El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (ITAIGro), Joaquín Morales Sánchez reprochó del Congreso local no tomó en cuenta la iniciativa que envió el instituto para la armonización local con la Ley General de Transparencia.

Además, advirtió que Guerrero no está preparado para garantizar el acceso a la información a través de la tecnología.

En entrevista telefónica, aseguró que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la cual fue reformada la tarde de ayer por el Congreso local  en cumplimiento con un ordenamiento Constitucional, no reúne los requisitos que Guerrero necesita para garantizar que la ciudadanía tenga pleno acceso a vigilar el uso de los recursos públicos.

Denunció que la Comisión legislativa  para la Atención de Acceso a la Información Pública únicamente incorporó las iniciativas que presentó el diputado Ricardo Mejía Berdeja y el gobernador, Héctor Astudillo Flores sin tomar  en cuenta la que el ITAIGro elaboró para la armonización.

Ayer, durante una participación, el diputado Héctor Vicario Castrejón señaló que el ITAIGro no tiene facultades para la presentar iniciativas de Ley.

Esta fue la única razón que aportó el Congreso local para justificar la ausencia de la propuesta del órgano garante que Guerrero  tiene en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, Morales Sánchez aseguró que el artículo 61 de la Constitución local le confiere el derecho.

Reconoció que no es mala la Ley que ayer fue reformada por el Pleno del Congreso; sin embargo, dijo que no es suficiente para que la totalidad de la ciudadanía en Guerrero tenga garantizado el derecho a la información pública.

“No es que la iniciativa esté totalmente mal, simplemente consideramos que les faltaron algunas cosas: las condiciones socioculturales debieron ser tomadas en cuenta para la ley, porque para  los Ayuntamientos menores de 70 mil habitantes, que son 73, se debe buscar un mecanismo alterno para hacer efectivo el derecho a la información”, señaló.

Y es que, en la Plataforma Nacional de Transparencia aparecerán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada estado, los órganos autónomos, y los ayuntamientos con población mayor a 70 mil habitantes, que en Guerrero sólo hay ocho.

Ejemplificó: “En Cochoapa, ¿cómo podría un ciudadano pedir información a través de la Plataforma (Nacional de Transparencia)  si no sabe usar la computadora?, entonces, tiene que existir la obligación del sujeto del ayuntamiento para  que cuente con una computadora, con personal que asesore, y que la solicitud pueda ser por comparecencia, es decir, que la persona se presente  diga yo quiero saber cuánto gana un funcionario”.

Consideró que en la nueva Ley de Transparencia del  estado faltó incluir delitos con responsabilidad penal para los sujetos obligados que impidieran el acceso a la información, mecanismos no tecnológicos que garanticen el acceso a la información pública en municipios y comunidades marginadas, como mamparas o periódicos murales.

“No tenemos en la historia de los 10 años del Instituto más de 100 solicitudes en los municipios indígenas, hay municipios en donde jamás se ha presentado una solicitud de información  y con esto (la Plataforma Nacional de Transparencia) está muy bien la herramienta, pero en el caso de Guerrero no estamos preparados para hacer uso de manera plena de la herramienta, necesitamos formas alternas”, comentó.

En la entrega del décimo informe de labores del ITAGro, Joaquín Morales Sánchez reveló que alrededor de 300 multas no se pagaron por parte de sujetos que fueron sancionados por no transparentar el ejercicio de los recursos públicos, debido a que en la Ley de Transparencia vigente no prevé un método para hacerlo; cuestionado al respecto, afirmó que el mismo vacío legal aparece en la Ley de Transparencia aprobada ayer en el Congreso.

 “Las multas quedan igual, el Artículo no precisa los mecanismos para cobrar. Sí podemos sancionar, el problema es que no se puede ejecutar por la autoridad responsable, que es el SAT o la Secretaría de Finanzas del estado”.

 Resaltó que la solución al vacío legal que existe es que se haga una nueva reforma, o que se firme un convenio con el gobierno del estado, en donde se especifique el mecanismo para hacer efectivo el cobro a los sujetos obligados sancionados, pero denunció que el titular del Poder Ejecutivo no tiene interés en hacerlo.

