeros dos meses del año siguiente, por un monto en conjunto de 806 mil pesos.
Dijo que si no siguieron recibiendo dinero fue porque Morena impugnó, lo que consideró un acto irresponsable de la presidenta del IEPC, avalado por el resto de los consejeros que permitieron asignar financiamiento a partidos que no debían contar con registro.
Por todas estas razones los representantes partidistas exigieron al INE que cuanto antes resuelva la denuncia que interpuso Morena a principios de marzo, destituya a los actuales consejeros y nombre a otros que sí cumplan con el perfil para que se hagan caro de la elección de 2018.
Los tres coincidieron en que se necesita un órgano electoral confiable, sobre el que no existan señalamientos de corrupción, para garantizar una elección imparcial, transparente y sin irregularidades.
