A nivel nacional, Guerrero ocupa el primer lugar en desaparición forzada, por encima de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe 2015.
El organismo documentó en el país 453 víctimas de desaparición, de las cuales 161 casos se registraron en el estado.
El estado de Coahuila, ubicado en el segundo lugar, registró 69 personas, seguido por Tamaulipas con 40 y Veracruz con 31, este último estado registró la mayoría de los casos de desaparición forzada en las zonas de Tierra Blanca y Papantla.
“Durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 453 personas, de este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada”.
“Los desaparecidos en Tierra Blanca y Papantla parecieran reiterarnos que seguimos sin aprender, valorar y dar sentido las múltiples lecciones que nos han dado las víctimas de nuestro país”, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
En el caso de Guerrero, los expedientes de las víctimas de desaparición forzada los reconstruyó la CNDH con información del gobierno estatal y los municipales, esto ante la denuncia de las organizaciones conformadas, la mayoría tras los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En este tema, Raúl González Pérez sostuvo que la localización de los normalistas y conocer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala es algo que no pude “negociarse”.
Por lo que pidió valorar de nuevo el informe que emitió la Procuraduría General de la República (PGR) y los peritos expertos en fuego sobre el basurero de Cocula, y a quienes les pidió atender las observaciones de la CNDH.
“El caso Iguala sigue siendo un expediente abierto, cuya investigación realiza en sus atribuciones constitucionales y en la cual es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los normalistas”, urgió.
El pasado 1 de abril, la PGR emitió un informe en donde señaló la ubicación de restos óseos de 17 personas en el basurero de Cocula, quienes presuntamente fueron quemados en ese lugar, situación que provocó el rompimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes aseguran no hay evidencia de que esos restos pertenezcan a los 43 normalistas desaparecidos.