 “Tenemos ahí el convenio, desde hace dos años plantemos que se firmara un convenio con Finanzas, tenemos el convenio, lo firmó Rogelio Ortega, pero ya no se pudo concretar, pero el Ejecutivo actual no tiene interés en el tema;  pero el tema no son las multas, a mí me interesaría que se pudiera transparentar toda la información que por ley debe estar disponible en las páginas web, como salarios de funcionarios, cuánto se destina en viajes, viáticos, etc.”, declaró.

Guerrero.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, negó que exista un acuerdo con Morena, luego de que el mes pasado se reuniera con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Las especulaciones sobre la existencia de un acuerdo entre MC y Morena se ha visto reflejado en el Congreso del Estado, donde el único legislador de MC, Arturo López Sugía, ha acompañado en votaciones a la bancada morenista.

Cobró fuerza, luego de que el exdiputado local de MC, Ricardo Mejía Berdeja, uno de los personajes críticos de López Obrador, fuera designado por el propio presidente de México, como subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal.

En entrevista, Walton Aburto refirió que, por acuerdo interno del instituto político, este es libre de asociarse con cualquier partido, aunque recalcó que ésto no se ha efectuado.

Explicó que su visita a Palacio Nacional se debió únicamente a dialogar con López Obrador, a quien apoyó en dos elecciones presidenciales y que considera como su «amigo».

El líder de MC refirió que, aunque aún es lejano el proceso electoral del 2021, mantendrá firme la postura porque exista una alianza con las fuerzas políticas de izquierda, en la que por supuesto esté incluido Morena.

Guerrero.- Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo iniciaron diversos bloqueos en calles y edificios públicos para exigir al alcalde, Antonio Gaspar Beltrán, un aumento salarial del 20 por ciento.

De manera simultánea, los trabajadores agremiados a la sección 14 del Sindicato Independiente mantienen tomada la circulación en la Avenida Juárez, Álvarez, Ignacio Ramírez y Juan Ruiz de Alarcón.

Por la mañana, los liderados por Domingo Salgado Martínez suspendieron el servicio de recolección de basura y colocaron los vehículos en la explanada del zócalo en señal de protesta.

Salgado Martínez señaló que los trabajadores que pertenecen al sindicato reciben los salarios más bajos en toda la administración municipal, incluso aún menores a las de otros sindicatos.

El gobierno municipal ha señalado públicamente, que es imposible cumplir las demandas de la base trabajadora, argumentado que la administración atraviesa una crisis financiera desde anteriores trienios.

Guerrero.- “Los derechos humanos no se consultan, se respetan”, respondió el diputado de Morena Moisés Reyes Sandoval a la propuesta de grupos conservadores de llevar a consulta la iniciativa de reforma al Código Civil que permitiría los matrimonios igualitarios en Guerrero.

Consultado vía telefónica, Reyes Sandoval sostuvo que las cinco mil firmas entregadas a los diputados por grupos católicos y Provida en contra de los matrimonios igualitario no representan el sentir de los tres millones de guerrerenses.

“Los derechos humanos no se deben someter a consulta, se deben respetar, más tratándose de las minorías porque de eso se trata, las minorías siempre están supeditada a lo que diga la mayoría. No es un tema de consulta, es un tema de respeto de derechos humanos, es un asunto que se tienen que sacar en el Congreso del estado”, comentó.

El también secretario de la Comisión de Justicia, donde se analiza su iniciativa, señaló  que acordaron dictaminar en los próximos días para ser presentar el dictamen ante el pleno en el tercer periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

El diputado sostuvo que los argumentos de los grupos Provida y católicos no tienen nada que ver con la iniciativa que presentó, hablan de la familia y la adopción de niños por matrimonios igualitarios, temas que no incluye la reforma al Código Civil.

“La iniciativa no tiene nada que ver con la adopción, es un reconocimiento a los derechos humanos, ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya suman más de 17 estados fueron aprobados. Es tiempo que le toque a Guerrero discutir el tema”, detalló.

La semana pasada grupos opositores al matrimonio igualitarios entregaron a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia que preside el priista Omar Jalil Flores Majul cinco mil firmas en rechazo a la iniciativa presentada por Reyes Sandoval.

Ayer, con 18 votos a favor y 20 en contra, el Congreso de Sonora rechazó la reforma con la que se permitirían los matrimonios igualitarios en la entidad.