El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (ITAIGro), Joaquín Morales Sánchez reprochó del Congreso local no tomó en cuenta la iniciativa que envió el instituto para la armonización local con la Ley General de Transparencia.

Además, advirtió que Guerrero no está preparado para garantizar el acceso a la información a través de la tecnología.

En entrevista telefónica, aseguró que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la cual fue reformada la tarde de ayer por el Congreso local  en cumplimiento con un ordenamiento Constitucional, no reúne los requisitos que Guerrero necesita para garantizar que la ciudadanía tenga pleno acceso a vigilar el uso de los recursos públicos.

Denunció que la Comisión legislativa  para la Atención de Acceso a la Información Pública únicamente incorporó las iniciativas que presentó el diputado Ricardo Mejía Berdeja y el gobernador, Héctor Astudillo Flores sin tomar  en cuenta la que el ITAIGro elaboró para la armonización.

Ayer, durante una participación, el diputado Héctor Vicario Castrejón señaló que el ITAIGro no tiene facultades para la presentar iniciativas de Ley.

Esta fue la única razón que aportó el Congreso local para justificar la ausencia de la propuesta del órgano garante que Guerrero  tiene en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, Morales Sánchez aseguró que el artículo 61 de la Constitución local le confiere el derecho.

Reconoció que no es mala la Ley que ayer fue reformada por el Pleno del Congreso; sin embargo, dijo que no es suficiente para que la totalidad de la ciudadanía en Guerrero tenga garantizado el derecho a la información pública.

“No es que la iniciativa esté totalmente mal, simplemente consideramos que les faltaron algunas cosas: las condiciones socioculturales debieron ser tomadas en cuenta para la ley, porque para  los Ayuntamientos menores de 70 mil habitantes, que son 73, se debe buscar un mecanismo alterno para hacer efectivo el derecho a la información”, señaló.

Y es que, en la Plataforma Nacional de Transparencia aparecerán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada estado, los órganos autónomos, y los ayuntamientos con población mayor a 70 mil habitantes, que en Guerrero sólo hay ocho.

Ejemplificó: “En Cochoapa, ¿cómo podría un ciudadano pedir información a través de la Plataforma (Nacional de Transparencia)  si no sabe usar la computadora?, entonces, tiene que existir la obligación del sujeto del ayuntamiento para  que cuente con una computadora, con personal que asesore, y que la solicitud pueda ser por comparecencia, es decir, que la persona se presente  diga yo quiero saber cuánto gana un funcionario”.

Consideró que en la nueva Ley de Transparencia del  estado faltó incluir delitos con responsabilidad penal para los sujetos obligados que impidieran el acceso a la información, mecanismos no tecnológicos que garanticen el acceso a la información pública en municipios y comunidades marginadas, como mamparas o periódicos murales.

“No tenemos en la historia de los 10 años del Instituto más de 100 solicitudes en los municipios indígenas, hay municipios en donde jamás se ha presentado una solicitud de información  y con esto (la Plataforma Nacional de Transparencia) está muy bien la herramienta, pero en el caso de Guerrero no estamos preparados para hacer uso de manera plena de la herramienta, necesitamos formas alternas”, comentó.

En la entrega del décimo informe de labores del ITAGro, Joaquín Morales Sánchez reveló que alrededor de 300 multas no se pagaron por parte de sujetos que fueron sancionados por no transparentar el ejercicio de los recursos públicos, debido a que en la Ley de Transparencia vigente no prevé un método para hacerlo; cuestionado al respecto, afirmó que el mismo vacío legal aparece en la Ley de Transparencia aprobada ayer en el Congreso.

 “Las multas quedan igual, el Artículo no precisa los mecanismos para cobrar. Sí podemos sancionar, el problema es que no se puede ejecutar por la autoridad responsable, que es el SAT o la Secretaría de Finanzas del estado”.

 Resaltó que la solución al vacío legal que existe es que se haga una nueva reforma, o que se firme un convenio con el gobierno del estado, en donde se especifique el mecanismo para hacer efectivo el cobro a los sujetos obligados sancionados, pero denunció que el titular del Poder Ejecutivo no tiene interés en hacerlo.

 “Tenemos ahí el convenio, desde hace dos años plantemos que se firmara un convenio con Finanzas, tenemos el convenio, lo firmó Rogelio Ortega, pero ya no se pudo concretar, pero el Ejecutivo actual no tiene interés en el tema;  pero el tema no son las multas, a mí me interesaría que se pudiera transparentar toda la información que por ley debe estar disponible en las páginas web, como salarios de funcionarios, cuánto se destina en viajes, viáticos, etc.”, declaró.