México.- El primer desplazamiento masivo ocurrió el 21 de abril de 2011. Las familias Santana Villa y otras de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, tuvieron que desplazarse a Puerto las Ollas, del mismo municipio en la región de la Tierra Caliente, en Guerrero.

El detonante fue el asesinato de Rubén Santa Alonso, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), ocurrido en febrero de ese año. Después, otros homicidios –incluidos el de su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, en noviembre deL 2012–, obligaron a esas familias a desterrarse hasta Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, donde viven desde hace ya seis años.

La violencia en La Laguna se incrementó tras el asesinato de Rubén Santana, quien se oponía junto a Juventina a la tala de los bosques; ese asesinato fue cometido el 18 de febrero del 2011.

Al asesinato de Rubén siguió la de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril en compañía de dos amigos. Después, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén Santana y Juventina Villa.

Tras esos asesinatos, amenazas constantes, y hostigamiento, la familia Santana Villa y otras familias llegaron a Puerto las Ollas. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que empezaba su gestión, no atendió enseguida las demandas más básicas que hacían las organizaciones que acompañaron a este grupo: los derechos a la vida y a la integridad personal, a la salud y la alimentación, a la vivienda, al acceso al trabajo, a la educación y sobre todo, acceso a la justicia.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro José María Morelos y Pavón, quien junto al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) acompañaron a los desplazados, alertaba de uno de los principales problemas actuales de Guerrero: el desplazamiento forzado interno. Así, con su nombre completo, decía que si a los primeros no los atendían, el efecto sería un dominó.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe de 2018, puntualizó la cifra que Olivares advertía que crecería desde 2012.

Tan solo en 2018, 5 mil 056 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos. Pero entre 2006 y 2017, la violencia en México empujó a 329 mil 917 personas a vivir fuera de sus comunidades. Lo que aumentó hasta 338 mil 405 para 2018 en México.

Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), la OCESPCC alertó de las amenazas en su contra. No fueron escuchados. Los campesinos fueron emboscados en circunstancias similares por paramilitares, según denunciaron, que vivían en las comunidades aledañas de Dolores y Los Ciruelos: la disputa era por el territorio y la madera.

En toda esa franja serrana de la Tierra Caliente que colinda con municipios de la Costa Grande, como Petatlán, ocurrieron llamados de alerta desatendidos, como el asesinato de otro líder ecologista, Javier Torres Cruz, quien fue asesinado en una emboscada el 18 de abril del 2011.