Acapulco, Guerrero.- De acuerdo a la opinión de abogados postulantes, todavía deben pasar unos 20 años para que el Poder Judicial de Guerrero pueda ejercer justicia con base al nuevo sistema penal acusatorio; además, advierten que mientras exista corrupción, peritos y jueces seguirán siendo deficientes, pues de cada diez peritajes que se emiten en el estado, nueve de ellos son malos por negligencia e ignorancia.

En entrevista, el presidente del Colegio de Licenciados, Maestros y Doctores en Derecho "Benito Juárez García A.C", Ignacio Sevilla Reyes advierte que con el nuevo sistema penal acusatorio los tres órdenes de gobierno se ‘encuentran en pañales’, pese a que desde el 2008 entró en vigor, pero Guerrero fue el último en adoptarlo hasta 2016.

Dijo que la sociedad desconoce todo sobre el nuevo sistema penal, pero que también los funcionarios judiciales no están capacitados ante las necesidades que requiere el estado, lo cual es más perjudicial por el contexto de violencia que existe desde hace 11 años.

Sin embargo, destacó que más allá de la falta de capacitación, lo preocupante es la corrupción entre jueces que favorecen a quienes ofrecen o dan dinero, aunque el dictamen asista el derecho del cliente del abogado, la corrupción y el nepotismo están a la orden del día, indica.

Reconoció que en el estado hay peritos buenos, pero se han dejado llevar por la corrupción que impera en el ambiente del derecho. “No todos son malos, hay sus excepciones”, dice.

Para el abogado Sevilla, la única explicación posible de por qué solo o se han sancionado a siete funcionarios de justicia de Guerrero desde hace casi 30 años que existe la Judicatura Federal, se debe únicamente a la corrupción, “el problema, dice, es que no hacemos cada quien los que nos toca”.

Señala que la única manera de garantizar la justicia es que los funcionarios “apliquen el derecho, que hagan su trabajo como debe ser, sin favorecer a nadie, aplicar la ley nada más, darle la razón a quien a tiene, sin necesidad de dádiva, que hagan sus trabajo, nada más”.

"Jueces se sirven con la cuchara grande"

Para el abogado especialista en materia penal, Carlos Larumbe Radilla, con una experiencia como postulante de 22 años, una de las principales fallas de la aplicación de justicia es la negligencia y la ignorancia de los funcionarios de justicia. Afirma que los fallos dentro de los procesos legales parten desde la actitud negligente de los ministerios públicos, si un MP es ineficiente, los órganos auxiliares son peores, señala.

Explica que el problema principal de la mala procuración de justicia parte desde los peritajes mal realizados, y hasta dolosos, entonces con estos elementos el juez decide, mal informado, y también negligente, lo que más le convenga, generando una cadena de agravios.

“En las fiscalías hay peritos al que un abogando postulante le pregunta cuál es la experiencia que tiene sobre la materia de la que da su opinión técnica, y resulta que es con base a un curso de tres o seis meses, eso no le da la experiencia, ni lo hace perito. En consecuencia, esos peritajes son hasta dolosos, expone el abogado.

No obstante, Larumbe Radilla aclara que la culpa principal de la negligencia en la procuración de justicia es del gobierno por los bajo salarios que paga a los peritos, un verdadero especialista, aclara, debería ganar cuando menos unos 30 mil pesos mensuales, pero los peritos actuales ganan como mucho unos siete mil pesos al mes.

Respecto a que la Fiscalía no lleva un registro de los malos peritajes que realizan, Carlos Larumbe dice que “la Fiscalía es un ente negligente, no tiene un orden legal porque no se ha sabido escoger bien al encargado de dirigirla, siempre colocan al amigo del amigo, los políticos son los que escogen, mientras no se haga una consulta entre la clase jurídica del estado, y sea la clase jurídica la que proponga a un fiscal porque es la que conoce la situación y sabe quiénes pueden ser capaces, va seguir lo mismo: negligencia, ignorancia y corrupción”.

Tan solo para ilustrar la dimensión del problema de negligencia, Larumbe Radilla afirma que de cada diez peritajes que se emiten por parte de la Fiscalía, 9.5 presentan fallas y inconsistencias.

“En los servicios periciales, la negligencia y la ignorancia es lo que determina, eso hace que los jueces se sirvan con la cuchara grande porque como mandan deficientes sus conclusiones, sus carpetas, ellos determinan lo que quieren. Los peritos no dan la pauta para que le juez pueda administrar justicia conforme lo que establece la ley. Los peritajes llegan mal, entonces el juez determina como mejor le plazca. El servir la procuración de justicia al órgano que administra, esa es la gran disyuntiva que existe aquí en el estado”, indica.

Para este abogado que conoce bien la situación pues fue ministerio público siete años, la solución está en calificar la cabeza, poner un fiscal que conozca lo que es la justicia, “que tenga gente capaz que lo ayude a administrar, no que se rodee de los amigos, sino de gente calificada que instruya a los órganos auxiliares; darle calidad, no cantidad a la procuración de justicia”.

Larumbe Radilla dice que las personas que han sido víctimas de malos peritajes tienen la opción de impugnarlo, y la fiscalía tiene la obligación de revisarlo, pero explica que “si el peritaje es doloso, el 50 por ciento de ellos lo son, o lo hacen sabiendo que están mal, hay una contraloría en la Procuraduría donde se debe acusar al perito de corrupto”.

Por último, el abogado refiere que de nada sirve que la Fiscalía del estado requiera el doble de elementos periciales para realizar su trabajo, en este caso 500, pues asegura que mientras el personal no esté debidamente capacitado, especializado y bien pagado, todos esos dictámenes seguirán siendo igual de absurdos e ignorantes. De te qué sirve 400 gentes ahí, sin van a ser 400 dictámenes malos, mejor 140 o pero que te den 140 dictámenes buenos, que ayuden a procurar justicia.