México.- El primer desplazamiento masivo ocurrió el 21 de abril de 2011. Las familias Santana Villa y otras de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, tuvieron que desplazarse a Puerto las Ollas, del mismo municipio en la región de la Tierra Caliente, en Guerrero.

El detonante fue el asesinato de Rubén Santa Alonso, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), ocurrido en febrero de ese año. Después, otros homicidios –incluidos el de su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, en noviembre deL 2012–, obligaron a esas familias a desterrarse hasta Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, donde viven desde hace ya seis años.

La violencia en La Laguna se incrementó tras el asesinato de Rubén Santana, quien se oponía junto a Juventina a la tala de los bosques; ese asesinato fue cometido el 18 de febrero del 2011.

Al asesinato de Rubén siguió la de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril en compañía de dos amigos. Después, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén Santana y Juventina Villa.

Tras esos asesinatos, amenazas constantes, y hostigamiento, la familia Santana Villa y otras familias llegaron a Puerto las Ollas. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que empezaba su gestión, no atendió enseguida las demandas más básicas que hacían las organizaciones que acompañaron a este grupo: los derechos a la vida y a la integridad personal, a la salud y la alimentación, a la vivienda, al acceso al trabajo, a la educación y sobre todo, acceso a la justicia.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro José María Morelos y Pavón, quien junto al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) acompañaron a los desplazados, alertaba de uno de los principales problemas actuales de Guerrero: el desplazamiento forzado interno. Así, con su nombre completo, decía que si a los primeros no los atendían, el efecto sería un dominó.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe de 2018, puntualizó la cifra que Olivares advertía que crecería desde 2012.

Tan solo en 2018, 5 mil 056 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos. Pero entre 2006 y 2017, la violencia en México empujó a 329 mil 917 personas a vivir fuera de sus comunidades. Lo que aumentó hasta 338 mil 405 para 2018 en México.

Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), la OCESPCC alertó de las amenazas en su contra. No fueron escuchados. Los campesinos fueron emboscados en circunstancias similares por paramilitares, según denunciaron, que vivían en las comunidades aledañas de Dolores y Los Ciruelos: la disputa era por el territorio y la madera.

En toda esa franja serrana de la Tierra Caliente que colinda con municipios de la Costa Grande, como Petatlán, ocurrieron llamados de alerta desatendidos, como el asesinato de otro líder ecologista, Javier Torres Cruz, quien fue asesinado en una emboscada el 18 de abril del 2011.

Guerrero.- El diputado de Guerrero, Moisés Reyes Sandoval, propondrá una iniciativa que impida la llegada por dedazo o compadrazgo de jueces o magistrados al Poder Judicial del estado.

“Se debe evitar que lleguen jueces o magistrados que no merecen el cargo, por ello se busca que uno de los puntos constitucionales sea que quienes deseen ocupar la presidencia del tribunal tengan por menos un año como magistrados”, declaró el legislador.

Agregó que muchas veces alguien externo ponía magistrados con el fin de que ocuparan en breve lapso la presidencia del tribunal, “por ello, creo que debe haber una carrera judicial”.

Explicó que con esta iniciativa se obliga a los interesados a profesionalizarse cumpliendo con una carrera judicial y los espacios no se cubran por dedazo o compadrazgo, como es la norma en este sector.

Guerrero.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia marcharon este sábado en la capital en contra de los matrimonios igualitarios y el aborto.

El contingente de más de 400 personas, convocados por la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, salió en marcha del parque Margarita Maza de Juárez al norte de Chilpancingo vestidos de blanco y azul, algunos con imágenes religiosas.

Portando lonas y cartulinas, los inconformes se pronunciaron en contra de la norma 046-SSA2-2005, que permite a víctimas de violación de entre 12 y 18 años puedan abortar sin interponer denuncia contra el violador.

Los católicos también se pronunciaron en contra de la iniciativa  de reforma al Código Civil del diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval con la que se permitirían los matrimonios igualitarios.

Pidieron a los diputados locales que legislen a favor de la vida y no del aborto, y por la familia conformada por un hombre y una mujer, y no por los matrimonios igualitarios.

En la marcha participó el vocero de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo.

Se espera que por la tarde, otros grupos religiosos realicen marchas en Chilapa, Zihuatanejo, Iguala y Taxco como parte de la acción a nivel nacional en contra de los matrimonios igualitarios y el aborto.

Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, advirtió que no permitirán que grupos armados instalen retén en lugares «donde causen temor», luego del desalojo de ayer de pobladores de Petaquillas y autodefensas, quienes pretendían instalar un punto de revisión en la entrada de Chilpancingo.

En una breve entrevista a su llegada a la celebración del barrio de San Mateo, el gobernador señaló que los detenidos durante el desalojo, entre ellos el comisario Ángel Felipe Pérez Araujo, se encuentran en la Fiscalía General de la República (FGR).

«Respecto al retén de Petaquillas fue una decisión que se tomó (el desalojo) y que se van a seguir tomando. Se va a continuar en esa ruta de impedir que este tipo de organizaciones de personas armadas se coloquen en lugares donde causen mucho temor», comentó.

Hace 15 días la autodefensa de Petaquillas retiró el retén ubicado sobre la carretera Chilpancigo-Acapulco entre la comunidad y la capital.

Sin embargo, ayer pretendieron instalar de nueva cuenta el punto de revisión argumentando que tras su retirada incrementaron actos delictivos en la zona.

La Policía Militar y estatal con equipo antimotines impidieron la instalación del retén y los desalojaron. En la acción hubo al menos 10 manifestantes detenidos, entre ellos el comisario. La operación de los policías duró más de una hora.